CIUDAD DE MÉXICO.- El miércoles 27 de abril fue atacado el hospital de Al-Quds en Alepo, al norte de Siria.
Tras el ataque aéreo, el hospital de 34 camas, que contaba con sala de urgencias, unidad de terapia intensiva, quirófano, y era el principal centro de referencia pediátrica de la ciudad, fue destruido.
Entre el polvo y la oscuridad, los pacientes y el personal comenzaron a rescatar, con ayuda de voluntarios, a los que habían quedado bajo los escombros. Dos de los ocho médicos del hospital, murieron.
No es un caso aislado. De Afganistán a República Centroafricana, de Sudán del Sur a Yemen y Ucrania, ambulancias, hospitales y centros de salud han sido bombardeados, saqueados, incendiados o destruidos.
Está generándose una peligrosa tolerancia, y esos ataques comienzan a ser vistos como la norma.
En los conflictos armados actuales, tanto la población como las infraestructuras civiles son objeto de ataques: mercados, escuelas, viviendas e instalaciones de salud son objetivos válidos.
Entre 2012 y 2014, en sólo 11 países, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 2 mil 400 ataques contra el personal, pacientes, instalaciones y medios de transporte sanitarios.
En 2015, 65 hospitales de Médicos Sin Fronteras (MSF) o apoyados por esta institución sufrieron 106 bombardeos y ataques con morteros.
En septiembre de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que 654 trabajadores de la salud habían muerto desde el comienzo del conflicto en Siria y que casi el 60 por ciento de los hospitales funcionaba parcialmente o estaba fuera de servicio.
Las estadísticas nos hacen un flaco favor ya que no dejan ver las tragedias individuales de las personas atrapadas en los conflictos.
¿Quiénes han perpetrado esos ataques? Casi todos. Fuerzas Armadas, grupos armados, incluso Gobiernos que integran las Naciones Unidas.
No siempre se trata de daños colaterales. A veces son sistemáticos, planificados o deliberados.
También son ilegales. Un ataque contra un centro de salud, intencional o accidental, es un ataque contra el derecho humanitario.
No es sólo la opinión de MSF y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
La Asociación Médica Mundial, el Comité Internacional de Medicina Militar, el Consejo Internacional de Enfermería, la Federación Farmacéutica Internacional, la Federación Internacional de Hospitales, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina y la Confederación Mundial de Terapia Física, organizaciones que representan a más de treinta millones de profesionales de la salud, coinciden en que se necesitan mayores esfuerzos para respetar la inviolabilidad de la asistencia a la salud.
Por ello nosotros, como presidentes de MSF y del CICR, apoyamos la propuesta de una resolución histórica de la ONU destinada a proteger la asistencia de salud.
Pero instamos al Consejo de Seguridad de la ONU a que se haga efectiva en los siguientes términos:
En primer lugar, debe transmitir un mensaje político contundente acerca de la necesidad de proteger la asistencia de salud. Todas las partes en conflictos armados deben cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho humanitario. Y deben afirmar con claridad su respeto a la prestación de asistencia médica imparcial en el conflicto armado.
En segundo lugar, debe instar a los Estados y a las partes que intervienen en conflictos armados a que adopten medidas eficaces para prevenir la violencia contra el personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios.
La protección jurídica de los pacientes, el personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios en el ámbito nacional debe afirmar sin ambigüedades la inviolabilidad de la asistencia de salud en tiempo de conflicto, aun cuando se considere que los pacientes o el personal de salud son el enemigo, para así garantizar el debido respeto de la neutralidad de la atención médica durante las operaciones militares y de seguridad.
Las Fuerzas Armadas y todas las partes en conflicto deben adoptar medidas prácticas para la protección de los heridos y enfermos, así como de todos los que realicen labores médicas.
Esas medidas deben incorporarse en las instrucciones, las reglas de enfrentamiento, los procedimientos operativos estándar y el entrenamiento.
En tercer lugar, debe reconocer que, cuando se cometen ataques contra instalaciones y personal de salud, es preciso realizar investigaciones exhaustivas, inmediatas, imparciales e independientes para determinar lo ocurrido.
Los incidentes deben informarse con regularidad y formalidad al más alto nivel y mantenerse un debate anual al respecto en el Consejo de Seguridad.
El factor que sustenta todas esas medidas debe ser la aceptación de que siempre prevalecen las necesidades médicas de las personas, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o a qué lado apoyen o pertenezcan.
La resolución de la ONU ofrece la oportunidad de trazar una línea en la arena y evitar ataques como el que tuvo lugar en Alepo en abril.
Los Estados tienen la responsabilidad moral y jurídica de actuar y proteger a las personas atrapadas en conflictos armados. Y el momento de actuar es ahora.
*Joanne Liu es presidenta internacional de MSF, y Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja.
