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Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- El edificio destinado al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Victoria, construido entre 2020 y 2021 con una inversión superior a los 151 millones de pesos, permanece en el abandono.
Lleva sin operar más de cinco años después de la fecha en que debió entregarse, mientras la constructora que lo edificó y el Poder Judicial de la Federación mantienen un litigio abierto por el pago de finiquitos y penalizaciones.
La obra, ubicada en el libramiento Naciones Unidas, entre el Congreso del Estado y el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, se adjudicó en diciembre de 2019 mediante el contrato CJF/SEA/DGIM/LP/08/2019, por un monto de 151 millones 228 mil pesos, al equipo conformado por Construcciones y Desazolves Beet y Constructora El Cajón, esta última filial del consorcio Ingenieros Civiles Asociados (ICA).
El Acta de Notificación de Fallo, firmada por el entonces director de Presupuestos y Concursos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Carlos Enrique Rojas Plascencia, fijó un plazo de ejecución de 240 días naturales y estableció el 9 de julio de 2020 como fecha de entrega.
El edificio se terminó, pero nunca entró en funciones.
El estancamiento de la obra coincide con un litigio que Constructora El Cajón, a nombre de ICA, inició en 2025 contra el Órgano de Administración Judicial (OAJ), organismo que sustituyó al CJF tras la reforma judicial.
La empresa presentó tres demandas similares para reclamar finiquitos y penalizaciones por incumplimiento de contrato en la construcción de los centros de justicia penal federal de Ciudad Victoria, Los Mochis, Sinaloa, y Xochitepec, Morelos.
El OAJ respondió con contrademandas, al sostener que los finiquitos reales muestran incumplimientos atribuibles a la constructora, y obtuvo el embargo preventivo de cuentas bancarias de la empresa.
El litigio se complicó por el propio proceso de desaparición del CJF, que dejó de existir el 31 de agosto de 2025 para dar paso al OAJ. La contestación a las demandas de ICA se presentó el 5 de septiembre de ese año a nombre de Sergio Navarro Loubet, entonces director jurídico del extinto CJF. La constructora argumentó, mediante un incidente de falta de personalidad, que Navarro ya no tenía facultades para actuar, pues su cargo había concluido con la desaparición del Consejo, y que el nuevo titular del área jurídica del OAJ, Adrián Chávez Dosal, había sido designado desde el 2 de septiembre. De haber prosperado el argumento, el Poder Judicial habría perdido el litigio por no contestar en tiempo.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el 11 de agosto pasado, por siete votos contra dos, que ese incidente era infundado. El ministro Irving Espinosa Betanzo explicó que, para el 5 de septiembre, Navarro aún tenía facultades, porque el nombramiento del nuevo director se notificó formalmente hasta el 9 de septiembre, con efectos retroactivos. En contraste, el ministro Giovanni Figueroa Mejía sostuvo que no existía personalidad jurídica en las actuaciones realizadas por quien no tenía facultades. La ministra Loretta Ortiz Ahlf también votó en contra del proyecto.
La resolución del 11 de agosto se dio de manera específica dentro de la demanda relativa al Centro de Justicia Penal Federal de Los Mochis, por 154 millones de pesos, una de las tres presentadas por ICA. El caso de Ciudad Victoria, que enfrentó el mismo problema procesal derivado de la transición institucional, no ha sido resuelto de manera pública en definitiva, aunque el criterio fijado por el pleno sienta un precedente aplicable a los litigios paralelos.
Mientras el litigio de fondo continúa, sin que se haya determinado si el Poder Judicial de la Federación debe finiquito a la constructora o si procede la contrademanda por presuntos vicios ocultos, el edificio de Ciudad Victoria permanece sin fecha de apertura, casi seis años después del plazo original fijado para su entrega.
