Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Hasta ocho años de prisión y multas de hasta 2,000 UMAs podrían enfrentar quienes impartan servicios educativos sin autorización o reconocimiento de validez oficial en Tamaulipas, de acuerdo con una iniciativa aprobada por unanimidad por la diputación permanente del Congreso del Estado.
La propuesta plantea duplicar las sanciones actualmente previstas para quienes operen instituciones educativas al margen de la autorización oficial, además de establecer que la pena pueda aplicarse por cada plantel que funcione en estas condiciones.
El paquete de reformas aprobado contempla también castigar como fraude la expedición, entrega u ofrecimiento de títulos, diplomas o grados académicos que carezcan de la autenticación oficial correspondiente.
Durante la sesión, la diputada Francisca Castro Armenta presentó las iniciativas impulsadas por Yuriria Iturbe Vázquez e Isidro Jesús Vargas Fernández, orientadas a reforzar la protección de estudiantes frente a instituciones que ofrecen servicios educativos sin contar con autorización.
Una de las propuestas modifica el artículo 418 del Código Penal de Tamaulipas para incorporar como conducta constitutiva de fraude la expedición, entrega u ofrecimiento de documentos académicos que no cuenten con la certificación oficial correspondiente.
La segunda reforma plantea modificar el artículo 189 Ter para elevar de cuatro a ocho años de prisión la sanción por impartir educación sin autorización o reconocimiento de validez oficial.
También propone incrementar la multa de mil a 2,000 UMAs, además de establecer que la sanción se aplique por cada institución que opere irregularmente.
La diputada Castro Armenta señaló que las modificaciones buscan dar mayor certeza jurídica a quienes cursan estudios y evitar que terminen con documentos académicos que carezcan de reconocimiento oficial.
Las propuestas cuentan, de acuerdo con lo expuesto ante el Pleno, con opiniones favorables de la Secretaría de Educación y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Con las reformas, el Congreso busca fortalecer la respuesta penal frente a quienes obtengan un beneficio económico mediante la prestación irregular de servicios educativos o la expedición de títulos y diplomas sin validez oficial.
Las iniciativas fueron aprobadas por la Diputación Permanente y continuarán el proceso legislativo correspondiente.
