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Ciudad de México.-Desde hace meses los recursos de la Basílica de Guadalupe se han convertido en una discordia en la jerarquía católica mexicana que ya escaló al Vaticano.
Una investigación por presunta malversación de fondos de uno de los principales santuarios del mundo ha puesto en la mira la gestión no sólo de su rector, monseñor Efraín Hernández Díaz, sino de quien lo designó, el arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar Retes.
El caso se mantiene por ahora en la jurisdicción del derecho canónico sin la intervención de la justicia mexicana, pero las sospechas ya requirieron la intervención del Vaticano, a donde en días recientes acudió el jerarca de la Arquidiócesis Primada de México.
El Cabildo guadalupano, cuerpo colegiado de sacerdotes responsable de mantener la tarea litúrgica y sacramental del santuario, interpuso el año pasado una denuncia ante las autoridades eclesiásticas por supuestos malos manejos administrativos y financieros por parte del rector de la basílica, Hernández Díaz.
Hernández asumió en noviembre de 2023, pero el 3 de octubre de 2025 fue separado temporalmente del cargo tras las denuncias en su contra.
“Las flores para la Virgen empezaron a faltar, la papelería ya no alcanzaba y las ausencias de Efraín Hernández Díaz eran cada vez más preocupantes. Las donaciones ya no se pedían para la basílica, sino para la arquidiócesis en un hecho sin precedentes y hasta el uso de la imagen de la Virgen se volvió comercial: el camerín sagrado, donde está resguardado el ayate original de San Juan Diego, dejó de abrirse sólo en ocasiones especiales y empezó a volverse habitual. Las limosnas crecían, pero los insumos no alcanzaban”, dice un laico cercano a la investigación. Por voto de secrecía ante Dios, los miembros del Cabildo no pudieron dar declaraciones sobre el caso.
De acuerdo con cálculos oficiales, la Basílica de Guadalupe recibe un promedio de 20 millones de visitantes al año. Gran parte de esos fieles entregan limosnas o donativos al recinto, que deben ser utilizadas para la manutención del lugar, pago de servicios y sueldos, entre otros fines pastorales.
En un primer momento la administración de la basílica justificó la falta de insumos debido al ahorro, pero para los denunciantes más bien se debía a un desvío del dinero con fines no pastorales.
La sospecha creció hasta que el Cabildo guadalupano decidió notificar de la situación a las autoridades eclesiásticas, incluidos la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el propio nuncio apostólico Joseph Spiteri.
