Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las investigaciones contra la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022) acumulan, hasta el momento, al menos 2 mil 423 millones 433 mil pesos en montos específicos reclamados a ex funcionarios estatales por delitos relacionados con corrupción.
Esta es la suma de los quebrantos documentados de manera individual en los casos de la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), de acuerdo con expedientes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Estos casos contra la administración estatal del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022) enfrentan una etapa crucial de judicialización.
Tras el cambio de gobierno en el estado, la actual administración encabezada por Américo Villarreal Anaya impulsó una serie de auditorías que destaparon desfalcos millonarios en prácticamente todas las dependencias clave de la entidad.
Se interpusieron denuncias de carácter penal por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y se iniciaron investigaciones financieras de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) estatal.
Además de otros recursos administrativos, coordinados por la recién reestructurada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado.
Las carpetas de investigación promovidas por el gobierno estatal y la Fiscalía sumaron casi 100, acumulando montos que superan los miles de millones de pesos en quebranto al erario público.
Los delitos recurrentes que sustentan estos expedientes son, entre otros, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y desvío de recursos públicos, simulación de contratos y adjudicaciones a empresas «fantasma» o factureras y cohecho y enriquecimiento ilícito.
La Secretaría de Bienestar Social (Sebien) es el epicentro del desvío más cuantioso documentado a nivel local, relacionado con la presunta compra irregular de despensas.
Pero también dependencias como la Secretaría de Salud enfrenta 70 denuncias, 14 de ellas penales por un presunto daño patrimonial cercano a los 343 millones de pesos derivado de contratos anómalos de mantenimiento hospitalario otorgados a empresas específicas durante los años 2017 y 2018.
En la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Finanzas, se investigan sobrecostos en infraestructura vial e institucional, además de la triangulación de pagos hacia redes de proveedores sin activos reales.
Hasta el momento, más de una decena de ex servidores públicos de primer nivel han sido imputados o vinculados formalmente a proceso; incluso uno de ellos, el ex titular de Educación fue Mario “G”, fue sentenciado a 19 años de prisión.
Fue acusado por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y peculado, tras presuntamente desviar 8.2 millones de pesos, al celebrar un convenio irregular con la aseguradora Metlife.
Apenas el 1 de julio, la ex ExSecretaria de Bienestar Social, identificada legalmente como YAC, bajo la carpeta de investigación 733/2025, fue vinculada formalmente a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades.
La Fiscalía Anticorrupción acusa que autorizó, sin existir un proceso de licitación pública, cuatro contratos para la compra de 2 millones 400 mil despensas, del programa “Bienestar alimentario” por 985.2 millones de pesos.
Aunque la jueza de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la la imputada lleva el proceso en libertad debido a que cuenta con la suspensión provisional de un amparo federal vigente.
En esa misma dependencia, el ex titular Rómulo “G” fue detenido el 17 de enero en el municipio de Valles, San Luis Potosí, acusado de contratación indebida de 2 millones 600 mil despensas mediante adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos del programa Bienestar Alimenticio.
La ex Secretaria de Finanzas, María de Lourdes “A”, fue vinculada a proceso por ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades, al hacer una aplicación distinta a los fondos públicos que tenía a su cargo por la cantidad de 139 millones 328 mil 239.47 pesos.
El ex Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Gilberto “E” es de los ex funcionarios que más procesos enfrenta, relacionados con la condonación de multas a empresas, sin embargo, todos estos proceso los enfrenta en libertad.
Otros de los vinculados a proceso son el ex Secretario de Administración Jesús Alberto “S”, con varios procesos, al ser el responsable del otorgamiento de todos los contratos que se celebraron en la pasada administración.
Así como la ex Contralora Gubernamental Elda Aurora “V”, también relacionada con la asignación de contratos por adjudicación directa, sin respetar el proceso de licitación pública.
También vinculado en al menos dos proceso legales el ex Secretario de Desarrollo Económico, Carlos Alberto “G” y cuatro ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas.
Se trata de Reynaldo “G”, ex Subsecretario de Proyectos y Licitaciones, Armando “C”, ex Director Jurídico de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, Isaías Alberto “Ch”, ex Supervisor de la Región Norte y Eduardo “N”, ex Jefe de Departamento de Supervisión Región Norte.
El caso está relacionado con la ampliación de un tramo carretero en la Frontera Chica en donde se acusa que dicha obra fue pagada en dos ocasiones.
En otro proceso se acusa al ex Secretario de Seguridad Pública, José Jorge “O” y el ex Director de Administración de la misma dependencia, Felipe de Jesús “P”, en un asunto relacionado con la adquisición de seguros de vida para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública.
Y en un caso similar se vinculó a proceso al ex Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaria de Salud, Enrique Jorge “N” de la contratación indebida de seguros de vida para el personal de Salud que no fueron pagados.
También el ex Director del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Luis Fernando “C”, fue vinculado a proceso en un asunto en que se acusa de haber ejercido recursos del Instituto para fines distintos del que estaban destinados, señalándose un monto de alrededor de 9 millones de pesos.
La Auditoría Superior del Estado (ASE), detectó en posible quebranto de 288 millones 705 mil pesos en el Itace, señalando además del ex titular del Itace, Luis Fernando “C”, a la ex Directora Administrativa, Mayra Lizzeth “A”.
Bajo la conducción de la Fiscalía Anticorrupción, jueces de control lograron acreditar elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso en contra de 29 exfuncionarios de rango medio y alto.
La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas también mantiene activas al menos ocho órdenes de aprehensión de carácter local contra exc olaboradores cercanos al exg obernador que se encuentran fuera del país o evadidos de la justicia; aunque el universo total de expedientes en trámite que integra la fiscalía especial supera los 790 asuntos.
A la par de la vía criminal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas (anteriormente Contraloría Estatal) ejecuta una agresiva estrategia de fiscalización.
La dependencia determinó la inhabilitación de 134 personas servidoras públicas, de las cuales el 90 por ciento pertenecen estrictamente al sexenio de García Cabeza de Vaca.
La Secretaría ha impuesto cerca de 195 sanciones administrativas directas y turnó 85 expedientes adicionales ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas debido a faltas graves que ameritan la restitución económica del daño.
El caso del propio Francisco García Cabeza de Vaca corre por vías independientes, conectando el ámbito local con severas acusaciones en el plano federal penal.
A nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertos expedientes por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino de manera unánime revocando los amparos previos que suspendían su captura, permitiendo con ello la reactivación formal de la orden de aprehensión federal en su contra.
A nivel estatal, la Consejería Jurídica del Gobierno de Tamaulipas ha interpuesto al menos ocho denuncias específicas contra el ex mandatario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, integradas directamente a las más de 50 carpetas globales que buscan esclarecer el destino de los fondos públicos del estado
