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Expreso-La Razón
México entrará en una nueva etapa de explotación del gas no convencional, particularmente a través de la práctica del fracking, y Tamaulipas será un escenario principal.
El Grupo de Trabajo sobre Yacimientos de Gas No Convencional, integrado para asesorar a la Presidencia de la República sobre el método del fracturamiento hidráulico, concluyó que la técnica no debe aplicarse en la Cuenca Tampico-Misantla —que incluye la porción sur de Tamaulipas— debido al rechazo social sostenido durante más de una década en la región.
En cambio, planteó un panorama distinto para la Cuenca de Burgos, en el norte del estado, donde propuso avanzar con fases piloto limitadas, reversibles y sujetas a monitoreo independiente.
El documento fue elaborado a través de cuatro subgrupos especializados: Ingeniería, Agua, Impacto, y Planeación y Prospectiva.
De acuerdo con el análisis, tanto la Cuenca Tampico-Misantla como la Cuenca de Burgos concentran una parte relevante del potencial nacional de gas no convencional: la primera aporta 14.6 por ciento de los recursos prospectivos del país, con una riqueza adicional en aceite y condensados, mientras que la segunda concentra 38.1 por ciento del total nacional, con abundancia tanto de gas húmedo como de gas seco.
El documento describe a Burgos como la continuación directa, en territorio mexicano, de la formación Eagle Ford de Texas, la cual detonó la llamada revolución del shale en Estados Unidos.
Sin embargo, el grupo de trabajo estableció que el potencial geológico no es, por sí solo, criterio suficiente para autorizar la explotación. El documento identifica un conjunto de variables sociodemográficas, económicas y de infraestructura que, en el caso de Tampico-Misantla, apuntan de manera consistente hacia la inviabilidad social del fracturamiento hidráulico, mientras que en Burgos identifican condiciones más favorables, aunque no exentas de riesgos propios.
Por qué no en la Huasteca
La Cuenca Tampico-Misantla abarca 46 municipios distribuidos en cuatro entidades —Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, además de la porción tamaulipeca de la cuenca—, con una población total de un millón 926 mil personas, de las cuales un millón 244 mil se encuentran en edad productiva. El documento identifica como los grupos más sensibles ante posibles impactos ambientales a 420 mil 054 niños menores de cinco años y a un millón 114 mil 247 mujeres en edad reproductiva.
El perfil social de la región, de acuerdo con el análisis, es marcadamente distinto al de las zonas del norte del país consideradas para la técnica: existen más de dos mil localidades rurales, 40 por ciento de la población habla una lengua indígena —con mayor presencia en la Huasteca potosina—, 86 por ciento carece de acceso a servicios de salud y 36 por ciento vive en condiciones de pobreza. El nivel promedio de escolaridad en la región es de 8.8 años. Además, más de 40 por ciento de la tierra es de propiedad ejidal y comunal, repartida en 2 mil 081 ejidos y comunidades, lo que implica un régimen de tenencia de la tierra considerablemente más fragmentado que el observado en el norte del país.
La economía de la región, según el documento, se sostiene principalmente en la agricultura de autoconsumo, el cultivo de frutales para el mercado y, en la zona de la Huasteca, el turismo, actividad que representa una fuente vital de empleos e ingresos para miles de familias. El grupo de trabajo advierte que la práctica del fracturamiento hidráulico tendría impactos graves en estas actividades económicas, los cuales no serían compensados por los empleos que genera la industria del gas, ya que estos tienden a ser temporales, limitados y ocupados mayoritariamente por cuadrillas de trabajadores externos a la región.
A esta ecuación económica y demográfica se suma, de acuerdo con el documento, un factor determinante: el rechazo social hacia el fracturamiento hidráulico se ha mantenido de forma sostenida por más de diez años en la región. Desde 2012 existen en la Huasteca y la Sierra Norte de Puebla decenas de comités de información ciudadana, y se han realizado seis foros regionales sobre el tema. Decenas de cabildos municipales han declarado a sus territorios como «zonas libres de fracturamiento hidráulico», movimiento que en 2018 llegó a contar con el respaldo tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí.
El documento identifica además conflictos específicos ya consolidados, como el que persiste en la zona de El Tajín y Papantla, donde el fuerte rechazo social responde, según el análisis, a afectaciones ambientales previas generadas por Pemex que han quedado sin resolver durante años, lo que ha generado desconfianza acumulada y un sentimiento de agravio entre la población. De forma más amplia, el grupo de trabajo documentó entre los habitantes de la región el temor de que la llegada del fracturamiento hidráulico derive en división comunitaria, violencia, el favorecimiento de actividades ilícitas y la atracción de grupos criminales a la zona, además de preocupaciones por afectaciones a la salud pública derivadas de la contaminación.
Por qué sí en el norte
El panorama que describe el documento para la Cuenca de Burgos es distinto en varios de sus componentes centrales. La cuenca abarca 22 municipios distribuidos entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con una población total de un millón 150 mil 346 personas, mayoritariamente urbana —más de 70 por ciento— y con una densidad de población rural considerablemente menor a la registrada en Tampico-Misantla.
El documento identifica a 35 mil 385 niños en primera infancia y 89 mil 438 mujeres en edad reproductiva como los grupos más sensibles ante una eventual contaminación ambiental en la zona.
En términos de escolaridad y acceso a servicios, el perfil de Burgos también difiere del de Tampico-Misantla: la escolaridad promedio en la región equivale a secundaria completa, aunque el acceso a servicios de salud es aún más limitado, con apenas 14 por ciento de la población con derecho a estos servicios.
La economía de la cuenca se sostiene en la minería de carbón, la actividad industrial fronteriza y la ganadería extensiva. En cuanto a la tenencia de la tierra, 22 por ciento es de propiedad ejidal, mientras que el resto corresponde a ranchos privados, un esquema menos fragmentado que el de la cuenca del sur.
Los niveles de pobreza en la región son bajos en comparación con el resto del país, entre 15 y 25 por ciento, aunque el documento precisa que estos niveles son ligeramente mayores en la porción correspondiente a Tamaulipas.
El grupo de trabajo describe a Burgos, junto con la cuenca de Sabinas-Burro-Picachos, como una zona de «madurez exploratoria» y la identifica como prioritaria para el desarrollo de fases piloto de fracturamiento hidráulico en el noreste del país, en buena medida por su cercanía con infraestructura de gasoductos ya existente, lo que facilitaría y abarataría el transporte del gas producido.
En un escenario de desarrollo de nueve de los 42 bloques disponibles entre ambas cuencas, el documento estima que podría sostenerse una plataforma de producción de hasta 3.55 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, equivalente a la tercera parte del consumo nacional actual.
Ese potencial, señala el documento, resulta estratégico en el contexto de la dependencia energética del país: México importa actualmente entre 75 y 90 por ciento del gas natural que consume, principalmente proveniente de Estados Unidos.
Con todo, el grupo de trabajo no describe a Burgos como una región exenta de riesgos. El documento señala expresamente una fuerte presencia de grupos criminales en la zona, factor que se suma a las preocupaciones expresadas tanto en localidades urbanas como rurales por el eventual impacto del fracturamiento hidráulico en la disponibilidad y calidad del agua —un recurso especialmente sensible en una región árida— y por el riesgo de sismicidad inducida asociada a la inyección de aguas residuales en formaciones profundas.
El agua como eje transversal de la decisión
Para ambas cuencas, el grupo de trabajo estableció que el uso de fracturamiento hidráulico solo es viable si su desarrollo se desvincula por completo del consumo de agua dulce apta para la población y para las actividades productivas preexistentes. La alternativa técnica propuesta consiste en el uso de agua de formación salina profunda, no apta para consumo humano, y el reciclaje en circuito cerrado del agua de retorno, con tasas de recuperación de hasta 90 por ciento. En el caso específico de Burgos, el documento recomienda el uso de reservorios profundos salinos de las formaciones Olmos y Escondido, con salinidades superiores a 20 mil partes por millón.
El grupo de trabajo advierte, sin embargo, que persiste incertidumbre sobre la disponibilidad real de agua suficiente para sostener una perforación masiva en el noreste del país, por lo que considera prioritario realizar estudios de línea base hídrica antes de cualquier intervención en el subsuelo. El documento subraya, además, la necesidad de establecer programas de monitoreo hídrico independientes, operados por instituciones académicas, así como de identificar con precisión las fuentes de agua salina disponibles antes de autorizar cualquier fase de perforación.
En lugar de una autorización general para la explotación de gas no convencional, el grupo de trabajo propuso un mecanismo de validación gradual estructurado en cuatro etapas: integración de información técnica, ambiental y social; ejecución de pruebas piloto con toma intensiva de datos; definición de parámetros clave de viabilidad —como repetibilidad operativa, curvas de producción, recuperación final de hidrocarburos, costos reales, gestión de agua, emisiones y aceptación social—, y, finalmente, una decisión de escalamiento basada exclusivamente en los resultados obtenidos en las etapas previas.
