Es una verdad monumental e irrebatible:
Procurar justicia y seguridad través de las corporaciones policíacas, así sea en nivel de excelencia, no sirve para nada si no se aplica con la misma intensidad en los tribunales.
En otras palabras, si la impunidad es el resultado de los juicios.
Viene al caso la reflexión anterior por la paradoja que en la percepción de su servidor aparentemente se da hoy en Tamaulipas entre esos dos conceptos de la justicia. Intentaré explicar esta visión personal.
Ayer, diputados locales y federales tamaulipecos coincidieron en impulsar acciones que conlleven a obtener mayores recursos para hacer más eficientes a las dependencias de seguridad pública del Estado, fortalecer su capacidad de atención y reacción ante las emergencias de su campo de acción y hasta para profesionalizar a los custodios de penales, en donde una gran parte de ellos han sido declarados inapropiados por diversas causas.
Un aplauso para ese respaldo. El Estado lo necesita y lo reclama para no vivir en la angustia en que hoy lo hace.
Pero los mismos diputados deberían pensar que lo que bien empieza, como es el caso del apoyo legislativo a las policías, también debería acabar bien en lo relativo a la impartición de justicia, lo que no sucede por lo menos en el segmento de la Ley de Víctimas. En sus reformas, para ser más preciso, en donde la equidad brilla por su ausencia y hace pedazos todos los esfuerzos citados en primer término.
Citaré dos casos:
En esa Ley, el artículo 67 marca un límite de 1 millón 110 mil 200 pesos para la reparación del daño a las víctimas de la violencia. En contraparte, para los acusados no impone un tope para reparación de presuntos daños a delincuentes que se llaman vulnerados en sus derechos humanos o en el proceso que se les sigue. Hay casos de indemnizaciones varias veces millonarias otorgadas a criminales, porque se ampararon en ese artículo.
En el mismo ordenamiento, el artículo 63 obliga a las víctimas de la delincuencia a esperar una sentencia definitiva de los culpables para recibir el pago, cuando los fallos judiciales en ocasiones tardan hasta 10 años. Y sorpresa: en ese mismo artículo los infractores no requieren una sentencia para recibir la reparación económica, porque sólo basta una recomendación de algún organismo de protección a Derechos Humanos para que le sea entregada. Y el plazo no pasa de un año.
¿A quién intenta proteger esa Ley?.. ¿A las víctimas o a los victimarios?
Queda claro que las buenas intenciones de los diputados existen, pero queda claro también que si no existe un trato por lo menos igualitario para los ofendidos la justicia no sólo seguirá ciega, sino también será –ya lo es– manca.
Ojalá se tomen unos minutos nuestros diputados para pensar en eso …
Apoyo positivo, pero no parejo
Y en el mismo terreno de los diputados, ayer también en el Congreso Local se acordó buscar un fondo de auxilio especial para los municipios de la frontera tamaulipeca, con el argumento de que es más lo que producen que lo que reciben de la Federación,
No dudo de eso y me congratulo de que los paisanos de la franja paralela al río Bravo sean apoyados, pero también no dudo en que esa región ha sido mucho más beneficiada que el resto del Estado. Durante muchos años disfrutaron de un IVA menor al resto de la Entidad; han disfrutado de combustibles mucho más baratos que en otros municipios; reciben ingresos importantes derivados del movimiento de los cruces que poseen para ir a Estados Unidos; reciben un trato preferencial en la importación de artículos sin pagar impuestos y también por décadas han sido la tierra prometida para utilizar vehículos a bajo costo, por su calidad de fronterizos.
Qué bueno que les den más, pero ojalá que no se olvidaran que hay más ciudades que sin ser fronterizas, necesitan de respaldos económicos adicionales para servir a su comunidad…
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