CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tamaulipas sufre una riesgosa «inundación» con ruedas: alrededor de 100 mil vehículos norteamericanos introducidos en forma ilegal al estado circulan sin control de autoridad alguna por carreteras, ciudades y comunidades rurales al paralizarse los procesos de nacionalización, lo que mantiene virtualmente «en pie de guerra» a las organizaciones que agrupan a propietarios de esos automotores ante un posible operativo nacional de decomisos.
De acuerdo a organizaciones como la UCD y ONAPPAFA, la suspensión del programa de nacionalización de ese tipo de autos ha ocasionado que se incremente en forma desmedida en el estado el número de unidades que circulan en esas condiciones. «Son cien mil aproximadamente», señaló Jaime Gaona Cervantes, dirigente estatal del primer organismo.
La misma fuente informó que esa central tiene ya enlistadas 16 mil unidades y que desde diciembre se encuentra suspendida la nacionalización y en algunos casos que ya estaban en proceso se les ha tenido que reintegrar su dinero, porque las agencias aduanales ya no están trabajando.
Estimó que además de la cifra mencionada que registra en autos «chocolates» el estado sin posibilidades cercanas de regularizarse, número que se arrastra desde el decreto del 2005, en el país el problema es mucho más grave, porque de acuerdo a la Secetaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, ruedan en el país arriba de 7 millones de ese tipo de vehículos.
«La nacionalización está parada desde diciembre, por el dólar caro y ahorita las agencias aduanales no han estipulado un tabulador», dijo.
Al mismo tiempo, otros voceros de la UCD señalaron que el organismo está en alerta para evitar que se dañe a miles y miles de personas en sus patrimonios, en caso de que se autorice un decomiso generalizado y declararon que defenderán sus bienes hasta el último recurso legal al que puedan acudir.
Recalcó que el problema es que en las agencias aduanales no hay ni un trámite. Cita un ejemplo: «Nos quedaron pendientes en diciembre de nacionalizar 25 unidades a cuyos dueños se les está reembolsando su dinero, los cuales son montos de15 a 20 mil pesos y se espera que en abril se pueda reiniciar el proceso.
La propuesta en una nueva nacionalización, añadió, es pagar 5 mil pesos por cada unidad, lo que generaría recursos para la Federación, el Estado y los municipios. La idea, agregó, es que surja un nuevo decreto con ese tope, porque ahora es muy caro.
En tanto, Benito Villela Sáenz, coordinador estatal de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar, (ONAPPAFA) aseguró que el problema se ha agudizado e indicó que sólo en Victoria circulan cerca de 25 mil vehículos extranjeros sin pedimento de importación.
Dijo que en estos vehículos, del 2008 al 2011, los impuestos han sido demasiado elevados. Mientras que en ONAPPAFA se cobra de 12 mil 400 a 14 mil 500, precisó, en la frontera los costos son más altos y llegan de 22 mil hasta 35 mil pesos.
Villela Sáenz también se sumó a la inquietud de la UCD al manifestar que a esta incertidumbre se agrega la amenaza de un posible decomiso, lo cual provocaría un severo daño patrimonial a millones de mexicanos. «Tenemos el temor de que de un momento a otro se puedan dar operativos por parte de Hacienda, pero estaremos pendientes para defender nuestros derechos», puntualizó.
