Por. Josué Sánchez Nieto
Durante años, algunas formas de violencia encontraron refugio en la frase: “aguántese como los hombres”; pero cuando la burla utiliza la edad, el cuerpo o el género para degradar, el límite entre la broma y la discriminación es prácticamente inexistente.
Hace unos días, las diputadas poblanas Nay Salvatori y Grace Palomares desataron una polémica por comentarios sobre el físico de los hombres adultos mayores; e imagínense ustedes el nivel de este papelón, que gran parte de la sociedad llegó a coincidir con algunos comentarios del mismísimo exdiputado Sergio Mayer —sí, de ese nivel—.
Pero en temas tan delicados, el derecho no debería llevar un marcador del dolor.
Jurídicamente, la violencia no depende de quién la ejerce, sino de la conducta, su contexto y la afectación a la dignidad, la integridad o la igualdad. En definitiva, el género puede agravar una violencia nacida de estereotipos o relaciones de poder, pero no convierte toda ofensa en infracción, ni reserva a un solo sexo la posibilidad de violentar o ser violentado.
Y hay que decirlo fuerte y claro: reconocer esto en ninguna manera debilita la causa feminista. Las leyes especiales para las mujeres responden a una desigualdad histórica y estructural que sigue provocando agresiones y muertes; aunque algunos “tengan otros datos”.
Indudablemente, esta protección especializada debe fortalecerse; pero también es cierto que una política seria de igualdad no debería negar otras violencias por ser menos frecuentes, menos estudiadas o, inclusive, más fáciles de ridiculizar.
El caso en particular exige una mirada y un análisis interseccional: las personas aludidas no fueron sólo hombres, sino hombres adultos mayores. Alguien puede no pertenecer a un grupo históricamente subordinado por una característica y estar expuesto a discriminación por otra; en cualquier caso, la dignidad no se pierde al cruzar de una categoría a la siguiente.
En nuestro estado, la ley ya prohíbe la discriminación por género y edad, y contempla la ofensa o ridiculización de mayores de sesenta años mediante mensajes en medios. Es decir, en Tamaulipas, frente a un episodio de esta naturaleza, no existe un vacío absoluto.
Inclusive, en mayo de 2024, el entonces diputado de Morena, Marte Alejandro Ruiz Nava propuso adicionar un artículo 18 Bis para considerar discriminatoria la violencia verbal dirigida a humillar a un hombre por odio o menosprecio a su condición.
Pese al tratamiento mediático, la realidad es que dicha acción legislativa no creaba un delito, ni imponía sanción alguna, únicamente agregaba una definición a la ley en materia de discriminación. Sobra decir que la iniciativa terminó siendo el objeto de burlas y, al final, fue dada de baja.
Sin embargo, a la luz de estos sucesos conviene volver al debate que, en su momento, aquella iniciativa planteó.
¿Debería retomarse? No intacta, pero si merece por lo menos un nuevo análisis. El diagnóstico, efectivamente, era atendible; el contexto y el planteamiento, en cambio, no eran los adecuados. “Menosprecio” o “violencia verbal”, sin umbrales claros, pueden invadir la libertad de expresión y confundir una opinión desagradable con una conducta ilícita.
En el plano legislativo, no basta bautizar una violencia: hay que establecer cómo se acredita, quién la atiende y qué daño repara.
Antes de legislar por reacción o por emoción, el Congreso Local debería elaborar un diagnóstico sobre violencias y prácticas discriminatorias contra hombres, desagregado por edad, ámbito y afectación; evaluar si las normas generales protegen efectivamente y, sólo entonces, decidir si hace falta una categoría específica o una fórmula que ampare a toda persona frente a violencia basada en sexo o género, sin desmontar la protección especial para las mujeres.
Ahora bien, también hay que dejarlo muy claro: de ninguna manera tendríamos que recurrir al populismo punitivo como es la costumbre del legislador tamaulipeco. Antes de ello se deben privilegiar cuestiones enfocadas a la prevención, la recopilación de datos y la elaboración de rutas de atención que pueden servir más que otro delito de aplicación improbable.
En este punto, tal vez la propuesta de Marte no necesite ser resucitada, sino replanteada; y una Legislatura madura debería distinguir entre reírse de una iniciativa y debatir un problema que intenta visibilizar, porque si sólo reconocemos la violencia cuando la víctima coincide con nuestros estereotipos, no defendemos la igualdad: únicamente administramos prejuicios.
