Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- En más de una década las autoridades de los 3 órdenes de gobierno no han podido controlar la explotación de materiales pétreos en Tamaulipas, lo que representa un daño grave al medio ambiente a las zonas naturales más emblemáticas del estado.
Hasta julio de 2026 en Tamaulipas estaba registrado formalmente apenas un banco de materiales.
En 2025 fueron inspeccionados 15 de estos bancos y un 40 por ciento -4 de cada 10- realizaba operaciones fuera de la ley.
Solo 10 bancos han sido clausurados por incumplimientos ambientales y administrativos.
Cuatro han regularizado su función después de procedimientos de supervisión y 5 permanecen en proceso de regularización.
La extracción de arena, grava, piedra y caliza en la Sierra Madre Oriental obliga a que sean eliminadas grandes extensiones de vegetación, con la alteración permanente de laderas y la modificación del relieve natural de la sierra, un ecosistema estratégico para la captación de agua, la conservación de biodiversidad y la estabilidad de los suelos.
Entre los daños por la explotación de bancos de materiales destacan la degradación y erosión acelerada del suelo; pérdida de vegetación nativa; destrucción y fragmentación de hábitats para la fauna silvestre; emisión de polvo y partículas contaminantes; sedimentación y afectación de arroyos y cuerpos de agua; posibles impactos sobre acuíferos y mantos subterráneos; cambios permanentes en el paisaje serrano.
Este panorama se agrava cuando las operaciones de esas empresas carecen de planes efectivos de restauración ambiental una vez concluidas las actividades extractivas.
A finales de marzo de 2026 el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, reconoció que el rezago normativo para esta actividad provoca que la extracción de piedra se realice prácticamente sin control.
El funcionario enlistó las irregularidades: extracción sin permisos, conflictos de uso de suelo, la simulación entre volúmenes reportados y reales, y la falta de estudios de impacto ambiental que precisen el daño a ríos, cerros o ecosistemas.
Sin embargo no anunció de una vigilancia más estricta o de endurecimiento en las sanciones.
Solo se limitó a comentar que empresarios de la construcción denunciaron que la operación de un solo banco de materiales autorizado provocó un monopolio y el aumento en 100 por ciento del costo de la grava y arena.
Becker Hernández insistió en que por años no operaron lineamientos claros ni orden en la actividad.
El caso CIGOVI
En una de las escasas acciones frente a la extracción ilegal de recursos naturales, hace 3 años, el 1 de noviembre de 2023, la Procuraduría Ambiental y Urbana (PAU), clausuró la empresa Fragmentación y Trituraciones CIGOVI, S.A. de C.V ubicada en el kilómetro 10 de la carretera Rumbo Nuevo en el municipio de Victoria.
La resolución fue dictada el 31 de octubre de ese año porque la empresa no poseía los permisos estatales necesarios para llevar a cabo sus actividades y operaciones.
El procurador Ambiental y Urbano, Ramiro Lozano González, explicó que la clausura y aseguramiento precautorio de maquinaria se llevó a cabo para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas.
Con apoyo de elementos de la Guardia Estatal, los inspectores colocaron los sellos de clausura en las instalaciones.
En su momento, las autoridades advirtieron que al empresa operaba fuera de la ley y que incluso enfrentaba una investigación de la Fiscalía General de Justicia.
Sin embargo, apenas un año después CIGOVI volvió a empezar a operar en el mismo sitio.
El artículo 9 del reglamento para el aprovechamiento de explotación de minerales de Tamaulipas dispone que las concesiones para la extracción de material pétreo deben contar con una solicitud, un estudio de impacto ambiental y dar a conocer el volumen de material extraído.
También quien se dedique a la actividad debe contar con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional para el uso de explosivos, y de la Comisión Nacional del Agua.
