Marco Levario Turcott, editor de la revista Etcétera, se enteró el miércoles de que su función en la vida pública consiste en originar el mensaje, se lo explicaron desde Palacio Nacional, con diagrama y cifras, en una sección de la conferencia presidencial que se llama Derecho de Réplica, y lo primero que hizo fue pedir uno.
Sigue esperando, como los otros 53 nombres de esa capa, porque el ejercicio que los clasificó arrancó con 98 cuentas semilla escogidas por quien salió a buscar la red, y ese dato decide todo.
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia desde mayo y presidenta de Morena hasta esa fecha, presentó una observación de siete meses, del 1 de enero al 8 de agosto, levantada sobre esas semillas con cuatro consultas independientes.
Son cuatro capas: 54 cuentas de medios y comentaristas con 282 mil 866 publicaciones, a las que atribuyó el origen del mensaje; 32 de políticos opositores con 67 mil 215; 34 cuentas anónimas de ataque con 213 mil 580, y un anillo de 560 mil 520 cuentas automatizadas con 22 millones de publicaciones.
Ahí aparecen El Universal, Reforma, Aristegui Noticias y Latinus, junto a Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, Héctor de Mauleón y Amparo Casar, entre otros, gente con oficio, domicilio fiscal y firma al pie.
El problema técnico antecede al político, porque un grafo levantado desde semillas que escoge el analista arrastra ese sesgo, todo lo que roza una semilla entra al conjunto y el resultado dibuja el criterio antes que el fenómeno; entre estar automatizado, estar coordinado y estar pagado hay tres saltos que la exposición dio sin escalas.
La geolocalización es el punto más frágil, Alcalde afirmó que 33% de las menciones puede ubicarse territorialmente, cuando la plataforma retiró el etiquetado preciso de ubicación en 2019 y el campo de perfil admite cualquier texto, incluida la Luna.
Nada de esto niega el fenómeno, las redes de amplificación inauténtica existen y operan en campañas de medio mundo, incluidas las que favorecen a este gobierno; lo que cambia todo es haber puesto en un mismo diagrama a cuentas automatizadas y a periodistas con nombre, porque la sospecha sobre las primeras se derrama sobre los segundos sin que nadie lo diga.
El derecho que da nombre a la sección tiene ley reglamentaria desde 2015, y su artículo 4 enumera a los sujetos obligados, medios de comunicación, agencias de noticias, productores independientes y cualquier otro emisor responsable del contenido original, figuras que el artículo 2 acota al circuito de la difusión masiva reglamentada; el gobierno no aparece ahí, así que la conferencia lleva el nombre de un derecho que no está obligada a conceder, y quien queda en pantalla no tiene vía legal, sólo la voluntad de quien sostiene el micrófono.
El jueves la presidenta cerró la puerta a la réplica en tiempo real que pidió el PAN y sugirió que la oposición monte su propia conferencia; la simetría no existe, la mañanera es infraestructura pública y la paga igual quien salió en la lista y quien no.
Jorge Romero habló de paredón mediático, Rubén Moreira invocó a Stalin, y volvió a circular el hilo del 24 de octubre de 2021, cuando la hoy presidenta escribió que hacer listas con amenazas implícitas es rasgo del fascismo.
Artículo 19 aporta el contexto que faltó: en 2025 documentó 451 agresiones contra la prensa mexicana y en 227 casos, más de la mitad, la responsabilidad directa fue de algún nivel de gobierno; en ese informe, del 6 de mayo, reconoció que había bajado la estigmatización desde la conferencia federal y pidió que esos espacios no se conviertan en generadores de listas negras de periodistas, recomendación dirigida a la federación y a los estados, tres meses antes del miércoles.
El desglose importa, de las agresiones atribuibles al Estado 54.63% ocurrió en el ámbito estatal y 28.63% en el municipal, contra 16.74% federal; el formato del miércoles es portátil, cuesta una laptop y un proyector, y lo repetirá cualquier vocería sin cámaras.
El estudio se titula Cuando el eco se disfraza de conversación, y el lenguaje hace el resto, anatomía, ecosistema, capas, anillo de amplificación, vocabulario de laboratorio aplicado a adversarios políticos, con un efecto exacto, un diagnóstico no se discute, se trata; quien nombra decide qué parte del cuerpo público está sana y cuál es infección, y esa potestad no la repartió ninguna urna.
Queda el remate involuntario, la Consejería Jurídica dedicó su miércoles a documentar que una cuenta anónima arranca a las seis de la mañana, publica 36 veces al día y dirige 96% de sus mensajes contra la presidenta, el aparato jurídico del Estado contra un avatar con horario de oficina.
Y queda la semana que la lista se llevó por delante, porque el lunes 10 circuló un cuarto audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el que dos interlocutores le ofrecen una última oportunidad de cooperar con autoridades estadounidenses mediante una proffer letter, el acuerdo por el que un investigado entrega información a fiscales de aquel país a cambio de inmunidad temporal.
El gobierno de Baja California confirmó que las grabaciones existen, las calificó de descontextualizadas y negó tanto las reuniones como la firma de ese documento, mientras ninguna autoridad estadounidense ha confirmado que exista investigación o cargos en su contra; la serie empezó el 21 de junio, con las tres primeras grabaciones publicadas por Héctor de Mauleón en El Universal, el mismo que el miércoles quedó clasificado en la capa de los que originan el mensaje.
Las capacidades del Estado se miden mejor puestas una junto a otra, de un lado siete meses de monitoreo, 98 semillas y 560 mil cuentas rastreadas; del otro, la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión había atraído hasta diciembre dos carpetas por asesinato de periodistas, y en una descartó el vínculo con el oficio.
Así que quedan dos preguntas, si el mapa era tan sólido, ¿para qué presentarlo en el único foro del país donde el aludido no puede contestar?, y la otra, ¿de qué dejamos de hablar mientras leíamos la lista?
