CIUDAD DE MÉXICO.- Las organizaciones de derechos civiles que promovieron en 2010 un boicot contra Arizona por la ley antiinmigrante SB 1070, anunciaron la posibilidad de lanzar una protesta similar ante nuevas iniciativas contra la migración.
Los grupos, unidos bajo la Coalición Somos América, indicaron que más de media docena de iniciativas de ley con analizadas por la legislatura de Arizona, con el objetivo de infundir miedo entre la comunidad inmigrante.
“Estamos enfrentando una nueva era antiinmigrante”, dijo Roberto Reveles, un veterano activista pro derechos de los inmigrantes, presidente y fundador de la Coalición Somos América.
Reveles entregó este miércoles una carta al gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, en la que le pide presionar a la Legislatura para que no se aprueben los proyectos de ley o para que los vete en caso de llegar a su escritorio.
“Durante el boicot (de 2010), la comunidad de negocios de Arizona entregó un mensaje claro al liderazgo de la legislatura para rechazar las políticas anti-latinos y antiinmigrantes”, escribió Reveles en la carta.
“Lamentablemente, la legislatura una vez más está promoviendo descaradamente políticas públicas extremistas, con el objetivo de hacer la vida tan miserable para los inmigrantes indocumentados que opten por autodeportarse”, indicó.
Entre las iniciativas que son analizadas por la legislatura y que son consideradas antiinmigrantes se incluye una que prohibiría al estado y a las ciudades de Arizona usar recursos y personal público para aplicar cualquier orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos que no sea ratificada por el Congreso.
Se incluye también una propuesta que prohibiría al estado otorgar recursos públicos a cualquier condado o ciudad que sea clasificado como “santuario” al no exigir a sus policías que apliquen las leyes federales de inmigración o proveer beneficios públicos a inmigrantes indocumentados.
Otra medida, prohibiría el estado, condados o ciudades cooperar con programas federales que traigan a Arizona a refugiados, incluyendo niños indocumentados no acompañados o cualquier otra persona que no sea ciudadano de Estados Unidos, a menos que el individuo haya pasado por una revisión completa de antecedentes por el estado.
La semana pasada, el gobernador Ducey promulgó una controversial ley que despoja a los inmigrantes indocumentados sentenciados por algún delito en Arizona, de sus derechos a la libertad condicional y los obliga a cumplir casi con la totalidad de sus condenas antes de poder abandonar la cárcel.
Reveles advirtió que el continuar promulgando este tipo de leyes conduciría a un nuevo y destructivo boicot.
Un estudio realizado seis meses después del inicio del boicot de 2010 mostró que se perdieron al menos 141 millones de dólares en actividad económica, aún cuando la acción no tuvo un enorme impacto en la economía del estado.
Con información de MVS
