A diferencia de otros relevos de los poderes políticos estatal y municipales en los que los funcionarios salientes no tenían que preocuparse de que los sucesores en el cargo los fueran a enjuiciar porque, además de que eran compañeros de partido, tenían a un gobernador o a un alcalde que les cubría la espalda, ahora ni el propio mandatario estatal estará salvo de este tipo de riesgos ya que, si no hizo bien las cosas, no tendrá a nadie que los defienda ni les sirva de tapadera.
Aunque a decir del diputado Ramiro Ramos Salinas los gobiernos salientes dejarán el cargo sin deudas y con cuentas claras, además del jefe del ejecutivo estatal, aquellos presidentes municipales que no tuvieron la precaución de actuar con estricto apego a la ley a la hora de gobernar o salen con cuentas mochas, podrían verse en aprietos si los funcionarios entrantes detectan irregularidades en la forma en la que ejercieron los recursos del erario.
Uno de los asuntos que podrían desencadenar una eventual acción judicial es el de la deuda pública. Los que las reciben únicamente están obligados a aceptar y a pagar, por supuesto, los créditos que fueron justificados y se contrataron respetando las normas legales. Los que no cumplieron esos requisitos, seguramente estarán en dificultades.
También las nóminas abultadas, los sueldos exagerados y los gastos médicos mayores, en general los asuntos correspondientes al área de las finanzas, rubros en los que a menudo se detectan erogaciones sospechosas y se descubren desvíos ilegales de recursos y otros delitos, son motivo de especial atención en los cambios de administraciones, sobre todo cuando los que llegan y los que se van no pertenecen al mismo partido político.
El gobernador electo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha repetido que no tiene intenciones de iniciar una cacería de brujas, sin embargo, no creemos que el régimen del reynosense desaprovecharía eventuales irregularidades en los que estarían involucrados gobernantes priístas para, por lo menos, sacar al balcón a los responsables de cualquier clase de componendas.
Hay incluso, militantes destacados del PRI, que aplaudirían que se exhibiera ante la opinión pública o que incluso se lleva- ra ante la justicia a aquellos servidores o funcionarios de gobierno deshonestos, ya que fue precisamente a causa de militantes corruptos que desempeñan puestos en el gobierno que el Revolucionario Institucional sufrió la derrota del 5 de junio. Ahí están los ejemplos de Javier Duarte de Ochoa y de Rodrigo Medina.
Hablando de otras cosas, la resolución mediante la cual la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación regreso ayer al PRI y al PAN las dos diputaciones plurinominales que les había quitado la sala de regional de Monterrey, provocó reacciones de desconcierto. Los votantes no entienden cómo es que los magistrados del IETAM, el TRIFE y el Tribunal regiomontano, emitieran fallos antagónicos en un mismo caso y cuáles los criterios y argumentos que los hicieron tomar decisiones diametralmente opuestas.
Sean la que hayan sido, como consecuencia del nuevo fallo las curules de representación proporcional que se habían reasignado la semana pasada a los candidatos del movimiento Regeneración Nacional y el Movimiento Ciudadano fueron restituidas a Acción Nacional y al tricolor, como habían dispuesto originalmente las autoridades del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Como se esperaba, por otra parte, al dirigente de la CNOP de Ciudad Madero, Adrián Cruz Martínez, está camino a que le suceda lo mismo que al gobernador veracruzano, Javier Duarte, ya que, además de haberse solicitado su destitución como dirigente del sector popular, se ha pedido igualmente al CEN la baja del representante cenopista de las filas del tricolor.
La solicitud fue planteada ayer por el propio dirigente del ex invencible, Felipe Jiménez Martínez ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que preside Fernando Elías Calles.
La causa, la asistencia de Cruz Martínez a un evento político encabezado por el alcalde electo, Andrés Zorrilla Moreno, en el que éste agradece públicamente el respaldo que Adrián le habría otorgado durante la campaña electoral, conducta violatoria de los estatutos priístas por la que se pide al alto mando emita la correspondiente declaratoria de pérdida de la militancia del aludido.
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