En parte a causa de las restricciones legales, en parte al hermetismo con el que trabajan los partidos políticos durante el periodo de las llamadas intercampañas, como el actual, las actividades políticas de cara a la elección del 5 de junio se han reducido al mínimo y, en contraste con lo que sucedía antes de la última reforma electoral, prácticamente resultan inadvertidas para la mayoría de los ciudadanos.
Al punto de que, hay días y semanas en los que da la impresión de que no existe proceso electoral y, a menos de que los candidatos se dejen ver en escenarios públicos para hablar de temas de interés sin hacer proselitismos ni llamados a votar, la situación persistirá igual hasta el arranque de las campañas constitucionales, el 5 de abril en el caso de los candidatos a la gubernatura y el 18 de los aspirantes a alcalde y diputados.
Quizá el receso será ligeramente alterado a fines de marzo con los actos de registro de los aspirantes ante el IETAM.
Mientras tanto, los jerarcas, operadores, ideólogos y estrategas de los distintos partidos políticos están dedicados, cada cual en su área de responsabilidad, a armar los comités de campañas, delinear las estrategias electorales y, por supuesto, conformar las planillas de candidatos a síndicos y regidores de los ayuntamientos que habrán de ser renovados en los comicios que están a la vista.
A consecuencia del desempleo y porque eso de vivir fuera del presupuesto para un activista político es un problema devastador, las listas de los presuntos interesados en incorporarse a los próximos cuerpos edilicios municipales para seguir en la nómina de gobierno los próximos trienios, son kilométricas.
En Madero, por ejemplo, se mencionan entre los presuntos del PRI a Margarita González Galván, hija del ex alcalde Guadalupe González Galván, Pilar Garza González, que ya fue regidora y renunció a la oficina del empleo para buscar la candidatura de diputada por el distrito 20 que se asignó a Honoria Mar Vargas, Héctor Marín, éste, junto con Pilar, integrante del grupo político del diputado Erasmo González Martínez, y el fallido aspirante a candidato independiente, Ricardo Manzur Oudié.
Si, como se dice, se separaron discretamente del cargo para evitar envidias y golpes bajos, también figurarían entre los probables el Secretario de Desarrollo Social, José Luis Martínez Navarro, el subdelegado municipal de la Sedesol, Ernesto Gutiérrez Rodríguez, el titular o ex del Itavu, Claudio De Leija, y el dirigente del tricolor, Felipe Jiménez Martínez, podría ser candidato a síndico.
Por parte del Verde Ecologista, aliado del Revolucionario Institucional, son igualmente parte del listado la priísta Nubia Portillo Alejo, hermana del regidor Azael Portillo, y el ex síndico, José del Olmo Blanco, éste perteneciente a la facción del ex alcalde Jaime Turrubiates Solís.
Del que no se sabe nada es del Partido Nueva Alianza, sólo que, como resultado de la coalición con el ex partido oficial, tendrá derecho a una posición en la próxima comuna de la urbe petrolera.
La presidenta del Sistema DIF Tampico, señora Silvia Alcaraz de Torres, por otra parte, rendirá este mediodía el segundo informe de trabajo en el que dará a conocer logros y avances de la gestión que encabeza en el último año de labores, esto en una ceremonia que se efectuará a partir de las 12 horas en el Teatro Metropolitano de la ciudad.
En temas nacionales, como se veía venir, para los votantes sin partido el retiro del aire de los spots propagandísticos del dirigente nacional del Partido Regeneración Nacional, MORENA, Andrés Manuel López Obrador, constituye un acto de censura y forma parte del golpeteo que se emprenderá de ahora en adelante contra la nueva agrupación de la izquierda por el temor que le tienen al tabasqueño de que vuelva a erigirse en el principal protagonista de la oposición a lo largo de la sucesión presidencial del aún lejano 2018.
Aunque de acuerdo con el argumento del Tribunal Electoral se suspendieron los anuncios porque representaba una promoción personal del Peje como aspirante a candidato a la presidencia, los enterados piensan que la disposición ha iniciado otro proceso de victimización del nativo de Macuspana que, en vez de perjudicarlo, volverá a elevarle los bonos políticos como en el 2006.
