CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los casi siete mil internos que están recluidos en los Centros de Ejecución de Sanciones reciben mejor trato en derechos humanos, pero continúan las quejas y recomendaciones contra el sistema penitenciario tamaulipeco por violaciones a garantías, informó la Codeht.
El secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, José Ramiro Roel Paulín, indicó que de enero a abril del 2015 los Cedes tamaulipecos han recibido once quejas por parte de internos.
Siete en Tampico que corresponde al centro de Altamira, una en Reynosa, dos en Matamoros y una en Victoria.
«Realizamos una calificación preliminar, esta calificación preliminar la manejamos como violación a los derechos de los internos, ahí engloba todo», dijo.
Dichas querellas están relacionadas con la visita familiar, «en algunas ocasiones la visita familiar se ha quejado por el tipo de revisión que les practican para ingresar, tanto en lo físico como a los objetos o pertenencias que llevan», refirió.
Les niegan el acceso a productos alimenticios o son sometidos a una revisión inadecuada, solicitadores realicen actos prohibidos, por lo que han recomendado utilizar instrumentos tecnológicos para practicar ese tipo de revisiones, tanto a las personas como a los objetos o pertenencias que pretenden ingresar.
Otras están relacionadas con tratos inadecuados a los internos, carencias en áreas médicas, educativas o incluso dentro del mismo procedimiento legal al que están sujetos.
Roel Paulín señaló que la Codeht constantemente tiene a personal en las penitenciarias verificando el trato digno y con apego a los Derechos Humanos de las personas.
En Tamaulipas existen los Cedes en Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Altamira y el de Tula, además de lo que se denomina granja en Jaumave con una capacidad de siete mil 50 internos y solo faltan 170 para llegar a su máxima cifra de atención.
De acuerdo al la Comisión Nacional de Seguridad en esas cárceles, según cifras hasta marzo del 2015, existe un total de seis mil 880 internos; de los cuales cinco mil 737 son del fuero común y mil 143 del fuero federal.
«Tenemos una coordinación de asuntos penitenciarios que se encarga exclusivamente de verificar las condiciones cómo se encuentra el interno o lo que es la infraestructura del centro penitenciario», dijo.
A través de ese órgano se realizan señalamientos referentes a falta de iluminación, ventilación, fugas de agua, falta de pintura, si se requiere mejorar la cantidad o la calidad de la alimentación, asesoría jurídica a internos.
«En su caso, también hacer nuestros pronunciamientos o solicitar a la autoridad penitenciaria cumpla con lo que establece la Ley de Ejecuciones y Sanciones o el reglamento de los centros penitenciarios para efecto de que el interno tenga una estancia digna y segura en prisión», comentó.
En comparación con años como el 2007, 2008 y algunos subsecuentes, la población penitenciaria se redujo, debido al traslado de reos federales a penitenciarias de mayor seguridad y con ello se atacó el hacinamiento, aunque no se ha erradicado totalmente .
«El área de indiciados, en algunas ocasiones sobrepasa su cupo y obviamente produce hacinamiento, sobrepoblación, por lo que se ha solicitado a las autoridades penitenciarias que realice la clasificación correspondiente», subrayó.
Por ello, a Codeht se pronunció a favor de la certificación de las penitenciarias locales, dentro de la Iniciativa Mérida propuesta por autoridades de los Estados Unidos, con lo cual se pretende salvaguardar los derechos humanos de la población interna.
«Se ha bajado la población penitenciaria, recuerdo en el Cedes de Reynosa había hasta 2,800 internos y ahorita puedo calcular que ha de tener entre 1,300 y 1,500 internos,», puntualizó.
Por último, Roel Paulín de la Codeht, dijo que si bien aún falta avanzar en el fomento d ella cultura del respeto a los Derechos Humanos, se ha logrado disminuir la incidencia de violaciones a garantías fundamentales.
