CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El nuevo Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas no caminará solitario cuando aparezca, porque durante un tiempo compartirá facultades con su “hermana mayor”: La ley vigente hasta ahora.
Aunque están sentadas las bases para ponerlo en marcha, la falta de infraestructura física y profesional y sobre todo el rezago judicial, obligará a que el Estado aplique a la vez, en una carrera “parejera” que se prolongará por lo menos tres años, dos modelos de normatividad: el tradicional y el que estrenará el 13 de junio de 2016.
Tácitamente, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Hernán de la Garza Tamez, reconoce el atraso como un problema medular, aunque antepone que la adecuación se dará sin contratiempos.
“Tenemos que enfocarnos para agotar lo que se va a ir quedando en los juzgados, sacarlo lo más pronto”, enfatiza.
Para la fecha mencionada, dijo, deberá contar con mayor infraestructura, personal profesional, especialistas en la materia desde el Estado, recursos económicos, deberán tener designados a los actores de este nuevo sistema, como Jueces de Control, Juez de Juicio Oral y Juez de Ejecución. Sin pasar por alto Agentes del Ministerio Público, Peritos, Policía Investigadora, además de Defensores Públicos,
Conciliador y Mediador.
Para el ejercicio fiscal del 2016, aunque aún no está definido por el Congreso del Estado, el Poder Judicial de Tamaulipas reconoció que viene un incremento del 20 por ciento en el presupuesto.
El Magistrado Presidente hace una radiografía en entrevista, de lo que el Estado tiene en la materia, en lo que están trabajando, hacia dónde van, sin pasar por alto la inversión de más de 412 millones de pesos hasta la fecha.
De entrada, el Poder Judicial atenderá un catálogo de 86 delitos bajo el nuevo sistema de justicia en junio del 2016 y si bien ya hay un proceso de transición, el sistema judicial va a migrar aplicando los dos modelos de justicia.
El sistema tradicional no desaparecerá hasta que se agoten los procesos judiciales y es un tiempo indefinido, “pudiera rebasar los tres años y seguir”.
Esto implicará un trabajo adicional al Poder Judicial en Tamaulipas, reconoce, y estarán obligado a contratar más personal y bajo nuevas categorías salariales.
“Tenemos que enfocarnos para agotar lo que se va a ir quedando en los juzgados, sacarlo lo más pronto”.
Para el 2016, el Supremo Tribunal de Justicia, podría ejercer más de 650 millones de pesos, lo que representaría un incremento del 20 por ciento, comparado con lo ejercido en el 2015 de 541 millones de pesos.
La primera regla que establece el nuevo sistema de Justicia Penal, es la “Presunción de inocencia” y toda persona acusada de un delito, tendrá derecho a que se le considere inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad.
La figura de testigos protegidos, será aplicada en Tamaulipas a juicio de las autoridades, partiendo de la fiscalía, para evitar consecuencias cuando se declare en contra de una persona relacionado con el crimen organizado, por ejemplo.
Hernán de la Garza, admite que los juicios serán más transparentes y se combatirá la corrupción que ha sido señalada por la ciudadanía.
“Los Juicios Orales, son rápidos, transparentes y a la vista de todos. Participan tres jueces para lograr mayor transparencia. Primero, tiene un Corte Acusatorio donde habrá una separación de funciones de investigación, defensa y juzgamiento. El agente del Ministerio Público, defensa y juzgamiento”.
El Ministerio Público controlará y conducirá el trabajo policial; la defensa actuará como protector del respeto del proceso penal y el juez vigilará que se respeten los derechos de los acusados y del agraviado.
“El Poder Judicial, como la Procuraduría de Justicia, Defensoría Pública, el Instituto de Atención a Víctimas que tiene abogados ahora victimales, la Secretaría de Seguridad, que es uno de los retos más complejos porque tiene una tarea muy importante, acelerar el tema de la capacitación, tienen un trabajo que deberá ser puntual”.
“Los perfiles para operar el nuevo sistema, son altamente técnicos, es para una generación de jóvenes que tomen el sistema jurídico”.
Ante ello, no descarta que al menos el 50 por ciento de los litigantes en materia penal, pudieran renunciar o bien, utilizar a un joven que podrá presentar los argumentos de defensa, las pruebas, y las contradicciones en investigaciones realizadas por la Policía.
De la Garza Tamez, agrega que los delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión, los delitos que se cometen por asentados contra la seguridad de la comunidad y contra los servidores públicos, se van a aplicar hasta junio del dos mil dieciseis. Los más complejos se quedarán pendientes para abordarlos en el nuevo sistema de justicia penal”.
Matamoros, por ejemplo, a partir del cinco de noviembre, tendrá 86 delitos con los que procesarán bajo el nuevo sistema.
“Será complejo sin duda, pero hemos sentado las bases desde el 2013, para llegar en las mejores condiciones al nuevo sistema, Tamaulipas va a llegar a tiempo y ‘la sentencia está emitida’ para el sistema tradicional.
quince centros de justicia
Para efectos del nuevo sistema, el Estado se dividió en seis regiones judiciales: la primera es el centro del Estado, El Mante (Antiguo, Nuevo Morelos, Xicoténcatl, Ocampo, González) Matamoros (Valle Hermoso, San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas), Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico.
Los 86 delitos estarán aplicando bajo el nuevo sistema de justicia a partir del 4 de diciembre en Nuevo Laredo, el 11 de enero de 2016 en Reynosa, 3 de febrero en el sur y en marzo Miguel Alemán y Río Bravo; y avanzará hasta el 13 de junio en El Mante.
“Para entonces, estamos hablando que habrá quince Centros de Justicia en el Estado. En Matamoros, para el 15 de junio se contará con dos jueces de control que son los que conocen la primera fase del juicio y llevan a cabo la determinación de la vinculación de los procesos”, explica.
Actualmente hay cuatro edificios con salas de oralidad Valle Hermoso, Padilla, Soto La Marina y Tula, y faltan 11 edificios, de los cuales están en construcción Reynosa y Victoria que son centros más grandes y Xicoténcatl, González, Miguel Alemán, San Fernando y el próximo año se inicia en Matamoros, Río Bravo y Nuevo Laredo.
“Vamos a tener dos jueces en Matamoros, dos en Reynosa, dos en Victoria, dos en el sur para atender los 86 delitos que se inscriben con este sistema. Los jueces que están de primera instancia, van a ser los del Tribunal de Enjuiciamiento”.
El Magistrado Presidente en Tamaulipas, destaca que antes de ir a un juicio llegará una etapa que se conoce como “Justicia Alterna”, (la mediación es una de ellas) y no enviar a la cárcel a todos los detenidos.
“Nosotros tenemos que pensar que el ochenta por ciento de los delitos tienen que encontrar salidas alternas. Hay procedimientos abreviados y durante el juicio o al llegar ante el juez, se podrá negociar las penas.
“Antes, todo lo queríamos curar con prisión, ahorita la prisión es la última opción”.
Es un convencido del nuevo sistema de justicia penal, pero también es autocrítico y señala que “no es la solución de todas las cosas y no va a estar fácil, lo que sí creo es que es una oportunidad única, cambiar y transformar a las instituciones es algo histórico para todos los actores involucrados”.
Una vez puesto en marcha este sistema, el Presidente del Poder Judicial en Tamaulipas, añade que será la oportunidad para seguir con todo el sistema de justicia. Fijar cómo el sistema de justicia familiar tome este camino a la oralidad y procedimientos abreviados, así como el sistema de justicia civil, laboral, electoral.
La decisión de este modelo de justicia penal, se aprobó en el 2008, para ponerse en marcha en todo el país en junio del 2016.
“Confiamos en que la ciudadanía comprenda que la justicia alterna, la justicia restaurativa, es justicia y que nos evitemos la venganza. Ese cambio es de los más importantes, y va a ser en la medida en que tengamos experiencias positivas y la gente se dé cuenta que le repararon el daño”.
Uno de los retos adicionales, en Tamaulipas, agrega, es crear una “escuela judicial” porque es una tarea permanente, hay áreas de capacitación pero no escuelas; “ahora este sistema va a orillar al sistema judicial”.
Sin embargo el reto mayor, añade Hernán de la Garza, es llegar al 13 de junio de 2016 con todas las estructuras en sus puestos, preparados y con un esquema de desarrollo, como actualmente lo hace el sistema judicial.
Para esa fecha, se tendrán que contar con 15 estructuras en quince ciudades en los que desarrollarán los juicios de los 86 delitos. Además la Procuraduría General de Justicia enfrenta retos importantes como tener más agentes investigadores, ministerios públicos, peritos, especialistas.
En Victoria, por ejemplo, hace unos días se inició construcción de dos salas de oralidad del Poder Judicial. Ahí estarán las Unidades de Investigación de la Procuraduría, las oficinas de la Defensoría Pública, Instituto de Atención a Víctimas, oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública con una unidad de atención de medidas cautelares y podrá duplicarse la construcción hacia arriba con una inversión de 85 millones de pesos.
Como este tipo de centros, el Estado construirá cinco y tendrán 10 centros medianos como el que existe en el municipio de Padilla (hay 3 en total y cinco en proceso de construcción).
El nuevo sistema de justicia penal, tiene un modelo similar al de Estados Unidos pero en el caso del país, no habrá jurado, habrá que convencer al juez con argumentos legales, científicamente investigados.
Hay una apertura de la transparencia, se grabará todo el juicio, todas las declaraciones, serán observados por las víctimas y nada de lo que esté en el juicio tiene validez, si no se presentó ante el Juez, frente a la defensa o el Ministerio Público.
“Eso va a dar mucha certeza y seguridad a todos, mucha transparencia. El sistema actual ha permitido que se hagan diligencias y se declaren testigos sin que estén todos”.
Ahora, los peritos tendrán que levantarse y defender su peritaje; la Policía Investigadora tendrá que demostrar bajo técnicas científicas la culpabilidad del imputado.
Sólo los delitos graves irán a juicio, anticipan
Efraín Klérigan
Desde el 1 de julio de 2014 que comenzó la vigencia en Tamaulipas del Código Nacional de Procedimientos Penales, se suponía que la legislación en Tamaulipas estaría armonizada cien por ciento, que al menos en los distritos judiciales donde se iniciaron los juicios orales, las policías de proximidad y ministeriales, abogados, fiscales y jueces estaban ya preparados para iniciar.
A la fecha hay cinco salas construídas de un mínimo de 15 que serán necesarias, además de igual cantidad de fiscalías, grupos de peritos y de funcionarios especializados y el sistema deberá funcionar en su totalidad y haber sustituido al actual sistema penal escrito, para el 1 de junio de 2016 y el sistema funciona parcialmente en Victoria, Padilla, Soto la Marina , Tula y Valle Hermoso.
“Debe estar implementado en su totalidad en junio del 2016”, aceptó el procurador Ismael Quintanilla ante el Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública y agregó que sólo los delitos graves irán a juicio.
A esa fecha la armonización de la legislación estatal con el nuevo, era reportada apenas al 86 por ciento, sin que sepa cuál es el parámetro para medir ese porcentaje y cuánto afecta carecer del 14 por ciento restante y se supone que desde el 1 de mayo pasado el nuevo sistema está vigente en esta capital, incluidos los municipios de Casas y Güémez y funcionando en su totalidad.
Declaraciones de diversos funcionarios aceptan que el catálogo de delitos que atiende el sistema es de 36 pero debe llegar a los 86 delitos de mayor impacto y al mismo tiempo debe ser fortalecida el área de mediación a través de las Unidades de Justicia Alternativa.
Policías y abogados aceptan fuera de libreta que no se tienen los elementos reales para iniciar este nuevo proceso penal, que comienza con la adecuada preservación y levantamiento de la escena de un delito y la capacidad plena para que la justicia se haga de todas las pruebas que sean necesarias para documentar durante un juicio la culpabilidad o inocencia del acusado.
