Por. Staff
Expreso-La Razón
TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos reconoció formalmente que el robo y contrabando de combustibles dejó de ser un fenómeno circunscrito al interior de México y se convirtió en un negocio transfronterizo, con Texas como nodo central de una estructura que une pozos, ductos, autopistas, depósitos y cuentas bancarias a ambos lados de la frontera.
En 2025 y 2026 el Departamento del Tesoro emitió alertas y acciones sancionatorias que describen la mecánica completa del negocio, desde la toma clandestina en las tuberías de Pemex hasta el depósito final en cuentas del sistema financiero norteamericano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros actuaron en conjunto para identificar las redes, sancionar a sus operadores y alertar a los bancos sobre las tipologías documentales que permiten a los cárteles mover hidrocarburos robados sin activar los filtros aduanales.
Los documentos oficiales identifican tres eslabones que forman una sola cadena: robo de hidrocarburos en México, contrabando de crudo hacia Estados Unidos y contrabando de combustibles refinados de regreso hacia México, movimiento de ida y vuelta cuyo objetivo es evadir impuestos especiales y ocultar el origen ilícito de los recursos.
PRIMER ESLABÓN: EL ROBO
El primer tramo inicia en las instalaciones de Pemex, las autoridades estadounidenses documentan que el robo ocurre mediante tomas clandestinas en ductos, desvío de autotanques, extracción irregular en refinerías y corrupción de personal operativo y de vigilancia, una combinación de métodos que hace prácticamente imposible aislar el volumen sustraído del volumen legítimo en los registros internos.
De acuerdo con los análisis, ese petróleo se traslada hacia el norte, se etiqueta como residuos industriales y se presenta como waste oil en los documentos de transporte para cruzar hacia Texas con una clasificación que oculta su verdadera naturaleza.
Al clasificar el crudo como desecho o residuo industrial el cargamento elude los controles específicos para la importación de petróleo, reduce la atención de los inspectores aduanales y permite mezclar el producto ilícito con volúmenes legales sin que la discrepancia sea evidente en los registros de custodia ni en las bases de datos que cruzan las agencias fronterizas.
Las mismas facturas que describen residuos industriales incluyen volúmenes y precios inconsistentes con ese mercado, discrepancias que los reportes del Tesoro señalan como señal de alerta prioritaria para los sistemas de monitoreo bancario y para los inspectores de aduanas en los puertos de entrada terrestres y marítimos.
SEGUNDO ESLABÓN: TEXAS
Una vez en territorio estadounidense el crudo se almacena en tanques móviles y depósitos ubicados en el sur de Texas, se mezcla con otros volúmenes de procedencia diversa y se revende con descuento a importadores y refinerías dentro del mercado norteamericano, incorporando al sistema energético formal un insumo sustraído de la infraestructura mexicana.
Los compradores finales no siempre conocen el origen del producto, los documentos de trazabilidad han sido alterados antes de que la carga llegue a sus instalaciones y la mezcla con volúmenes legales dificulta cualquier auditoría retrospectiva que intente reconstruir la cadena de custodia desde el punto de extracción hasta el destino comercial final.
Las alertas financieras señalan que este contrabando se apoya en brokers y compañías del sector de petróleo, gas y transporte radicadas cerca de la frontera, y los documentos del Tesoro precisan que Texas concentra el mayor número de reportes de actividad sospechosa vinculados a estos esquemas entre todos los estados de la Unión Americana.
El expediente sobre la familia Jensen ilustra cómo opera este eslabón, las autoridades acusan a ese grupo de haber movido miles de cargamentos de petróleo sustraído de Pemex mediante empresas registradas en Estados Unidos y compañías fachada constituidas en México para simular una cadena de suministro legítima ante los registros corporativos y tributarios.
Según la acusación federal, instalaciones como Arroyo Terminals en el sur de Texas habrían servido para recibir crudo declarado como residuos industriales, mezclar ese producto con otros volúmenes y revenderlo con descuento a compradores sin que los registros de origen reflejaran la procedencia real ni la condición ilícita del insumo inicial.
TERCER ESLABÓN: EL RETORNO
El tercer eslabón cierra el círculo en sentido inverso, el combustible ya refinado viaja desde Estados Unidos hacia México en forma de gasolina, diésel y nafta que se venden a comercializadoras mexicanas y cruzan la frontera mediante maniobras conocidas como huachicol fiscal, centradas en evadir el impuesto especial sobre producción y servicios.
Las redes se apoyan en empresas mexicanas con permisos de distribución pero sin autorizaciones completas de importación, pese a esas limitaciones estas compañías compran volúmenes significativos en Texas y presentan en la aduana mexicana documentos que alteran la fracción arancelaria y la descripción de la carga para reducir o anular la carga tributaria correspondiente.
El mecanismo central consiste en declarar combustibles como lubricantes, aditivos o residuos de hidrocarburos, conceptos sujetos a una carga fiscal menor, al modificar la clasificación se reducen o anulan los impuestos debidos aunque las pipas y los buques transporten gasolina y diésel listos para la venta inmediata en el mercado interno mexicano.
Un expediente reciente involucra a una comercializadora con sede en Houston investigada por exportaciones de diésel hacia puertos mexicanos con cargas declaradas como aditivos, el caso ilustra que el huachicol fiscal no se limita al cruce terrestre sino que también utiliza rutas marítimas por el Golfo de México con la misma mecánica de encubrimiento documental.
EL CASO RUFFO: CON NOMBRE PROPIO
El Tesoro estadounidense describió el “eslabón del retorno” en el contrabando de hidrocarburos, y esta semana encontró su correlato judicial en México. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, junto con otras cuatro personas de 25 objetivos identificados, por presunta participación en una red de contrabando que generó un perjuicio de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública. Según Ernestina Godoy, la estructura operó a través de Ingemar, empresa fundada por Ruffo para servicios portuarios y dragado, que sirvió como cabeza de una red de siete compañías dedicadas a transportar combustible desde Texas hacia Coahuila, Durango y Zacatecas. El diésel importado superó en diez veces el volumen autorizado y la gasolina en tres veces y media.
El vínculo con Tamaulipas es clave: la Agencia Nacional de Aduanas reportó 4 mil 238 operaciones irregulares entre enero y julio de 2025 en cuatro aduanas (Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa), donde declaraban cantidades menores o productos distintos para evadir impuestos mediante reclasificación arancelaria. La red utilizó 162 carros tanque de ferrocarril, evadiendo 88 millones 511 mil 516 pesos del IEPS y 18 millones 289 mil del IVA. Las acciones de la FGR se extendieron a Tamaulipas y otros nueve estados.
TAMAULIPAS: FRONTERA ACTIVA EN LOS DOS SENTIDOS
Tamaulipas concentra una parte significativa del tráfico documentado tanto por el Tesoro estadounidense como por la propia FGR. La frontera que une Matamoros con Brownsville y Nuevo Laredo con Laredo figura de manera recurrente en los reportes de aseguramientos y en las alertas de inteligencia financiera como punto de cruce activo de combustibles no declarados en su verdadera naturaleza ante las autoridades aduanales; el caso Ruffo confirma que ese mismo corredor —ampliado ahora a Ciudad Camargo y Reynosa— también operó como puerta de entrada para una red valuada en miles de millones de pesos.
Los puentes internacionales de la entidad registran flujos de autotanques cuya clasificación aduanal no corresponde al contenido real, unidades que en los manifiestos transportan lubricantes o aditivos, pero en la práctica llevan gasolina y diésel con destino a distribuidoras locales que operan dentro del mercado formal tamaulipeco.
La posición de la entidad como corredor energético la convierte en territorio estratégico para este negocio en su doble función: los ductos de la Cuenca de Burgos y la infraestructura de almacenamiento y distribución existente en el estado facilitan tanto la extracción en origen —el primer eslabón, el robo— como la distribución interna del combustible que regresa desde Texas bajo categorías arancelarias falsas —el tercer eslabón, el que ahora la FGR atribuye a la red de Ruffo.
Los aseguramientos registrados en puntos de revisión dentro de Tamaulipas muestran autotanques cargados con combustible que no coincide con los documentos de transporte, una discrepancia que las autoridades aduanales y de seguridad han detectado de forma recurrente sin que los operativos resulten, hasta antes del caso Ruffo, en desarticulaciones permanentes de las redes responsables. Las organizaciones criminales activas en la entidad han incorporado el huachicol fiscal a su cartera de ingresos como una fuente de financiamiento de menor perfil público que el narcotráfico, pero con márgenes sostenidos y menor exposición a las operaciones de interdicción que concentran la atención federal en materia de seguridad fronteriza.
