Hoy primero de diciembre, cuando se cumplen dos años de la llegada al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, cuya administración navega sin rumbo a puerto seguro, se anuncia otra marcha en el Distrito Federal.
La manifestación será encabezada por los once estudiantes que fueron detenidos durante la marcha del 20 de noviembre, quienes fueron trasladados a penales de Nayarit y Veracruz, en un intento de bajar la presión ejercida para que los liberaran.
El traslado de los estudiantes causa extrañeza, su rápida reclusión en penales lejanos a la capital del país ordenada por la Procuraduría General de la República demuestra una vez más la violación a la ley que ahora está aún más cuestionada porque la fiscalía no aportó suficientes pruebas contra los detenidos que tuvieron que ser liberados el sábado.
Los estudiantes detallan el trato que recibieron, los golpes y las vejaciones y piden la destitución de la pocuraduría de Jesús Murillo Karam.
Ante los hechos denunciados por los detenidos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, hizo este domingo una serie de solicitudes inéditas que favorecen a los manifestantes y establecen límites para la actuación de las autoridades.
Aunque se tiene que admitir que la CDHDF solo tiene como prerrogativa hacer recomendaciones, se exhorta a que se respete el derecho de reunión y manifestación pacífica, que haya rutas de salida para garantizar la integridad de las personas, que se identifiquen a todos los elementos asignados a la vigilancia de la manifestación, ésto es, que no incorporen policías vestidos de civil.
Además que se iluminen todos los sitios que serán puntos de reunión de los manifestantes y una cosa importante también: Garantizar los derechos de los periodistas que cubrirán estos eventos multitudinarios y que haya todos los servicios de urgencias.
Los estudiantes Hillary Analí González Olguín, Tania Ivonne Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega, Hugo Bautista Hernández, Isaac Domínguez Ayala, Luis Carlos Pichardo Moreno y Atzín Andrade plantearon que “marcharemos este lunes, porque el gobierno no nos va a intimidar”, durante la rueda de prensa.
“Nos golpearon, a patadas, en la cara, en las costillas, en el trasero, nos arrastraron y nos metieron a Palacio Nacional. Ahí, militares nos rodearon, y nos dijeron: los vamos a desaparecer, los vamos a quemar vivos”.
Pese a los maltratos las marchas siguen, aún cuando el gobierno quiere limitar el derecho a protestar, los manifestantes se mantienen firmes.
Buen aniversario para Peña Nieto y el PRI.
LA FRASE:
«Esta consignación se enmarca dentro de una línea política del Gobierno que está criminalizando la protesta social. El hecho de que se consigne a la SEIDO (una subprocuraduría especializada en delincuencia organizada) a personas detenidas en una manifestación es porque se les compara a narcotraficantes,” dice la abogada Karla Michel Salas en relación a la detención y posterior liberación de los once estudiantes detenidos.
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