Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- El expediente que sostiene la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra la familia Jensen describe un esquema de contrabando de combustible robado a Petróleos Mexicanos (Pemex) que operaba de manera sistemática a través de la frontera entre Tamaulipas y Texas.
De acuerdo con el documento, el hidrocarburo era sustraído directamente a Pemex o adquirido mediante funcionarios corruptos de la paraestatal, para luego cruzar hacia territorio estadounidense disfrazado en los registros aduanales como “destilado de petróleo” o “aceite lubricante usado”.
La operación, según la acusación federal, movió alrededor de 4 mil cargamentos de crudo entre 2018 y 2025, con un valor estimado de 300 millones de dólares.
El testigo central de la Fiscalía en el caso es Luis Ariel Rivera Rodríguez, mexicano naturalizado estadounidense y propietario de Luxemborg Trading LLC, la firma que, según el expediente, se usaba como principal importadora del combustible hacia Estados Unidos. Rivera, identificado en los documentos judiciales bajo la clave CI-1, relató a agentes federales que el esquema operaba con el respaldo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La red empresarial
La estructura corporativa utilizada para mover el hidrocarburo, según el expediente, se sostiene en tres firmas. Luxemborg Trading LLC fue constituida en 2009 en el condado de Hidalgo, Texas; ahí Rivera figura como director y propietario, aunque otros documentos del juicio la refieren como copropiedad con su esposa, Irma Isabel Pruneda. Con Pruneda, Rivera constituyó ese mismo año una segunda firma, Darvasa Trading LLC, también en Texas. El apellido familiar es rastreable igualmente en México, en Luxemborg Mexico Fuel Group, S.A. de C.V., empresa creada en 2021 en la que Luis Rigoberto Rivera Pruneda, hijo de la pareja, aparece como accionista mayoritario y gerente general. Esta filial mexicana, de acuerdo con el reporte de El País, forma parte del entramado que Rivera ha utilizado para cruzar a Estados Unidos el hidrocarburo sustraído a Pemex.
El esquema documentado en el caso actual replica, casi punto por punto, uno que Pemex ya había denunciado ante tribunales estadounidenses entre 2010 y 2012, por un robo de condensado de gas que la paraestatal ubicaba desde 2006, con pérdidas por 300 millones de dólares. En esa demanda, Pemex señaló por su nombre a más de una decena de empresas de Estados Unidos, entre ellas Big Star Gathering LTD y Saint James Energy Operating Inc, ambas encabezadas por James Jensen. La paraestatal las describió como utilizadas para un propósito ilegal y como una farsa para perpetuar un fraude, y sostuvo que Big Star se había unido voluntariamente a la conspiración para comerciar y distribuir el condensado robado. Parte de esos alegatos se apoyaba en las declaraciones de directivos de otras firmas que ya se habían declarado culpables en un juicio previo relacionado; uno de ellos, Arnoldo Maldonado, propietario de Y Gas & Oil Inc -proveedora de Big Star-, señaló entonces a Jensen. Este se defendió argumentando que, pese a administrar sus compañías, no decidía en general a quién comprarles el producto ni manejaba el dinero, y que dejó de adquirir combustible de la firma de Maldonado en cuanto este se declaró culpable. James Jensen libró las acusaciones en ese momento, y Rivera cumplió una parte mínima de su sentencia gracias a su colaboración.
El mecanismo que Pemex describió entonces ante los tribunales consistía en la falsificación de documentos aduanales para hacer pasar el condensado de gas por nafta, solvente, combustóleo u otros hidrocarburos; el producto era obtenido asaltando con armas los camiones cisterna de la paraestatal, transferido a otros vehículos que se desplazaban hasta Matamoros, Tamaulipas, y entregado del otro lado de la frontera a compradores en el sur de Texas. Rivera, sin embargo, relató a los agentes un modus operandi más elaborado: contratistas de Pemex extraían el condensado directamente de los campos petroleros y lo transferían a tanques del cartel en lugar de llevarlo a las instalaciones de la paraestatal; los camiones, ya vacíos, se llenaban entonces con agua y se dirigían, esa vez sí, a entregar su carga a Pemex, donde funcionarios corruptos registraban el agua como si fuera condensado de gas. El hidrocarburo sustraído continuaba entonces su ruta hacia el destino final en Estados Unidos. Una investigación de Animal Político, citada en un reportaje de El País, refiere que Pemex llegó a obtener grabaciones telefónicas entre los empresarios implicados en las que se advertía que sabían del origen robado del combustible.
Vínculos criminales
Rivera relató a los agentes que en algún momento fue, en sus palabras, un operador legítimo y prominente, hasta que carteles de la droga comenzaron a extorsionarlo para poder seguir transportando productos petroleros en México, a razón de 2 mil dólares por tanque.
El expediente no precisa cómo ocurrió la transición, pero en algún punto Rivera dejó de ser víctima de extorsión para integrarse a la estructura del CJNG, adquiriendo el control de varias carreteras y encargándose del cobro de piso a nombre del cartel; parte de esos recursos, según su propio relato, se destinaba después a sobornar a funcionarios federales, estatales y municipales.
El primer acercamiento de Rivera a las autoridades estadounidenses ocurrió en julio de 2024; en encuentros posteriores detalló ante fiscales y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la DEA y el FBI cómo operaba el esquema. En diciembre de ese año accedió formalmente a colaborar y a grabar futuras llamadas con James y Maxwell Jensen y con el capo identificado como El X.
El 23 de abril de 2025 fueron arrestados James Jensen, su esposa Kelly Anne y sus hijos Maxwell y Zachary Golden. Estos dos últimos, junto con Kelly Anne, enfrentan cargos menores y están en libertad condicional; James y Maxwell están acusados de contrabando, blanqueo de activos y financiamiento a una organización terrorista, y su caso se dirime en la Corte del Distrito Sur de Texas. Los propios abogados de los Jensen han reconocido ante la corte que Rivera será el testigo central de la Fiscalía y, para algunos de los cargos, el único testigo disponible.
