Estados Unidos.- Estados Unidos arrestó en Haití a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, por un presunto delito de tráfico de drogas, informan medios locales. Las relaciones entre ambos países podrían tensarse más.
Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas fueron arrestados el martes 10 de noviembre e de 2015 en Puerto Príncipe, acusados de conspirar para transportar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, informó el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ). Según WSJ, el mismo martes los detenidos fueron trasladados por la DEA hasta Nueva York, donde el jueves comparecerán ante un juez.
Las agencias de noticias no hallaron inmediatamente disponibles documentos de la acusación. Una portavoz del fiscal de Manhattan Preet Bharara no quiso hacer comentarios a la agencia británica Reuters. Y la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) no respondió, de momento, a las peticiones de la agencia alemana dpa para confirmar oficialmente la detención.
Los dos hombres son sobrinos de la esposa del presidente venzolano, Nicolás Maduro. Campo Flores, de 29 años, se identificó ante la DEA como hijastro de Maduro, ya que fue criado por la esposa del presidente tras la muerte de su madre. La mujer de Maduro, de 62 años, fue presidenta de la Asamblea Nacional y abogada del expresidente Hugo Chávez.
Según WSJ, los dos arrestados viajaron en un vuelo privado a Puerto Príncipe y contactaron a un informante de la DEA para que les ayudara a traficar 800 kilos de cocaína. Las siguientes reuniones fueron filmadas y grabadas por los agentes estadounidenses.
Estados Unidos ha investigado anteriormente a altos rangos de la Policía, el Ejército y el Gobierno de Venezuela en relación con presuntos delitos de tráfico de drogas, pero nunca había llegado a personas tan cercanas a Maduro, lo que podría tensar aún más las relaciones entre ambos países.
Washington considera a Venezuela como el principal lugar de tránsito de la droga a Estados Unidos desde la vecina Colombia. Caracas considera injustificadas las acusaciones, que cree que obedecen a intentos de desestabilizar a su gobierno.
