Después de la oleada de críticas que recibió el INE por la suavidad con la que castigó las violaciones sistemáticas del Partido Verde Ecologista a la ley electoral en el pasado proceso de elección de diputados federales, el consejero presidente del árbitro político, Lorenzo Córdova Vianello, advirtió ayer que nunca más se tolerará que las agrupaciones partidistas pisoteen el orden legal.
¿Será acaso que realmente el Instituto Electoral está determinado a poner un alto el libertinaje de los partidos políticos, que tanto, en tan poco tiempo, ha dañado la imagen del Instituto o, como sucede a menudo, únicamente se trata de un desplante, buen deseo o acto disuasivo para que los representantes de las agrupaciones piensen dos o más veces antes de incumplir una norma jurídica?
No tenemos idea, pero parece que las millonarias y escandalosas sanciones económicas que el aludido órgano de gobierno encargado de organizar, vigilar y sancionar los procesos electorales impuso este año
al Partido del Tucán, por ese motivo, son insuficientes para impedir este tipo de comportamientos, a pesar de que exhibe a las autoridades, en el mejor de los casos, de timoratas o complacientes.
Las penalizaciones necesitan ser más drásticas y no reducirse a multas, sino imponerse a los partidos y a los candidatos que incurran en actos ilegales, prohibiéndoles difundir propaganda en todos los medios de comunicación por periodos más largos que los que se les han impuesto hasta ahora y que cuando se presente alguna queja de esta índole se saque inmediatamente del aire el anuncio en cuestión, pues si éste sigue difundiéndose hasta que los consejeros sesionen y lo castiguen, sirve de poco porque el mal ya está hecho.
O que se apliquen cancelaciones de registro definitivas y temporales, según corresponda a la gravedad de las irregularidades.
Lo que sea. Porque si no se actúa con energía y drasticidad, casos como el del PVEM seguirán repitiéndose y desacreditando a la cada vez más desacreditado Instituto Nacional Electoral.
Otro hecho que demerita a las instituciones, pero que, sobre todo, molesta e insulta a la sociedad, es el de los aumentos salariales desmedidos, sobre todo aquellos que se niegan a los trabajadores porque resultan inflacionarios, según aducen los patrones, pero que se otorgan a los servidores públicos.
Lo comentamos a propósito de la autorización de un alza del 90 por ciento concedida a las dietas o percepciones económicas de los diputados del Congreso del Estado de Querétaro, gobernado, por cierto, por el PAN.
Y es que, como resultado de este incremento, los sueldos de los señores legisladores queretanos, que en la anterior legislatura recibían 47 mil pesos mensuales, en lo sucesivo, gracias a la nueva disposición, se embolsarán 87 mil, que ha sido fuertemente criticada, aunque los beneficiarios obviamente tratan de justificarlo argumentando que la percepción es menor que la del gobernador y de los magistrados del poder judicial e igual que el de los directores del cuerpo administrativo o gabinete estatal.
Es cierto que la responsabilidad de las funciones legislativas, como aprobar y reformar leyes, no se compara con las que desempeñan los obreros que se dedican a abrir o tapar zanjas en la vía pública, los empleados que sirven café en un restaurante o los carteros que reparten la correspondencia, pero, entonces ¿en dónde quedó el programa de austeridad y de apretarse el cinturón recomendado por la crítica situación económica que sufre el país?
No se sabe, pero como dice el dicho, en este como en otros asuntos, para que nadie se sienta discriminado lo mejor es o todos coludos o todos rabones.
Cabe hacer notar, además, que no obstante las habituales discrepancias partidistas que generalmente salen a flote en otras materias, cuando se trata de aumentos salariales los representantes de los diferentes partidos políticos que conforman los congresos, estatales y federales, se olvidan de las diferencias ideológicas, políticas e intereses grupales.
Siempre están de acuerdo y las propuestas se aprueban ipso facto y por unanimidad.
