La jornada de 40 horas ya vive en la Constitución y en la ley, la primera reducción llega en enero y el año de transición corre sin reglas publicadas; mientras tanto, 4.8 millones de asalariados trabajan más de 56 horas a la semana.
México es el país de la OCDE donde más horas se trabaja, 2 mil 299 al año por persona ocupada según las Perspectivas del Empleo 2026 del organismo, casi 600 arriba del promedio de sus 38 miembros y entre 900 y mil horas más que en las economías europeas del grupo; ese mismo país acaba de prometerse trabajar ocho horas menos a la semana, y la promesa entró al Diario Oficial de la Federación antes de que exista un solo documento público que explique cómo se va a cumplir.
El calendario es conocido, la reforma constitucional se publicó el 3 de marzo, la ley secundaria el 1 de mayo, y a partir de ahí el tope semanal bajará dos horas por año, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030, siempre con efectos el primero de enero.
El salario queda intacto por mandato expreso, el límite diario de ocho horas se mantiene, de modo que la semana de cinco días con dos descansos dejará de ser privilegio de oficina para convertirse en piso legal, la Secretaría del Trabajo calcula más de 13 millones de personas beneficiadas y sostiene la gradualidad en el Convenio 116 de la OIT, la misma ruta escalonada que sigue Chile y que Colombia culminó, con su propia meta, apenas el pasado 15 de julio.
Ese andamiaje descansa sobre un dato incómodo, el país todavía no cumple las 48 horas que quiere dejar atrás; el análisis de México ¿Cómo Vamos? con datos de la ENOE contabiliza 4.8 millones de trabajadores subordinados con jornadas superiores a 56 horas semanales, 12% de los asalariados, además de otros 5.1 millones que laboran entre 48 y 56, y en las inspecciones federales la jornada y el pago de horas extra figuran como el segundo incumplimiento más frecuente, es decir, la dependencia encargada de vigilar la nueva jornada ya sabe, por sus propios expedientes, que la actual se viola todos los días.
El decreto de mayo definió el resto de 2026 como periodo de ajuste y encargó a la Secretaría del Trabajo recopilar, procesar y evaluar información sobre la instrumentación, además creó la obligación patronal de llevar un registro electrónico de la jornada desde el primero de enero de 2027, registro que además hará prueba plena en juicio cuando el sistema se haya acordado con el trabajador.
Hasta el arranque de julio, las disposiciones generales que deben precisar el alcance, las excepciones y las condiciones técnicas de ese registro seguían pendientes de publicarse, de ahí que los corporativos ya paguen despachos para anticiparse mientras las micro y pequeñas empresas, que concentran la mayor parte del empleo, esperan reglas que no llegan y descuentan meses de un plazo que no se detiene, sin un solo reporte público de avance a la vista.
La válvula de escape clásica también se cierra, porque la reforma reorganiza de manera gradual el tiempo extraordinario, con topes semanales y reglas de pago más estrictas cuando se rebasen; con ello, el patrón que pensaba absorber la reducción cargando horas extra a sus trabajadores encontrará un margen cada vez más angosto, y el que opte por no registrar nada quedará expuesto a las multas nuevas que el propio decreto creó y a una inspección que tendrá, por primera vez, un rastro electrónico que contrastar.
La propia autoridad federal identificó desde diciembre a los sectores más expuestos, manufactura, comercio minorista, hospedaje, preparación de alimentos y bebidas, transporte y almacenamiento; leída desde Tamaulipas, esa lista es un retrato de la economía estatal, los turnos de la maquila fronteriza, el comercio de los centros urbanos y los servicios que sobreviven a punta de jornadas largas, con la informalidad como salida falsa para quien no aguante el ajuste.
Por ello, el costo de llegar improvisados caerá donde siempre, en el taller de veinte empleados que descubra en 2027 que sus horarios quedaron fuera de la ley y en el trabajador al que le maquillen la reducción con tiempo extra sin registrar ni pagar.
Ocho horas a la semana son un día completo de vida devuelto, la cita médica que se pospone desde marzo, las tareas con los hijos, la comida en casa que dejó de ser diaria, el cuidado de un padre enfermo que hoy se resuelve con culpa y prisas; ese tiempo explica por qué la gradualidad importa menos que la vigilancia, pues un derecho que se entrega en abonos anuales puede evaporarse en la caja del changarro o en el turno de la línea de producción si nadie revisa que efectivamente se entregue.
Queda el argumento de siempre, que trabajar menos hundirá la productividad, sin embargo el propio informe de la OCDE lo desarma, la productividad laboral mexicana creció 1.96% entre 2023 y 2024, el triple del promedio del organismo, y ese avance ocurrió junto con una disminución de las horas trabajadas.
El discurso oficial presume un avance histórico y tiene razón en el adjetivo, no obstante lo histórico se juega en la parte aburrida, las disposiciones técnicas, los inspectores suficientes, los datos públicos del periodo de ajuste, porque un derecho laboral vale exactamente lo que vale la capacidad del Estado para verificarlo, y la historia del trabajo en México acumula límites que solo existieron en el papel mientras la nómina real se ajustaba por fuera.
Trabajar menos ya se decretó, contar las horas, todavía no.
