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Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) documentó el ingreso irregular de 144 millones de litros de combustible a través de la Aduana de Matamoros en un periodo de 52 días, de acuerdo con una nota publicada el 7 de julio de 2026 por el diario Reforma.
Según el reporte, la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos identificó lo que calificó como el mayor caso de contrabando de combustible de Estados Unidos a México documentado hasta ahora, ocurrido entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025.
De acuerdo con la nota, el hallazgo muestra que el trasiego de combustible por la aduana fronteriza continuó de forma paralela a la persecución penal contra la red de los hermanos Farías, los mandos de la Marina originalmente señalados como operadores centrales de este tipo de esquemas.
Se reporta que la estructura investigada tramitó 291 pedimentos de importación fraudulentos para introducir mil 366 ferrotanques cargados con diésel, gasolina y nafta ligera, declarados ante la autoridad aduanera como si transportaran «solución de cloruro de calcio».
El medio precisa que, conforme a la carpeta de la FGR, los hidrocarburos tenían como destinatarios finales a las empresas Ferroservicios y Jumandi Group —esta última señalada previamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación—, mientras que el trámite documental corrió a cargo de la agencia Servicios Aduanales JR.
Una vez cruzada la frontera, de acuerdo con el reportaje, el combustible era trasladado por ferrocarril hacia los estados de Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.
La red comenzó a desmoronarse el 21 de julio de 2025, a partir de una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Ese mismo día, un cateo practicado en la agencia aduanal permitió el aseguramiento de 17 ferrotanques, 15 de los cuales ocultaban más de 1.6 millones de litros de diésel, mientras que los dos restantes contenían nafta ligera, según el reporte.
A partir de ese operativo, un juez federal libró 13 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios señalados de participar en el esquema, de acuerdo con la información publicada por el diario.
Siete personas han sido detenidas y procesadas, entre ellas Armando Riestra Fernández, propietario de la agencia aduanal señalada en la carpeta de investigación, así como verificadores y directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), además de socios de Jumandi Group.
La detención más reciente, de acuerdo con el reporte, ocurrió el 12 de junio de 2026, cuando Carlos Eugenio Benítez Orta, subdirector aduanero, fue deportado desde Estados Unidos. La mayoría de los implicados enfrenta procesos por delincuencia organizada y contrabando en los centros federales de reinserción social del Altiplano y de Morelos, según la misma fuente.
Las autoridades continúan en búsqueda de seis prófugos, entre ellos los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, los dos últimos titulares de la Aduana de Matamoros, cuya gestión al frente de la aduana coincidió con el periodo en que, de acuerdo con la investigación de la FGR, el flujo de combustible ilegal documentado por el reporte alcanzó su punto más alto.
