Por. Nora Marianela García Rodríguez
La única política pública que México ha cumplido con exceso es la de tener menos hijos; el Consejo Nacional de Población nació en 1974 para frenar la explosión demográfica bajo la consigna de que la familia pequeña vive mejor, y el 16 de julio ese mismo organismo informó el tamaño de su triunfo: la fecundidad cayó a 1.6 hijos por mujer, la población crece debajo del 1% anual, y el país que temía multiplicarse ahora no sabe qué hacer con su resta.
El piso estadístico lo aporta el INEGI, que contabilizó 1 millón 672 mil 227 nacimientos en 2024, una tasa de 47.7 por cada mil mujeres en edad fértil, 4.5 puntos menos que el año previo; entre 2019 y 2024 el registro de bebés se redujo 20%, de 2 millones a 1.6 millones, y el umbral que garantiza el reemplazo generacional, de 2.1 hijos por mujer, quedó atrás hace años, de modo que México ya no crece por sus cunas, crece por inercia.
El fenómeno trae además geografía propia; la natalidad va de 86.7 nacimientos por cada mil mujeres en Chiapas a 32.8 en la Ciudad de México, un mapa donde las entidades más urbanizadas y con mayor escolaridad femenina encabezan el retroceso, y Tamaulipas, mayoritariamente urbano y fronterizo, se mueve dentro de esa lógica: donde la vida cuesta más y las mujeres estudian más, los hijos llegan menos y llegan más tarde.
Mientras tanto, el índice de envejecimiento pasó de 21.3% en el año 2000 a 47.7% en 2025; hace un cuarto de siglo había 21 adultos mayores por cada 100 niños, hoy hay casi 48, la pirámide poblacional se volvió un rombo y las instituciones del país siguen diseñadas para la pirámide.
El salón de clases registró el cambio antes que las oficinas de gobierno; la matrícula de educación básica retrocedió 7.5% en cinco ciclos, 2.3 millones de niños de entre 3 y 5 años no se inscribieron al ciclo 2025-2026, la cobertura de preescolar quedó en 61.5% y la primaria del país acumula una pérdida superior a 2 millones de alumnos desde su punto más alto; los nacidos en 2020, el año del desplome, están entrando a primaria ahora.
Tamaulipas no espera ese futuro, ya lo habita; según registros del INEGI y de la Secretaría de Educación estatal, la primaria pasó de 407 mil 708 alumnos en el ciclo 2010-2011 a 353 mil 648 en 2023-2024, una merma de 54 mil 060 estudiantes, 13.26% menos, mientras la media superior creció 19.05% porque la generación numerosa ya está en el bachillerato; el anuario estatal reporta además 164 maestros menos en educación básica.
Los particulares ajustaron antes que el gobierno; entre 2020 y 2025 cerraron 2 mil 229 preescolares privados en el país por pérdida de alumnos y colegiaturas que las familias dejaron de poder pagar, mientras los planteles públicos de ese nivel crecieron 1.7% hasta sumar 74 mil 658, señal de que la infraestructura oficial se expande justo cuando la demanda se encoge, porque el presupuesto premia inaugurar y no ha aprendido a rediseñar.
La autoridad federal ya ensayó su explicación; la SEP sostiene que la baja de la matrícula no es deserción sino demografía, que el grupo de 6 a 11 años disminuye desde 2015, una verdad a medias convertida en coartada, porque diagnosticar no equivale a planear, y hasta ahora ningún orden de gobierno ha dicho qué hará con las escuelas, las plazas y los presupuestos calculados para un país que ya no existe.
Eso significa aulas que se vacían de abajo hacia arriba, escuelas rurales con grupos cada vez más pequeños, plazas docentes que dejarán de abrirse y una pregunta que ningún plan de desarrollo quiere escribir: qué se hace con la infraestructura de un país que tuvo 2 millones de nacimientos anuales cuando lleguen generaciones de un millón y medio.
Tampoco hace falta teoría para explicarlo; hay vivienda impagable, salarios que no dan para criar, jornadas sin guardería, mujeres con más escuela que postergan o descartan la maternidad porque el costo les cae casi entero a ellas, y una economía que volvió al hijo un riesgo financiero; las mujeres no dejaron de querer hijos, dejaron de poder pagarlos.
Aquí asoma el contrasentido mayor: el país tiene menos hijos y más mujeres preparadas, aunque apenas 4 de cada 10 trabajan de manera remunerada, de las proporciones más bajas de América Latina, por ello México perdió los nacimientos sin cobrar a cambio la fuerza laboral femenina con la que otras economías amortiguaron el mismo declive.
Durante dos décadas los planes sexenales repitieron la promesa del bono demográfico como si fuera eterna, millones de jóvenes en edad de trabajar que empujarían el desarrollo; sin embargo, el bono era un plazo, no un regalo, y venció sin que se construyeran el empleo formal, el sistema de cuidados ni el ahorro que debían aprovecharlo, de ahí que el cobro caiga ahora sobre pensiones, salud y cuidados de una población que suma años más rápido que ingresos.
El desenlace ya tiene domicilio: las pensiones dependen de trabajadores jóvenes que ya no nacieron, el sistema de salud atenderá más enfermedades crónicas con menos contribuyentes, la demanda de vivienda migrará de la casa familiar a hogares de una o dos personas, y el cuidado de los mayores, si el Estado no lo asume, caerá donde siempre ha caído, en el trabajo no pagado de las mujeres.
Para los municipios el asunto es presupuestal y territorial; las participaciones federales, la obra educativa y hasta la vivienda social se calcularon durante décadas sobre el supuesto de que siempre habría más habitantes, además el mercado laboral de 2040 se está definiendo hoy, pues menos jóvenes entrando a trabajar significa presión sobre los salarios, sobre las pensiones y sobre una economía que históricamente creció por cantidad de brazos y no por productividad, mientras el crecimiento que quede dependerá cada vez más de la migración, una variable administrada a golpe de coyuntura.
El Programa Nacional de Población 2026-2030 presentado esa tarde promete coordinar a 17 dependencias federales; la tinta aguantará lo que el presupuesto no, porque la política pública mexicana sigue premiando la construcción de escuelas y no la creación de cuidados, sigue midiendo el éxito en primeras piedras y no en tiempo liberado para criar.
Nadie votó esta contracción y ningún artículo transitorio la revertirá, pero el calendario ya está firmado: la generación de 2020 entra a primaria este año, llegará a secundaria hacia 2032, al bachillerato hacia 2035 y al mercado laboral alrededor de 2040, de modo que el país dispone de una década, la última barata, para reconvertir aulas vacías en centros de cuidado infantil y de mayores, montar un sistema nacional de cuidados que libere el trabajo de las mujeres y sostener las pensiones con productividad, ya no con natalidad.
Los países que lo lograron usaron guarderías, licencias y vivienda alcanzable, no elogios a la familia; si esas decisiones se aplazan un sexenio más habrá pensionados sin cotizantes, escuelas sin niños y cuidadoras sin relevo, y entonces quedará claro que el Estado mexicano solo cumplió la mitad de su consigna de 1974: la familia ya es pequeña, vivir mejor sigue pendiente.
