Demasiado tiempo se ha invertido en el basurero de Cocula y demasiada carga política y emocional se le ha dedicado para demostrar lo fallido de la investigación del ex procurador general, Jesús Murillo Karam, sobre el crimen contra decenas de normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado. La escena del crimen es relevante y la ciencia determinará si los peritajes de la PGR fueron correctos. Pero no puede tomarse como la piedra angular de una investigación fallida, sino como consecuencia de las omisiones y negligencias de un procurador que no puede quedar impune.
La primera prueba contundente de lo errado que fue la investigación de Murillo Karam surgió hace un año, cuando la Fiscalía General de Guerrero dio a conocer su primer informe sobre lo que sucedió aquella noche. El reporte que difundió el entonces fiscal Iñaki Blanco, fue ignorado por Murillo Karam quien, sin embargo, quiso meterlo inexplicablemente a la cárcel. El informe de Iñaki contradecía lo que meses después Murillo Karam definiría como “la verdad histórica” de lo que pasó aquella noche del 26 de septiembre en Iguala.
Para la Fiscalía, de acuerdo con declaraciones ministeriales de testigos, 120 estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto grado de la normal de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, a 16 kilómetros de Chilpancingo, salieron aproximadamente a las seis de la tarde en dos autobuses Estrella de Oro hacia Iguala. Cuando llegaron a esa ciudad, cerca de las nueve de la noche, se apoderaron de los autobuses donde su intención era tomar otros dos autobuses, de la empresa Costa Line para dirigirse, afirmaron hacia la Costa Chica. “(Iban) con rumbo a la carretera federal que lleva a… Chilpancingo, cuando fueron interceptados por camionetas oficiales de la Policía Municipal”, señaló el informe.
“Según la versión de los propios estudiantes sumaban seis patrullas… que trasladaban a aproximadamente 30 policías, todos ellos con armas de fuego, entre pistolas y rifles, por lo que el conductor del autobús que viajaba a la vanguardia detuvo la marcha y los estudiantes que viajaban en él empezaron a bajar del vehículo, momento en el que los policías municipales empezaron a disparar con las armas de fuego que portaban”.
La línea de tiempo de la Fiscalía de Guerrero coincide con la que estableció el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero las dos están en las antípodas de la presentada por Murillo Karam en la conferencia de prensa que ofreció el 7 de noviembre, cuando dijo que había llegado a las 13 horas y secuestraron camiones. Al salir de la terminal de autobuses poco después de las 14 horas, afirmó el ex procurador, se enfrentaron con la policía, que ante su inferioridad numérica, se retiraron. Entonces comenzaron a botear, con el fin de obtener recursos para viajar a la ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre.
Blanco llegó a la línea de tiempo tras dos semanas de interrogatorios e investigaciones. Murillo Karam estableció una cronología totalmente distinta dos meses después del crimen. ¿De dónde salió la versión del procurador? Según la Fiscalía de Guerrero, pasadas las nueve de la noche, “al detener la marcha de los otros dos autobuses, los estudiantes se bajaron y tomaron unas piedras que empezaron a aventarles… a la Policía Municipal… corrieron porque eran pocos y los estudiantes trataron de mover la patrulla que les estorbaba el paso… En ese momento arribaron al lugar cinco o seis patrullas más… y los elementos que venían a bordo de las mismas empezaron a disparar a una distancia aproximada de 100 a 150 metros con las armas de fuego que portaban, por lo que los estudiantes corrieron hacia la parte trasera del autobús para cubrirse de los impactos de bala. Posteriormente salieron con las manos en alto; sin embargo, los policías siguieron disparando”.
El ataque de los policías municipales fue directo, cuando salían de Iguala, cerca de las nueve y media de la noche. A esa hora todos los cuerpos de seguridad en Iguala entraron en alerta. Elementos del 27º Batallón de Infantería salieron a las calles e impidieron que les brindaran asistencia médica en una clínica porque, adujeron, era privada. Les ayudaron a conseguir una ambulancia para que se llevaran a un normalista a otro hospital. En varias calles de Iguala y en la carretera quedaron cuerpos de normalistas y lugareños tirados, algunos de ellos tapizados de balas. La Fiscalía recuperó 193 casquillos percutidos de diferente calibre. Veintidós policías municipales dieron positivo en la Prueba de Lunge, que permite conocer si se disparó un arma.
Fueron las primeras horas de la noche de la barbarie en Iguala. La Fiscalía de Guerrero sugirió la existencia del quinto autobús, como señaló el grupo de expertos independientes. En su informe, Blanco mencionó que se encontró un tercer autobús de la línea Costa Line, con disparos “al parecer del calibre .223”, que podría ser un cartucho deportivo o similar al que utilizar los fusiles R-15, reglamentarios del Ejército. Aquél informe hace un año, fue soslayado por Murillo Karam, cuya “verdad histórica” no solamente está severamente cuestionada, sino cuyas afirmaciones, a partir de su línea de tiempo, colocó al presidente Enrique Peña Nieto sobre un tambor de dinamita que en cualquier momento puede explotar. De esto, se hablará mañana.
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