Andy López Beltrán afirmó el jueves pasado que Washington le canceló la visa, y en cuestión de horas el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador convirtió el trámite migratorio en una carta abierta dirigida a Donald Trump, en la que acusó al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau, a quien llamó «el Quitavisas», de tomar una decisión con motivación política. Es su versión, no una confirmación del gobierno estadounidense, que por norma no comenta casos individuales.
Y en eso la ley estadounidense le da la razón, aunque no en el sentido que a él le convendría. El Departamento de Estado puede revocar una visa sin ofrecer explicaciones públicas, porque conceder o retirar ese documento es una facultad soberana que no exige acusación penal ni prueba de delito, algo que Washington repite cada vez que un funcionario mexicano exige una respuesta.
El caso de López Beltrán no está solo. Reuters reportó en octubre de 2025, citando a dos fuentes oficiales mexicanas no identificadas, que Washington habría cancelado las visas de más de 50 políticos y funcionarios, la mayoría de Morena, aunque hasta ahora solo un puñado lo ha confirmado de forma pública y directa. El caso más claro es el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien reconoció ella misma en mayo de 2025 la cancelación de su visa. Otros nombres que circularon después, se sostienen en reportes de prensa basados en fuentes anónimas del Departamento de Estado, mientras que la Cancillería mexicana negó públicamente haber recibido cualquier notificación oficial sobre ellos. Es decir, buena parte de esa lista de 50 sigue siendo versión periodística, no un hecho confirmado por las partes involucradas.
Lo que sí confirmó el propio Departamento de Estado, sin distinguir nacionalidades ni cargos, es que ha revocado más de 175 mil visas en total desde enero de 2025, la mayoría por acusaciones criminales que incluyen narcotráfico, agresiones y fraude, y que en agosto amplió sus criterios de revocación hasta alcanzar a familiares y asociados de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Más allá de la libertad que tiene un país para cancelar visas a quien considere conveniente, del encuadre que cada afectado elija para defenderse o de lo que reclame en público, hay una tensión bilateral que se endurece con cada nombre nuevo, confirmado o no, que se suma a la conversación. Y esa tensión tiene un entramado político de fondo anterior a la primera visa retirada: la designación de los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, que el Departamento de Estado formalizó en febrero de 2025 con ocho organizaciones y que para julio de este año ya sumaba más grupos, entre ellos el Cártel de Juárez y Los Viagras. Esa etiqueta no solo endurece el discurso, abre herramientas legales, sanciones financieras y hasta procesos por «apoyo material» que antes no existían para tratar con estos grupos.
¿Qué hay detrás de esa arquitectura? Quienes cuestionan la ofensiva insisten en la asimetría de siempre: del sur llegan las drogas, repite Washington, pero del norte sigue llegando el arsenal que surte a los mismos cárteles señalados, un flujo que rara vez ocupa el mismo espacio en la conversación pública que ocupan los decomisos de fentanilo. La política de visas, leída así, castiga con nombre y apellido un lado de la cadena mientras el otro sigue circulando con menos escrutinio.
Hay, además, un objetivo que trasciende a México. La misma etiqueta terrorista se extendió desde 2025 a grupos de Ecuador, Colombia, Venezuela y Centroamérica, y el propio embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, adelantó en abril una campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos ligados al crimen organizado. No es solo un pleito bilateral, es parte de un tablero donde Washington busca gobiernos más cercanos en todo el continente, alineados frente al narcotráfico y frente a sus rivales geopolíticos.
Y hacia adentro, la ofensiva también cumple una función: cada visa cancelada, confirmada o solo reportada, alimenta ante el electorado estadounidense la narrativa de una administración que sí está combatiendo al narco, aunque las cifras de consumo y sobredosis en su propio territorio no bajen en la misma proporción que crece la lista de sancionados.
México, mientras tanto, está atrapado en su propia disyuntiva. Puede hacer la limpia por cuenta propia, con costos internos altos, o puede dejar que Washington marque el ritmo con sanciones migratorias que la propia presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una forma de «injerencia» política tras conocerse el caso de López Beltrán. Ninguna de las dos rutas es gratuita, y ambas suponen ceder algo: soberanía en un caso, legitimidad interna en el otro.
El momento no ayuda. La polarización interna mexicana no baja de intensidad, y el próximo 10 de septiembre arranca formalmente el proceso electoral que en junio de 2027 renovará los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, doce de ellas hoy en manos de Morena. Cada visa cancelada, o simplemente atribuida, a un funcionario del partido en el poder se convierte de inmediato en material de campaña, tanto para quien la usa como prueba de persecución como para quien la usa como prueba de complicidad.
Al final, habría quien si Estados Unidos tiene derecho a cancelar una visa, que lo tiene, sino qué uso le da a ese derecho, confirmado o rumorado, cuando lo convierte en instrumento de presión hacia un vecino que enfrenta al mismo tiempo una guerra contra el crimen organizado y una elección que decidirá buena parte de su mapa político. Entre ese cálculo binacional y el calendario electoral mexicano, lo que se está negociando ya no es solo un permiso migratorio.
