Por. Nora Marianela García Rodríguez
Expreso – La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- La madrugada del viernes 17 de julio, en Ciudad Madero, Alejandra Quintos recibió una llamada desde la academia militarizada Doenitz donde su hija cursaba un campamento de verano; le informaron que Dafne, de 13 años, se había desvanecido en un baño y ya no presentaba signos vitales, de modo que la niña que entregó el lunes con la lista completa de materiales le fue devuelta el viernes sin una causa de muerte esclarecida, un día después de haber recibido un video donde la menor aparecía con un moretón en el rostro y la explicación de un desvanecimiento en la actividad física.
Tres días antes, la noche del martes 14, en Ciudad Victoria, la Fiscalía General de Justicia informó la localización con vida de Zayda Merari Moya Pesina, de 26 años, tras cuatro días de búsqueda; la joven apareció en buen estado en la colonia Álvaro Obregón, aunque hasta el cierre de esta edición la autoridad no ha informado una sola detención por su privación de la libertad, que ella misma describió en un par de palabras al romper el silencio en sus redes: fui secuestrada.
En una misma semana, la misma Fiscalía abrió dos carpetas sobre un expediente mayor; los registros oficiales que dibujan dos años consecutivos de récord en feminicidios, un segundo lugar nacional en mujeres desaparecidas y la tasa más alta del país de niñas no localizadas, mientras el último corte público de resolución reporta una sola sentencia condenatoria.
UN GRAN PROBLEMA
Los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública describen una realidad preocupante: entre enero y noviembre de 2023 Tamaulipas registró 16 feminicidios, en el mismo periodo de 2024 fueron 23 y en 2025 la cifra subió a 24, dos años consecutivos de máximos en una entidad que pasó de cero casos en 2015 a los picos actuales en una década, y el arranque de 2026 confirmó la tendencia, pues tan solo en enero el estado sumó cuatro feminicidios, tercer lugar nacional, con Reynosa y Victoria aportando dos cada una y una víctima que era una niña de entre cero y doce años, mientras entre enero y abril Reynosa se convirtió en el segundo municipio con más feminicidios del país, solo detrás de Culiacán.
El cierre de 2024 ya había sido un récord con 23 carpetas, la cifra más alta desde que el delito se documenta en la entidad, con Reynosa a la cabeza con nueve casos y Matamoros con siete, y al corte del 31 de mayo de este año Tamaulipas acumulaba 13 carpetas, dentro de los diez estados con más feminicidios, en un mapa donde 36.5% de los casos nacionales se concentra en veinte municipios; los colectivos del sur sostienen que la fotografía completa es mayor, pues junto a los feminicidios reconocidos contabilizan alrededor de 200 mujeres asesinadas durante 2025 cuyos expedientes fueron clasificados como homicidio doloso y no como crimen por razón de género.
Debajo de la violencia letal corre el delito más denunciado del estado; la propia Fiscalía reportó 7 mil 715 carpetas por violencia familiar con corte a noviembre de 2024, entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 3 mil 106 más, y el 911 registró en un solo año 13 mil 026 llamadas por violencia familiar, 11 mil 088 por violencia de pareja y 92 por violación, un promedio de 39 auxilios diarios que en su mayoría jamás se convierten en denuncia formal; la versión oficial ofrece el contraste completo, pues el informe estatal de seguridad reporta que entre 2018 y 2025 el homicidio doloso cayó 80%, el secuestro 58% y la violencia familiar 4%, y esos números son igual de oficiales que los anteriores, de ahí que la pregunta estructural sea por qué, dentro de un estado que documenta pacificación, los delitos que tienen cuerpo de mujer son precisamente los que no bajan.
EL EMBUDO DE LA JUSTICIA
El corte más honesto sobre el destino de las carpetas lo dio el entonces fiscal general, Irving Barrios Mojica, en diciembre de 2024, al cierre de su gestión de siete años; de 23 feminicidios registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 se iniciaron 22 carpetas de investigación, de las cuales tres seguían en integración, trece habían alcanzado vinculación a proceso, se habían librado doce órdenes de aprehensión, dos aún vigentes, y una sola había terminado en sentencia condenatoria, de 26 años y nueve meses de prisión, de modo que el embudo quedó dibujado con aritmética simple: por cada 23 víctimas registradas en un año, una condena reportada.
La norma promete lo contrario, porque el Congreso local elevó la pena por feminicidio hasta 60 años, aprobó en 2025 la Ley Alina para que las mujeres que se defienden de una agresión no terminen criminalizadas y el estado cuenta con una fiscalía especializada, la FENNAM; sin embargo, legisladoras presentaron un exhorto formal para resolver las carpetas de feminicidio pendientes, la marcha del 8 de marzo reunió a más de dos mil personas con doce mujeres denunciando violencia vicaria frente a la FENNAM, y aunque en mayo un juez vinculó a proceso a tres personas por un feminicidio de abril en Tampico, no existe un corte público consolidado que permita saber cuántas carpetas de 2025 y 2026 han alcanzado sentencia.
El relevo tampoco lo ha publicado, pues desde el 16 de diciembre de 2025 la Fiscalía está a cargo de Jesús Eduardo Govea Orozco, electo por siete años, quien al asumir reconoció que persisten retos y bajo cuya gestión corren los feminicidios de 2026 y las dos carpetas de esta semana, de modo que la ausencia de rendición de cuentas es, en sí misma, parte del hallazgo.
DESAPARECER EN TAMAULIPAS
El registro nacional acumulaba 134 mil 257 personas desaparecidas al corte del 16 de mayo de 2026, de las cuales 29 mil 27 son mujeres, con crecimiento en 26 de las 32 entidades durante el último año según Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional, solo detrás del Estado de México, acumula más de dos mil mujeres desaparecidas, también segunda posición del país, registra la tasa más alta de niñas no localizadas, 98 por cada 100 mil habitantes, y suma mil 586 menores desaparecidos desde 2025, en un corredor fronterizo donde las redes de trata y la precariedad operan sobre los cuerpos más jóvenes, mientras 97% de las mujeres que buscan a un familiar enfrenta violencia, amenazas o abandono institucional.
El contraste con el secuestro completa la lectura, pues el delito denunciado cayó 58% entre 2018 y 2025 y Tamaulipas no figura entre las cinco entidades con más mujeres víctimas de secuestro en 2026, sin embargo la desaparición, esa figura que no exige rescate ni denuncia inmediata, sostiene al estado en el segundo lugar nacional, de modo que la privación de la libertad no se fue del territorio, cambió de nombre; el caso de Zayda Merari lo condensa, salió del trabajo la noche del viernes 10 de julio por la cena para sus hermanos y nunca llegó, según su propio testimonio, el operativo que la localizó movilizó a cinco corporaciones, despliegue real que debe reconocerse, no obstante la autoridad comunicó la localización como desenlace mientras la carpeta sigue abierta y los presuntos responsables continúan sin rostro público; en Tamaulipas localizar todavía no significa resolver.
LO QUE EL DATO NO DICE
La primera grieta está en el escritorio donde se clasifica; la distancia entre las asesinadas que cuentan los colectivos y las carpetas que reconoce el registro no la produce el crimen sino el criterio ministerial, porque cada expediente registrado como homicidio doloso y no como crimen por razón de género sale de los protocolos reforzados, de la pena de hasta 60 años y de la estadística que activa alarmas, de modo que la clasificación no describe la realidad, la administra.
La segunda grieta es demoscópica, pues el INEGI ubica a Tamaulipas con la prevalencia de violencia declarada más baja del país, 61.7% de las mujeres a lo largo de la vida frente a 70.1% nacional, y donde lo letal sube y lo declarado baja lo que falla no es la realidad sino el termómetro, porque callar también es un indicador, de miedo, de normalización o de distancia con instituciones a las que no se les confía ni la palabra.
La tercera grieta es institucional; el censo del INEGI contabiliza 74 Centros de Justicia para las Mujeres en operación en el país y uno solo en Tamaulipas, en Reynosa, el estado es una de apenas cuatro entidades que jamás han tenido un proceso activo de solicitud de Alerta de Violencia de Género, y el mecanismo federal llega además debilitado tras la extinción de la CONAVIM, según documentaron organizaciones ante el comité de la CEDAW.
La cuarta grieta es presupuestal y narrativa; sostener una sola sede para 43 municipios y una fiscalía cuyo último corte público reporta una condena por ciclo anual significa que el costo de la violencia se transfiere a las familias, que financian abogados, búsquedas y terapias que el Estado no cubre, y cuando el lenguaje institucional convierte la localización en desenlace y la carpeta en trámite, la impunidad deja de parecer una falla y empieza a parecer un procedimiento, porque esta violencia no es suma de casos aislados, es una estructura con estadística propia, territorio propio y silencio administrado.
