NORA MARIANELA GARCIA RODRIGUEZ
Expreso-La Razón
La primera diferencia es de método; los CDC de Estados Unidos publicaron en 2025 su medición más reciente y encontraron autismo en 1 de cada 31 menores de ocho años, la actualizan cada dos años y la desglosan por estado y por origen étnico, mientras México sigue citando el único estudio de prevalencia de su historia, uno de 2016 financiado por una organización extranjera, que estimó 1 de cada 115.
Medir cambia lo que se ve, el propio reporte estadounidense encontró brechas enormes entre territorios, desde 1 de cada 103 niños en Laredo, Texas, hasta 1 de cada 19 en California, una variación que refleja capacidad de detección más que biología; en México no existen datos comparables para un análisis así.
Esa ausencia de medición tiene rostros concretos, uno se llama Pedro, tenía dos años cuando las palabras que ya había conquistado empezaron a apagarse una por una y la casa se quedó en silencio.
Mi hijo dejó de buscar los ojos de los demás y el entorno físico comenzó a resultarle intolerable, las etiquetas de la ropa le quemaban, cualquier costura lo desesperaba y ciertas texturas de la comida le provocaban arcadas que acababan en llanto.
Después llegaron las batallas nocturnas, conciliar el sueño se volvió una lucha de horas, y del otro lado de la pared mi hija recién nacida pedía pecho cada tres horas, así que mi cuerpo aprendió a repartirse entre una lactancia y una crisis.
En el fondo yo lo sabía, con esa certeza que a las madres nos llega mucho antes que cualquier estudio; algo no andaba bien, y entre la maternidad doble, el agotamiento y el dolor entendí que seguir esperando era otra manera de abandonarlo.
Llegué al primer neurólogo sin saber nada de neurodivergencia, el especialista hizo una serie de preguntas, interactuó con Pedro un rato y dio su impresión diagnóstica: autismo severo.
El golpe fue muy duro, aunque apenas comenzaba el proceso; siguieron las pruebas neurocerebrales, las evaluaciones de funciones corticales, los electroencefalogramas y las adaptaciones de medicamento con sus ensayos y sus efectos, hasta que Pedro cumplió tres años y el diagnóstico por fin fue certero, trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Aquella primera confusión tiene explicación clínica, en la primera infancia el autismo y el TDAH comparten señales tempranas, la mirada esquiva, la hipersensibilidad sensorial, las alteraciones de sueño y de lenguaje, y separarlos requiere observación prolongada con equipos interdisciplinarios, recursos que el sistema público mexicano ofrece de manera muy limitada.
El censo que no existe
La cifra mexicana de 2016 calculó unos 400 mil niños con espectro autista y documentó que solo 22% había sido diagnosticado antes de los cinco años; una década después esa sigue siendo la referencia oficial, en un país sin registro nacional, sin tamizaje universal en primera infancia y sin censo de neurodivergencia.
Con el TDAH el panorama es más grande y más opaco, la OMS estima que 5% de la niñez mundial vive con el trastorno, en México los especialistas calculan alrededor de un millón y medio de menores y la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica arroja que apenas 8% cuenta con diagnóstico y tratamiento; los propios psiquiatras advierten que la mayoría de los casos sin detectar se interpreta como mala conducta.
Para atenderlos, el censo académico más reciente de la UNAM contó 365 paidopsiquiatras en todo el país, una tasa de 0.28 por cada 100 mil habitantes con 6 de cada 10 concentrados en tres ciudades; la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica agrupa a poco más de 500 especialistas y existe un solo hospital psiquiátrico infantil público, en la capital de la república.
Fuera de las grandes ciudades eso se traduce en traslados, listas de espera de meses y consultorios privados como única salida rápida, de modo que la edad del diagnóstico depende del domicilio y del ingreso, y cada mes perdido en la primera infancia pesa doble, porque es la etapa en que el cerebro responde mejor a la intervención.
La consecuencia presupuestal es directa, sin registro no hay partida; ninguna ley de egresos asigna recursos a una población que oficialmente no está contada.
La factura familiar
Cada puerta equivocada del recorrido cuesta, una consulta privada con neurólogo pediatra o paidopsiquiatra va de 800 a 2 mil pesos según las tarifas que publican los propios especialistas, y una evaluación completa multiplica esa cifra varias veces.
Los testimonios recogidos por medios especializados en discapacidad ubican las terapias entre 250 y mil 500 pesos por sesión con esquemas de tres o más sesiones semanales; una familia de la capital del país documentó en junio pasado un gasto cercano a 24 mil 200 pesos mensuales por dos hijas neurodivergentes, sin cobertura de ningún seguro.
El salario mínimo general de 2026 quedó en 9 mil 582 pesos mensuales, de modo que un mes de atención integral equivale a dos salarios y medio completos; el acceso a la atención queda determinado por el ingreso del hogar.
El medicamento agrega otra carga, un frasco de metilfenidato de 30 tabletas ronda los 2 mil pesos en farmacia privada, se surte con receta de medicamento controlado que la farmacia retiene y que caduca al mes, así que cada resurtido implica pagar otra consulta; el desabasto en instituciones públicas está documentado y la propia Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica lo denunció.
En ese vacío creció un mercado de clínicas y terapeutas con certificaciones desiguales y métodos sin supervisión sanitaria específica, que compiten por familias sin herramientas para distinguir la evidencia científica del negocio.
La orientación tampoco proviene del Estado, circula en grupos de mensajería donde las madres intercambian nombres de médicos, dosis y precios, una red informal que suple la ruta pública de atención que no existe.
Queda lo que ningún recibo registra, la asistente educativa que las familias pagan de su bolsillo, las clases adicionales, los materiales sensoriales, las jornadas laborales perdidas y una economía del cuidado cargada casi por completo sobre mujeres que reducen horarios o renuncian al empleo para atender a sus hijos sin salario.
El aula en Tamaulipas
En Tamaulipas las cifras oficiales del sector educativo reportan 23 mil 800 alumnos de educación especial atendidos por mil 501 docentes mediante 62 centros de atención múltiple y unidades de apoyo en 139 escuelas de educación básica; el servicio opera solamente en 28 de los 43 municipios y los otros 15 carecen del servicio.
Victoria concentra 8 mil 430 de esos alumnos con 571 maestras y maestros, en algunas unidades cada docente atiende en promedio casi 15 estudiantes y el apoyo real se limita a una o dos sesiones semanales de 40 a 50 minutos, con déficit de psicólogos, el perfil clave para la detección escolar.
Opera además la regla no escrita de muchos planteles, el alumno permanece si la familia contrata y paga a su propia asistente, de modo que la gratuidad constitucional se cumple solo para quien puede costear ese complemento privado.
Conviene registrar el avance local, un estudio del Senado identifica a Tamaulipas como una de solo dos entidades cuya legislación nombra el neurodesarrollo y la neurodiversidad más allá del autismo; el marco estatal dio el paso sin que la bolsa federal correspondiente lo haya acompañado.
El problema de fondo tiene remitente identificable, la Ley General en la materia data de 2015 y acumula once años sin actualización sustantiva, las reformas para dar flexibilidad laboral a madres y padres de hijos neurodivergentes siguen pendientes de dictamen en el Congreso de la Unión, y la federación destina a salud mental 1.5% del gasto en salud contra el 5% que recomienda la OMS, con un recorte adicional de 90.9 millones de pesos para 2026, 13.8% por debajo de lo ejercido en 2024.
Mientras tanto el sistema se sostiene con trabajo no pagado, la primera línea de atención es una madre convertida en enfermera, gestora, terapeuta y traductora de su propio hijo, que además soporta las miradas ajenas que confunden una crisis sensorial con un berrinche.
Cada abril los edificios públicos se iluminan de azul y se multiplican los pronunciamientos por la inclusión, actos que no han modificado el presupuesto ni la plantilla de especialistas; terminado el mes, el costo regresa a las familias.
Y faltan las crisis, lo que ninguna estadística captura, el llanto que nada calma, la culpa, el duelo por el hijo que se había imaginado y el amor por el hijo real; la ley promete atención integral mientras las familias reportan listas de espera y servicios saturados, y la mía es apenas una de las miles de historias de madres de niños neurodivergentes que este país no ha querido contar.
Pedro avanza hoy con medicamento, terapia, clases adicionales, asistente educativa en la escuela y un gasto permanente, tuvo diagnóstico porque su familia pudo pagarlo y sostenerlo, y la pregunta abierta es cuántos niños siguen sin nombre clínico porque en su casa el dinero no alcanza.
La ruta de salida está descrita hace años en la literatura de política pública, tamizaje universal del neurodesarrollo desde los 18 meses en centros de salud y preescolares, la ventana donde la intervención rinde más; un registro nacional que convierta a esta población en línea presupuestal; elevar el gasto en salud mental al 5% que recomienda la OMS, cerca de 6 mil millones de pesos adicionales al año según el CIEP, el triple de la bolsa actual; dictaminar la flexibilidad laboral para cuidadores que espera en comisiones y certificar el mercado de terapias que opera sin reglas; la inversión en primera infancia figura entre las de mayor retorno documentado, así que el pendiente es de voluntad presupuestal antes que técnico, y mientras esa voluntad llega, la detección temprana en México seguirá corriendo por cuenta del instinto de una madre sin dormir.
