Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- A menos de dos meses de que arranque formalmente el proceso electoral 2026-2027, México vive ya una campaña sin árbitro.
Morena, el PAN, el PRI, el PVEM y el PT llevan meses definiendo perfiles, organizando asambleas y movilizando simpatizantes para las elecciones del próximo año, mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) ha rechazado, en al menos tres ocasiones desde mayo, discutir los lineamientos que regularían esas actividades.
En Tamaulipas, donde estarán en juego 43 ayuntamientos y 36 diputaciones locales —de los cuales 30 alcaldes y 27 legisladores conservan además el derecho a reelegirse—, ese vacío se traduce en un escenario local igual de desregulado: partidos que ya operan como si la contienda hubiera comenzado, sin que exista, hasta ahora, una sola autoridad dispuesta a decir que no.
La ley, al menos en el papel, es clara. El artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) define los actos anticipados de campaña como las expresiones que se realicen, bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o que soliciten cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral. Para la precampaña, la definición cubre expresiones equivalentes emitidas entre el inicio del proceso electoral y el plazo legal para el arranque de las precampañas.
Pero la ley no basta por sí sola: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fijó, mediante la jurisprudencia 4/2018, tres elementos que deben acreditarse de manera simultánea para sancionar: el personal (quién comete la conducta), el temporal (cuándo ocurre) y el subjetivo (si hay un llamado expreso al voto). El mecanismo procesal para sancionar, el procedimiento especial sancionador, está regulado en los artículos 470 a 477 de la LEGIPE: el INE investiga y sustancia, pero es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral quien resuelve si hubo o no infracción.
El problema, coinciden especialistas, no está en el diseño original de la norma sino en cómo se ha ido interpretando. Antes, el Tribunal analizaba el contexto y la temporalidad para determinar si existía un llamado implícito al voto. Hoy, sus magistrados solo consideran que hay irregularidad si el llamado es explícito. Esa evolución jurisprudencial convirtió el elemento subjetivo —el más difícil de acreditar de los tres— en el resquicio por el que se cuela casi cualquier actividad proselitista, siempre que se evite pronunciar la fórmula prohibida.
Las estrategias para burlar la ley
Los partidos han desarrollado un catálogo de tácticas que les permite operar como si ya estuvieran en campaña sin asumir las obligaciones legales de estarlo.
La más extendida es evitar la palabra «precandidato». Morena, en alianza con el PT y el PVEM, bautizó su proceso para las 17 gubernaturas en disputa como la elección de «Coordinadoras y Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional». Al no reconocerlos como precandidatos, el partido evita que reporten al INE un informe de gastos de precampaña. Es, además, una fórmula reciclada: es prácticamente la misma que empleó López Obrador en 2023 para definir a los ocho coordinadores estatales que después se convirtieron en candidatos a gobernador en 2024, proceso frente al cual PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron quejas que no prosperaron.
El PAN y el PRI, lejos de limitarse a denunciar la táctica, la replicaron con sus propios nombres: el PAN organiza procesos para elegir «Defensores de México» o «Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad», y a nivel municipal figuras como «Coordinador Municipal de la Defensa del Cambio y la Familia». El PRI, por su parte, ni siquiera adopta un título: su representante ante el INE ha sostenido que el partido solo realiza «trabajo territorial en sus términos ordinarios».
A esas figuras se suma el uso del cargo público como plataforma de promoción disfrazada de rendición de cuentas —legisladores que despliegan espectaculares bajo el pretexto de un informe de actividades legislativas mientras confirman, en paralelo, su participación como aspirantes internos—, y el aprovechamiento de la ventana de tiempo entre el fin de un periodo y el arranque formal del proceso electoral en septiembre, que los partidos usan para adelantar entre seis y nueve meses la definición de candidaturas sin que exista, formalmente, un «proceso electoral» en marcha.
El resultado acumulado es medible: hacia inicios de julio ya se habían presentado 416 quejas por promoción adelantada a nivel nacional, y el consejero Castillo ha documentado más de 180 denuncias formales en 23 estados por posibles actos anticipados. La consecuencia histórica, sin embargo, ha sido casi nula en sanciones reales.
Tamaulipas, el mismo patrón en escala local
Tamaulipas no observa este fenómeno desde fuera. El estado llegará a 2027 con 43 ayuntamientos y 36 diputaciones locales en disputa, en la última elección antes de que la prohibición de reelección consecutiva entre plenamente en vigor a partir de 2030. De esas posiciones, 30 alcaldes y 27 diputados locales todavía conservan el derecho de buscar un nuevo periodo, mientras que nueve municipios —Altamira, Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria y Díaz Ordaz por Morena; Valle Hermoso, Gómez Farías, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo y Llera por el PAN; y Güémez por el PRI— tendrán sucesión obligada por haber agotado ya dos periodos consecutivos.
En ese terreno, Morena replica exactamente el mismo mecanismo que usa a escala nacional: la instrucción del partido es identificar a sus precandidatos locales bajo la figura de «coordinadores de la defensa de la cuarta transformación», la misma fórmula que evita la etiqueta de precandidatura y, con ella, la obligación de reportar gastos. El PAN y el PRI han respondido en el mismo sentido, adelantando también la definición de sus propios perfiles para alcaldías y curules antes de que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) abra formalmente el proceso.
La presión política, además, corre más rápido.
El gobernador Américo Villarreal Anaya pidió a los integrantes de su gabinete y a los legisladores con aspiraciones definir cuanto antes si permanecen en sus cargos o buscan una candidatura, precisamente para evitar que se utilicen recursos públicos de manera inadecuada.
Ese llamado ya tiene nombres concretos: funcionarios estatales como Karl Heinz Becker Hernández, Ninfa Cantú Deandar, Gerardo Illoldi o Silvia Casas González aparecen en las quinielas para alcaldías o diputaciones, mientras que buena parte de la actual bancada legislativa —Marcelo Abundiz, Magaly Deandar Robinson, Víctor García Fuentes, Katalyna Méndez, Humberto Prieto, Isidro Vargas, entre otros— ya se mueve hacia alcaldías antes que hacia la reelección en su curul, en un patrón que se repite entre los diputados federales tamaulipecos, la mayoría de los cuales podría reelegirse pero prefiere intentar el salto municipal.
A esa dinámica se suma una variable adicional: el deterioro visible de la alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México, que en municipios como Reynosa y Nuevo Laredo ya empieza a operar como receptáculo político para figuras que no logran el aval del partido mayoritario, intensificando la carrera por posicionarse antes de que se definan las reglas internas de cada instituto.
Un ciclo que se repite
Nada de esto es nuevo, y esa es, quizás, la observación más incómoda. El mecanismo de los coordinadores, la interpretación restrictiva del elemento subjetivo, la fragmentación de competencias entre el INE y las autoridades locales, y la falta de sanciones efectivas ya operaron en 2023 y 2024 sin que la autoridad electoral aprendiera la lección ni cerrara el resquicio.
Consciente del riesgo, el consejero electoral Arturo Castillo propuso desde marzo pasado que el INE emitiera lineamientos para fiscalizar los procesos internos anticipados. El 27 de mayo, su propuesta —que planteaba prohibir el uso de tiempos oficiales para actividades intrapartidistas y sumar los gastos irregulares a los topes de campaña— fue rechazada por ocho de los 11 consejeros del Consejo General. Ese mismo día se discutió una propuesta alterna, más moderada, del consejero Jorge Montaño, cercano a la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, enfocada solo en las 17 gubernaturas en disputa el próximo año.
Semanas después, el propio documento de Montaño —ahora bajo el nombre de «Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027″— pareció tener el respaldo necesario para aprobarse. No ocurrió así: el Consejo General votó retirarlo del orden del día, con el argumento de que PRI, Morena, PAZ y Partido Verde pidieron que antes se incorporaran sus observaciones. PRI y Morena fueron más allá y aseguraron que las actividades de sus militantes rumbo a 2027 no constituyen actos anticipados.
Esta semana, el mismo documento volvió a la mesa y volvió a bajarse, ahora con el respaldo explícito de Morena, PVEM y PRI —los partidos que ya tienen procesos internos en marcha—. Solo los consejeros Arturo Castillo y Martín Faz, y la consejera Carla Humphrey, votaron en contra del retiro. La discusión quedó pospuesta hasta la tercera semana de agosto, ya que de por medio se atraviesa el periodo vacacional del Instituto. El representante del recién creado partido Somos México, Marco Antonio Baños, resumió la frustración de los partidos pequeños: «Todo mundo sabe que hay precampañas adelantadas en el país. Todo mundo sabe que hay inequidad en la contienda… y los partidos nuevos estamos en desventaja».
El INE, además, ha optado por una defensa jurisdiccional: sostiene que no tiene competencia para fiscalizar actos anticipados en procesos electorales locales, solo en la elección federal de diputaciones, y remite esa responsabilidad al Tribunal Electoral y a las autoridades de cada entidad. El resultado es un sistema de fiscalización fragmentado, donde la vigilancia depende de la voluntad de cada instituto local: en Baja California, por ejemplo, el organismo estatal desechó una queja del PRI contra una senadora de Morena, y tuvo que ser el Tribunal Electoral quien revirtiera esa decisión.
