Por. Alberto Rivera
Toda organización política necesita legitimidad para sostener el ejercicio del poder. La fuerza puede imponer obediencia; la norma puede establecer autoridad; las elecciones pueden conferir representación. Ninguna de ellas garantiza, por sí misma, la permanencia de la confianza social. Ésta surge de una relación dinámica entre el poder y la sociedad, una relación que se construye, se transforma y se renueva en la experiencia colectiva.
La ciencia política ha explicado ampliamente el origen del poder, la naturaleza del Estado y el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, la transformación de las democracias contemporáneas obliga a desplazar parcialmente la mirada. El problema ya no consiste únicamente en comprender cómo se accede al poder, sino en explicar cómo ese poder logra conservar su reconocimiento social en un entorno en el que la opinión pública interviene de manera permanente en la valoración de la acción gubernamental.
En ese contexto, la legitimidad deja de ser una condición adquirida para convertirse en un proceso permanente.
Gobernar significa decidir, administrar y ejecutar políticas públicas. Significa también producir sentido. Las decisiones del Estado modifican la realidad material; la política incorpora esas transformaciones al universo de significados desde el cual la sociedad interpreta la acción pública. Entre ambos planos se desarrolla un proceso que, a mi juicio, merece ser estudiado como una categoría propia de la ciencia política.
A ese proceso lo denomino Arquitectura de la Legitimidad.
La arquitectura de la legitimidad es la estructura mediante la cual el poder transforma la acción pública en confianza social. No describe un atributo del gobierno ni una cualidad de las instituciones. Describe el conjunto de relaciones que hacen posible que las decisiones del poder sean reconocidas, aceptadas y sostenidas por la sociedad. Su objeto de estudio no es el ejercicio del poder en sí mismo, sino el proceso por el cual dicho ejercicio adquiere legitimidad.
Vista desde esta perspectiva, la legitimidad deja de aparecer como el punto de partida del poder y comienza a entenderse como el resultado de una relación social en permanente construcción.
Las decisiones producen resultados. Los resultados modifican la experiencia cotidiana. La experiencia configura percepciones; las percepciones generan interpretaciones compartidas; las interpretaciones estructuran la opinión pública, y esta fortalece o debilita la confianza depositada en las instituciones. La legitimidad constituye la expresión política de ese recorrido.
La opinión pública adquiere, por ello, una dimensión distinta. No representa únicamente un mecanismo para registrar preferencias o medir niveles de aprobación. Constituye el espacio en el que las sociedades elaboran el significado del poder y construyen las condiciones de reconocimiento que hacen posible la gobernabilidad.
La comunicación política participa de ese mismo proceso. Su función trasciende la difusión de las acciones gubernamentales. Interviene en la producción del sentido público de esas acciones y contribuye a organizar los marcos de interpretación mediante los cuales la sociedad comprende, evalúa y juzga el ejercicio del poder. La comunicación no crea legitimidad por sí misma, pero forma parte de la arquitectura que la hace posible.
La estabilidad institucional depende, en buena medida, de la capacidad de mantener articuladas la acción gubernamental, la experiencia ciudadana y la confianza pública. Cuando esa articulación se mantiene coherente, la gobernabilidad se fortalece. Cuando se rompe, comienza un proceso de erosión que suele manifestarse antes en la confianza que en los indicadores electorales.
Las democracias del siglo XXI exigen ampliar el objeto de estudio de la ciencia política. Comprender las instituciones sigue siendo indispensable, pero ya no basta para explicar la permanencia del poder. Resulta igualmente necesario comprender los procesos mediante los cuales las sociedades construyen confianza, otorgan reconocimiento y producen legitimidad.
La arquitectura de la legitimidad constituye, en ese sentido, una propuesta para observar el poder desde la relación que establece con la sociedad y no únicamente desde las estructuras que lo organizan. Si el siglo XX estuvo marcado por el estudio de las instituciones, el siglo XXI exige comprender los procesos que hacen posible su reconocimiento social. Allí reside, probablemente, uno de los principales desafíos de la teoría política contemporánea.
