BRUSELAS, Bélgica.- Palestina se convirtió hoy oficialmente en el socio 123 de la Corte Penal Internacional (CPI), el organismo global diseñado para perseguir a los responsables de los mayores crímenes contra la humanidad.
«La entrada en vigor hoy del Estatuto de Roma para Palestina supone que Palestina adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que conlleva ser un Estado Parte en el Estatuto», dijo la juez Kuniko Ozaki, vicepresidenta segunda de la CPI.
«Estos compromisos de fondo no se pueden tomar a la ligera», agregó en presencia del Ministro palestino de Exteriores, Riad Al
Malki.
Con la entrada en vigor de los Estatutos de Roma, La Haya adquiere poderes para juzgar crímenes de guerra cometidos en los territorios
palestinos, incluyendo Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, aún en el hipotético caso de que enfrente oposición de Israel.
No obstante, las competencias de la Corte para perseguir genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, se remontarán hasta el 13 de junio de 2014, fecha en que la autoridad palestina aceptó su jurisdicción de conformidad con el artículo 12 párrafo 3 de los estatutos que crearon el tribunal.
Para Misa Zgonec-Rozej, analista en derecho internacional del instituto londinense de relaciones exteriores, Chatham House, se trata de una aventura que implica riesgos y beneficios para el Gobierno de Mahmud Abbas.
La intervención de la Corte Penal podría servir de instrumento para disuadir futuros crímenes de guerra en el contexto del conflicto con Israel, incluyendo la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados.
«La adhesión al Estatuto de Roma también es otro paso más hacia el reconocimiento de Palestina como Estado», sostiene Zgonec-Rozej en un análisis en el que examina los impactos de la adhesión.
Pero al mismo tiempo, el reconocimiento de las competencias de La Haya, dejará expuesta ante la justicia internacional a la clase política y militar palestina, así como a los miembros del movimiento Hamás.
«Aunque Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, los crímenes presuntamente cometidos por ciudadanos israelíes en el territorio reclamado por Palestina caerán dentro de la jurisdicción de la CPI», indica Zgonec-Rozej.
«La CPI también tendrá jurisdicción sobre los crímenes cometidos por los palestinos fuera del territorio reclamado por Palestina, incluso en Israel».
Igualmente hay quienes piensan que la adhesión de Palestina sólo será otra piedra en el camino en el proceso de paz.
«La decisión de Palestina tiene claramente el potencial de complicar cualquier futura solución del proceso de paz palestino-israelí», asegura en un análisis Aaron Matta, investigador del Instituto para la Justicia Global de La Haya.
«Una nueva caja de Pandora se ha abierto en el conflicto de Oriente Medio, que por su naturaleza no resuelta y de larga duración ya representa un fracaso recurrente del orden mundial actual. La nueva situación generará varios desafíos
políticos y legales para todas las partes involucradas».
Aaron Matta ve en particular retos para la operatividad de la fiscalía de la Corte dirigida por Fatou Bensouda, pues necesitará de la cooperación de los involucrados para realizar investigaciones preliminares; después, armar la investigación formal con la identificación de sospechosos; y, finalmente lograr la entrega a La Haya de los presuntos culpables.
Bensouda abrió en enero pasado un examen preliminar sobre los supuestos crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados durante la ofensiva militar israelí realizada el pasado verano y en la que presuntamente murieron más de mil 800 personas.
