MÉXICO, D.F.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició hoy su segundo periodo de sesiones de 2015, último en el que participarán los Ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.
Luego de 20 años en la Corte, ambos juzgadores se retiran el 30 de noviembre, con lo que ya no quedará ninguno de los 11 integrantes que fueron designados luego de la reforma judicial de 1995, y José Ramón Cossío, nombrado en 2003, será el Ministro de mayor antigüedad.
Luis María Aguilar, Presidente de la Corte, enumeró hoy en un breve mensaje, durante la sesión de apertura, algunos asuntos que podrían ser discutidos en este periodo, luego de que el Pleno del máximo tribunal dedicó una parte sustancial de su tiempo en los meses recientes a casos de bajo perfil público.
El Ministro recordó que ya están en lista para discusión ocho controversias constitucionales contra diversos aspectos de leyes educativas de varios Estados, así como una acción de inconstitucionalidad que cuestiona la prohibición establecida en Campeche para que parejas del mismo sexo puedan adoptar.
En este último tema, la Corte ya sostuvo desde 2010 que la adopción por parejas homosexuales permitida en el DF es Constitucional, por lo que previsiblemente invalidará la norma de Campeche.
«Estarán también para posibilidad de análisis en este Tribunal, amparos en revisión en los que se analiza la Constitucionalidad de las limitaciones establecidas por el Congreso de la Unión a las deducciones de los gastos realizados por los contribuyentes del ISR respecto de sus trabajadores», dijo Aguilar.
Este tema fue uno de los más impugnados de la reforma fiscal de 2014, y múltiples jueces federales han considerado inconstitucional el tope a la deducción de los gastos de previsión social de las empresas.
También se resolverán al menos 20 acciones de partidos políticos contra reformas electorales en cuatro estados, algunos de los cuales endurecieron los requisitos para registrar candidatos independientes a puestos públicos, tema en que la Corte ha sostenido que las entidades tienen amplia libertad de configuración.
Aguilar afirmó que en las Salas de la Corte se podría resolver temas como los amparos contra la obligación de llevar contabilidad electrónica accesible para el SAT y la resolución que ordenó a Pemex Refinación eliminar el monopolio del sindicato de la paraestatal sobre la distribución de gasolina.
También la regulación a marchas y manifestaciones en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, y los artículos del Código Fiscal que sancionan a los emisores de facturas por servicios inexistentes.
Para el Consejo de la Judicatura Federal, en tanto, la transición al nuevo sistema penal acusatorio es el reto cada vez más apremiante, pues quedan poco más de 10 meses para implementarlo en todo el país y hasta ahora solo hay ocho entidades donde aplica para delitos federales, cuatro de ellas a partir de hoy.
