En primera persona / Daniela Plata
Esta semana Matamoros se sumó a la lista. Una niña de 11 años, hospitalizada en el IMSS con un embarazo de cinco meses producto de una violación, recibió este martes una Interrupción Legal del Embarazo. Vecinos habían advertido señales desde antes; nadie actuó a tiempo. El IMSS la atendió dos veces por síntomas de embarazo y ambas descartó la posibilidad, hasta que un ultrasonido particular confirmó lo que la comunidad ya había denunciado al 911. La niña quedará bajo resguardo del DIF, al no existir condiciones de seguridad en su entorno. La Fiscalía investiga a varios adultos señalados como agresores; familiares de la niña aseguran haber alertado del riesgo desde hace años, sin que se les creyera. Hasta ahora, no hay detenidos.
El 18 de febrero, en Reynosa, una adolescente de 14 años murió en el Hospital General tras complicaciones por la ingesta de pastillas. El caso sigue abierto, pendiente de necropsia.
Dos historias, dos ciudades, un mismo patrón: niñas cuyos cuerpos se convierten en escenario de una violencia que la sociedad no quiere nombrar.
Cada año, miles de niñas mexicanas se convierten en madres. No es maternidad: es violencia que les arrebata educación, libertad e infancia. México ocupa uno de los primeros lugares de embarazo adolescente en América Latina. En 2024, el INEGI registró 89,527 nacimientos de madres de 10 a 17 años —uno de cada 19 en el país—. En 2025, el Consejo Nacional de Población documentó 7,887 nacimientos de niñas de 10 a 14 años: 22 al día.
El derecho a decidir es de todas, incluidas niñas y adolescentes. El acceso a la salud sexual y reproductiva no debería condicionarse a la edad, al estado civil ni al permiso de un adulto. Hablar de interrupción legal del embarazo es hablar del derecho a la vida y a un futuro para quienes aún no han construido uno. Y de que ninguna adolescente debería morir por un procedimiento clandestino cuando la vía legal existe, pero no llega a tiempo.
