Es muy difícil recordar una visita de trabajo a Washington donde un presidente mexicano haya llegado en las condiciones de debilidad y vulnerabilidad como las que cargará Enrique Peña Nieto este martes. Igualmente, no hay momento similar más paradójico. Hace poco más de cuatro meses, la Casa Blanca pidió la cita ante la debilidad y vulnerabilidad del presidente Barack Obama, en ese momento bajo ataque republicano, y buscaba en el mexicano respaldo político frente a la comunidad hispana, en la recta final de las elecciones intermedias. La crisis de los primeros decapitados por el Estado Islámico hizo que Obama cancelara el encuentro, que iba a ser en Brownsville. Tampoco fue posible reprogramarla por problemas de agenda hasta este 6 de enero, cuando la realidad cambió radicalmente.
El Peña Nieto que iba a ver a Obama hace unos meses pasó a la historia. El aclamado presidente mexicano por sacar adelante reformas estancadas por una generación, es hoy un líder cuestionado, rehén de miles de mexicanos que lo tienen acosado y acorralado, le arrebataron la iniciativa y piden su renuncia por incompetencia y corrupción. No hay posibilidad que eso suceda, pero Peña Nieto ha perdido el consenso para gobernar. El punto de inflexión son los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, convertidos en el ícono de la ausencia de un Estado de Derecho, y de la corrupción y colusión con el crimen organizado en los tres niveles de gobierno. En Washington han tomado nota de ello.
El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, por ejemplo, preguntó a varios miembros del gabinete de Peña Nieto lo que estaba sucediendo en Guerrero, pero la información que le proporcionaron fue pobre. De acuerdo con personas que saben el tipo de respuestas que recibió, la preocupación que externaba por los sucesos de Iguala y el entorno general en ese estado, no se correspondía con las respuestas de los secretarios de Estado con quienes hablaba, que minimizaban los hechos porque, o no estaban conscientes de la gravedad de lo que había sucedido en Iguala –una desaparición forzada que puede llevar a Peña Nieto a un juicio por genocidio en tribunales internacionales-, o porque carecían de información, porque en Los Pinos nunca se las dieron. De hecho, si se las hubieran compartido, pocos elementos distintos habrían tenido, porque los diagnósticos en la Presidencia carecían de calidad analítica.
Wayne –como hicieron diplomáticos de otras naciones-, buscaron fuentes de información directas e independientes del gobierno. El embajador recurrió a los organismos de derechos humanos en Guerrero, cuya información nutre dos vías: como abogados de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, aportan detalles sobre la investigación del crimen que el procurador general, Jesús Murillo Karam, de acuerdo con extranjeros que han hablado con él, minimizó, soslayó o, como varios descubrieron al platicar con interlocutores no gubernamentales, ocultó. Asimismo, al formar parte del movimiento social en Guerrero, su información es lo suficientemente precisa para llegar a la conclusión que en ese estado domina la ingobernabilidad.
La información que proporciona el gobierno mexicano a sus contrapartes en el mundo ha sido reduccionista, y contrasta con las informaciones que difunden los medios extranjeros. No se conocen los contenidos de los cables diplomáticos enviados por Wayne al Departamento de Estado, pero por la forma como variaron en Washington sus posiciones sobre México –de posiciones críticas a respaldo-, se puede argumentar que la debilidad que están viendo en el presidente Peña Nieto y la vulnerabilidad de su gobierno, es más seria de lo que aparenta.
Un reflejo que abona a la hipótesis es la denuncia sistemática de organizaciones de derechos humanos en Washington por la violación de las garantías individuales en México. La conculcación de los derechos humanos lo viene arrastrando el Ejecutivo desde el presidente Felipe Calderón, pero a diferencia del anterior gobierno, donde se centra la denuncia en la guerra contra el narcotráfico, en el caso del actual, la vulneración de los derechos se ha ampliado. Incluye ahora críticas sobre la ausencia de libertad de prensa, centrada en la forma como –alegan en el extranjero-, se ha controlado la difusión de las propiedades que le fueron facilitadas a la esposa del presidente y al secretario de Hacienda, por un constructor muy cercano a Peña Nieto, y la manera como se ha cuidado al Ejército de su probable responsabilidad en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, particularmente en el caso del 27º Batallón de Infantería, cuya base está en Iguala.
La información sobre México en Washington está pintada por la ausencia del Estado de Derecho, y donde la aplicación de la ley es casuística. Está permeada por el freno de los inversionistas en los campos de hidrocarburos abiertos por la Reforma Energética ante la falta de garantías jurídicas, y se agudiza ante la creciente inseguridad que tienen sus ciudadanos cuando van a Guerrero. El análisis sobre la incapacidad del presidente Peña Nieto para salir de esta crisis, detallada en la prensa estadounidense, si la Casa Blanca mantiene sus procesos de operación, también debe formar parte de los documentos que se han entregado al presidente Obama para su encuentro con el mexicano. Qué tanto expondrá Obama al presidente mexicano, se desconoce. Pero algo sí se sabe: como nunca antes, Peña Nieto ha sido desmenuzado, valorado y calificado. Es decir, estará políticamente desnudo en la Oficina Oval.
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