TAMPICO, Tamaulipas.- Un día antes de Navidad, las señoras Maribel Pérez y Gildarda Heraz se conocieron en el Ministerio Público de Tampico. “Yo la vi también muy mal a ella. Fui y le di el pésame. Su mamá me la presentó y nos dimos los números”, recuerda Heraz. Horas después las dos se volvieron a ver en la ceremonia de honores de sus esposos, de dos policías metropolitanos.
El 23 de diciembre de 2010, el comandante Sergio Alberto Tenorio del Ángel y el oficial Raúl Hernández Alvarado entraron a trabajar en el turno matutino. El jefe se quedó en el cuartel general de la Policía Metropolitana y el segundo se fue al módulo de la colonia Morelos en Tampico. Pese a los tiempos violentos, parecía un día normal.
A las pocas horas un comando armado atacó las instalaciones donde se encontraban los policías. Tenorio del Ángel recibió disparos en el abdomen y pierna. Una bala se incrustó en la cabeza de Hernández Alvarado, aun así llegó vivo al hospital Cemain. Ambos murieron, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas.
El ayuntamiento de Tampico, en plena transición de Óscar Pérez Inguanzo a Magdalena Peraza Guerra, cumplió con el pago ‘de marcha’ a las viudas de los elementos de seguridad. Sin embargo, el cambio de alcalde complicó el trámite de la pensión.
Ya en el poder Magdalena Peraza, la entonces directora jurídica María Amparo Castillo Reyes les dijo a las viudas que firmaran el aval de la pensión que les darían solamente por tres años. A dicha propuesta se negaron, aunque la necesidad de mantener a los hijos las obligó y signaron la proposición del ayuntamiento.
Sergio Alberto Tenorio del Ángel tenía 27 años de antigüedad y Raúl Hernández Alvarado trabajó 17 años hasta el 23 de diciembre. No obstante, la experiencia no valió para que les prolongarán el pago. Ningún argumento fue válido para los funcionarios que las atendieron.
“En 2011 firmamos en el ayuntamiento de Tampico. Nos estuvieron dando el dinero. Exactamente cumplidos los tres años nos lo quitaron. A mí se me acabó el 23 de diciembre de 2013, me pagaron mil 700 y fracción. A ella el 8 de abril y me dieron 100 pesos; me pagaron un día. Eran diferentes salarios, eran comandante y oficial”, cuenta Heraz.
Tenorio del Ángel entró a laborar en el trienio de Joaquín Contreras Cantú, recomendado por su suegro, el antiguo policía Inocencio Pérez. En la corporación se desarrolló adaptándose a los tiempos. Debido a la ola de violencia que comenzó en 2009, el experimentado gendarme pensaba en renunciar, como lo hicieron muchos elementos en 2010. Empero, no pudo realizar su plan.
LES OFRECEN TRABAJO
Al cambiar el gobierno tampiqueño, las señoras visitaron al secretario del ayuntamiento, Juan Carlos Ley Fong. El funcionario les aclaró que no seguirían percibiendo la pensión. En cambio, les ofrecieron un trabajo en Servicios Públicos del municipio. La respuesta de ambas fue que no querían andar barriendo las calles.
“Las dos estamos sin trabajar. Yo como con mi hijo. Vivimos en Pueblo Viejo. Le doy a gracias a dios que no pago renta”, dice Gildarda Heraz. La negativa del ayuntamiento de Gustavo Torres Salinas generó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tomara el caso previo aviso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET).
“Nos dijeron que cada administración nos iban a renovar, que cada presidente nos renovaría. Lo que a nosotras nos ató de mano, fue que firmamos y no nos dieron ningún comprobante para comprobar porqué nos iban a dar tres años de pensión”, lamenta Maribel Pérez.
La CNDH envió un oficio para que el gobierno de Tamaulipas registrara a las familias de los policías asesinados en el padrón de beneficiarios del Instituto de Atención a Víctimas del Delito (IAVD). Tres meses después de la misiva, la dependencia incluyó a los deudos, pero solamente les ha dado una despensa que incluye un paquete de galletas, dos kilogramos de Minsa, kilogramos de harina, arroz y avena junto con dos latas de atunes. Además, les ofrecieron terapias psicológicas, donde, asegura Heraz, le preguntaron si era muy importante recibir la pensión. Días después le enviaron un libro de Tanatología.
A CUATRO AÑOS
A punto de cumplirse 4 años de la muerte de sus maridos, Maribel y Gildarda han sobrellevado la situación económica con la ayuda de familiares y el trabajo, como vender helados en canchas deportivas. Empero, expresan que las autoridades estatal y municipal no las protegen pese a ser víctimas de un hecho delincuencial.
“A las familias de los funcionarios asesinados que iban con el doctor Rodolfo Torre Cantú las pensionaron de por vida. Me da tristeza porque fue en el mismo año. Ese día que atacaron a Rodolfo Torre Cantú fue la comunión de mi hija. Eso fue en agosto y en diciembre le pasa lo mismo a mi esposo”, recuerda Pérez viudas de Tenorio.
Ambas coinciden que el otorgamiento de la pensión es cuestión de que el presidente Torres Salinas tenga la voluntad. El mismo que, siendo diputado del Congreso de Tamaulipas, propuso y voto a favor para que los deudos del trágico 28 de junio gozaran de pensiones vitalicias a pesar de que murieron sin laborar como funcionarios.
De Victoria, víctimas más atendidas por el Estado
Carlos Manuel Juárez
Los victorenses han sido los ciudadanos tamaulipecos más apoyados por el Instituto de Atención a Víctimas del Delito (IAVD) desde 2012 a junio de 2014, de acuerdo a la información entregada en la solicitud de información 13000171, por el departamento de la Secretaría General de Gobierno.
En 30 meses 362 residentes de la capital tamaulipeca han acudido a registrarse ante la dependencia. En 2012 apenas 6 victorenses solicitaron atención. Al año siguiente hubo un aumento exponencial que llegó hasta 143 víctimas, cifra que creció hasta 213 en el primer semestre del año en curso.
Extraña que durante el mismo periodo las zonas fronterizas al norte y al sur, con municipios azotados por la delincuencia, no llegan ni al centenar de víctimas auxiliadas con los programas de asesoría jurídica, atención médica y psicológica, ayuda asistencial inmediata y apoyos sociales que oficialmente se ofrecen.
En dos años y medio, el Instituto de Atención a Víctimas del Delito ha atendido a 505 personas. Para ello ha gastado 12 millones 166 mil 337 pesos. El año en que más gastó fue 2013, en el cual erogó 6 millones 274 mil 337 pesos para la atención y operación.
A partir de su creación el IAVD ha registrado mil 40 atenciones. Destacan las terapias psicológicas que suman 540 durante año y medio. No obstante, de enero a junio de 2014 se dieron 39 apoyos para gastos funerarios, cifra que aumentó el doble pues en 2013 solamente se otorgaron 15 auxilio de este tipo.
El programa de becas es el segundo con más solicitudes aprobadas, seguido por los gastos materiales y los pagos a hospitales por los cuidados de heridos. En este rubro, destaca que el gobierno de Tamaulipas cubierto cuentas en los nosocomios privados Muguerza, ubicado en Monterrey, Nuevo León; Cemain y Beneficencia Española, ambos establecidos en Tampico.
Creación y operación
El órgano de atención fue establecido en 2012, tras la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. Esta área también aglutina a la Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el Instituto Tamaulipeco para el Migrante, la Dirección de Promoción de Derechos Humanos y Enlace con Organismos, entre otros.
La directora del Instituto es María del Rosario García Fuentes y cuenta con 22 trabajadores en nómina. Hay delegaciones establecidas en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico; cada una cuenta con un jefe y un abogado victimal.
Grupo Expreso-La Razón solicitó una entrevista con García Fuentes. En primera instancia la oficina de comunicación de la Secretaría General de Gobierno refirió que la directiva se encontraba en labores previas al cuarto informe de gobierno. En un segundo intento, se justificó la imposibilidad de la entrevista al informar que María del Rosario García cursaba una capacitación en el Distrito Federal.
Sobre el trabajo de la dependencia, el director de Salvemos Tamaulipas A.C., Mario Alberto Segura, afirmó que el Instituto no opera en toda su capacidad. Señaló que centenares de familias perjudicadas por los criminales desconocen que existe una oficina para pedir auxilio.
El 14 de agosto pasado, más de 50 personas que se dijeron víctimas de la delincuencia protestaron en las oficinas del IAVD para pedir se les registre en el padrón de apoyos. Los hombres y mujeres reclamaron que no exista una agencia del Ministerio Público itinerante en la oficina del Instituto, además del poco personal.
