CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tamaulipas está en desventaja financiera y estructural para cumplir con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal sin lesionar los derechos de los internos o de sus familias debido a las condiciones actuales de los reclusorios.
En el estado, tres de los seis centros penitenciarios obtuvieron una calificación de 6 en una escala máxima de 10 de acuerdo con la última revisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el 16 de junio y marca obligaciones a los estados para garantizar la protección de los derechos humanos a los internos.
Históricamente, los centros de ejecución de sanciones de Tamaulipas son los últimos en integrar el programa de inversión pública. En 2013 se destinaron sólo 4 millones a compra de equipos y uniformes. A infraestructura, remodelación o reconstrucción de espacios, no se aplicó nada.
El gasto mensual programable para estos centros es de poco más de un millón de pesos, cantidad que dejaría sin cumplir los lineamientos de la Ley de Ejecución Penal.
Entre los nuevos ordenamientos está el de crear medidas de protección a los internos, como recluir en el centro más cercano a su lugar de residencia, purgar penas domiciliarias o ser liberado si se cuenta con más de ochenta años.
Otra de las disposiciones de la ley es la separación de reclusos que purgan delitos por delincuencia organizada, sin embargo, en los centros de ejecuciones de Tamaulipas no cuentan con instalaciones adecuadas para este fin.
Según el artículo transitorio número 8 de la nueva ley, las personas detenidas por cometer robo cuyo valor no exceda de los 80 salarios mínimos y no haya existido ningún tipo de violencia, podrán solicitar la libertad anticipada.
Otro de los beneficios de la ley es la libertad anticipada para los internos que fueron detenidos con marihuana con una cantidad menor a los 5 mil gramos, siempre y cuando no hubiera sido para venta o distribución, y que en la detención no hubiera habido algún tipo de violencia.
En las calificaciones otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se muestran que en el tema de salud, aun cuando se cuenta con servicio médico, éste no es suficiente para atender con eficiencia a los internos.
La falta de gobernabilidad y las condiciones que garanticen la integridad física y moral del interno son parte de los puntos que cuentan con la calificación más baja en el estado, y se deben corregir una vez aplicada la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De acuerdo a información publicada por Expreso, el Gobierno de Tamaulipas ejerce diariamente cerca de 800 mil pesos en alimentación y servicios para los internos de los seis penales de la entidad, sin contar el gasto de nómina de custodios y operativos.
