CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Las finanzas públicas de Tamaulipas sortearon una inminente quiebra de dimensiones históricas con la aprobación de la reforma al sistema de pensiones con lo que se salvó además la de seis mil jubilados y el futuro de 41 servidores públicos en la entidad.
Desde hace más de 14 años, las principales calificadores e instituciones financieras advirtieron que las reservas de la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Upysset), que eran de más de dos mil 500 millones de pesos el año pasado, sólo alcanzarían hasta el 2018 para hacer frente a sus obligaciones con el personal jubilado.
El fin de un modelo que nació en 1947 con la creación de la Caja de Ahorro y Préstamos de los Funcionarios y Empleados del Gobierno del Estado de Tamaulipas era inminente.
En aquel año, la esperanza de vida según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), era de 49 años las mujeres y 45 años los hombres, mientras que la esperanza de vida actual es 77 años la mujer y 72 años los hombres aumentando casi el doble, por lo que la falta de una edad para jubilarse, así como el monto aportado, eran insuficientes para cubrir la pensión durante toda la vida.
En la misma lógica el bono demográfico presionó aún más a la reforma pues la pirámide poblacional cambió y se seguirá́ modificando de manera que habrá́ menos trabajadores jóvenes en el periodo de cotización y más personas en edad avanzada disfrutando de una pensión.
La nueva Ley dio origen al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas ya con un régimen de pensiones de beneficio definido con variables paramétricas estableciendo aportaciones, edades, sueldo regulador y otras, acordes a los requerimientos del fondo de pensiones para lograr una mayor viabilidad, con lo cual se logra mantener el otorgamiento de prestaciones presentes y futuras.
Con la reforma, las aportaciones al Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado pasaron de una cantidad equivalente al 10 por ciento del sueldo del trabajador, y el trabajador el 6 por ciento, dando un porcentaje total de 16 por ciento; a un 21.5 por ciento por parte del Gobierno del Estado y de un 10.5 por ciento por el trabajador, dando un total del equivalente al 32 por ciento del sueldo del trabajador.
La Ley planteó desde un principio que el salario de jubilación fuera el promedio del sueldo de los últimos cinco años del trabajador, previa actualización mediante la aplicación del índice Nacional de Precios al Consumidor.
Hasta antes de la reforma no había una edad mínima de retiro, bastaba con llegar a la antigüedad para alcanzar la jubilación; ahora en su artículo 81 la ley establece que el servidor público o trabajador tendrá derecho a recibir una pensión por jubilación, cuando cumpla al menos con 62 años de edad los hombres y cuenten con 30 años de cotización al Fondo de Pensiones del Instituto; y las mujeres si cuentan con 60 años de edad y 25 años de cotización.
