Una de las cualidades del gobierno mexicano es la reacción en cámara lenta a grandes problemas y conflictos que requieren de acciones inmediatas. Por eso no sorprende, pero sí indigna, que hasta el momento ningún funcionario haya dicho nada, absolutamente nada, del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconoce a las víctimas extranjeras de la masacre de San Fernando.
El pronunciamiento de la Corte y las reacciones del gobierno federal no han sido suficientes para que los servidores públicos respondan al vuelco que ha dado el caso del asesinato de 72 de 74 migrantes en un rancho del municipio fronterizo en agosto de 2010.
El miércoles, la SCJN amparó a las señoras Berpila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegeño Alvarado, madre y hermana, respectivamente, de Carlos Alberto Osorio y Manuel Antonio, migrantes asesinados. Ambas denunciantes ya son víctimas que atiende el Estado mexicano. Una de las primeras órdenes fue para la Procuraduría General de la República (PGR), que abrirá el caso y entregará copias de la investigación a las mujeres.
Dicha resolución devino en acciones inmediatas. La primera dependencia en responder fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Un grupo de 16 personas provenientes de Guatemala, El Salvador y Brasil empezaron a tramitar una serie de apoyos que por ley se otorgan a los familiares de víctimas del delito. Por lo pronto, la Federación pagará los vuelos desde los países de origen hasta la Ciudad de México, el hospedaje y la alimentación.
Empero, y pese al fallo de la Corte y a la recomendación 80/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el gobierno no ha movido un dedo para hablar con las familias de los migrantes secuestrados y ejecutados en el territorio tamaulipeco.
Tal vez los funcionarios aleguen que la masacre no sucedió durante el mandato que aún corre. Sin embargo, deben saber que el hallazgo de 193 cuerpos en fosas ubicadas en la misma localidad ocurrió en abril de 2011, en el primer año de la administración actual. En ese descubrimiento se localizó el cuerpo de Carlos Alberto, hijo de Bertilda Parada, una de las protegidas por la Suprema Corte. Es decir, tienen que responder al llamado de la Corte y la Comisión de Derechos Humanos. El reconocimiento legal de los daños que provocó la masacre de San Fernando conlleva otros rubros. Lo más importante será conocer los detalles de la investigación que atrajo la PGR, pero que en primera instancia estuvo al mando de la Procuraduría General de Justicia. Cabe aclarar que fueron dos momentos, agosto de 2010 y abril de 2011. Al frente de las indagatorias estuvieron dos personajes locales: Jaime Rodríguez Inurrigarro y Bolivar Hernández Garza.
De la masacre de San Fernando hay evidencias del mal trabajo que realizaron los agentes del Ministerio Público de la procuraduría tamaulipeca. El 23 de diciembre de 2013, la CNDH entregó al entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam y a la entidad los expedientes que muestran las observaciones de las prácticas erróneas en la toma de evidencias, manejo de cadáveres y resguardo de pruebas, entre otras, de la investigación de los asesinatos. Han pasado más de dos años y no hay información sobre si el informe detonó despidos, inhabilitaciones de funcionarios y cambios en la PGJ.
Colmex indagará masacres
El Colegio de México (Colmex) investigará los múltiples homicidios en San Fernando y en Allende, Coahuila. En éste último hecho desaparecieron y murieron 300 habitantes de Allende en marzo de 2011. Los académicos Javier Sicilia, Mariclaire Acosta, Rubén Aguilar y Juan Villoro, coordinados por el promotor de los derechos humanos, Sergio Aguayo, integrarán dos comisiones de la Verdad. «San Fernando y Allende comparten el demudado rostro de la ignominia. El enfrentamiento con el horror ha sido tal vez la causa por la que estas tragedias no han recibido el análisis que merecen», comentó el comisionado presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón.
La participación de la sociedad civil organizada en estos terribles casos es importante para el planteamiento de reparaciones de las comunidades dañadas por la violencia. A la par, también será la herramienta para señalar las irresponsabilidades de las autoridades coludidas o paralizadas por los grupos delictivos.
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