De acuerdo con la Auditoría a Superior de la Federación, como resultado de la revisión de las cuentas públicas se han interpuesto ante las autoridades de la PGR denuncias de hechos contra 15 gobiernos estatales por el uso indebido de recursos, en algunos casos por omisión, en otros por acción, en varios de los cuales existen claras responsabilidades.
A decir de la ASF, en esa situación se encuentran involucrados funcionarios de las entidades federativas de Chihuahua, Quintana Roo, Puebla y Durango.
En el caso de las dos primeras, como es del dominio público, son investigados los ex gobernadores César Duarte Jáquez y Ricardo Borge Angulo, aunque la experiencia demuestra que por causas diversas, pero fundamentalmente por falta de voluntad y temor a las repercusiones políticas, la mayoría de los asuntos terminan en la congeladora.
Del 2011 al 2014, por ejemplo, la Procuraduría General de la República integró 300 averiguaciones previas contra gobiernos estatales y municipales que desviaron fondos públicos por 57 mil millones de pesos, que, no obstante que debieron aplicarse a programas de educación, salud y seguridad pública, se utilizaron para pagar obsequios, perfumes, zapatos, vestidos, medicinas con sobreprecios, bonos indebidos a empleados y partidas sindicales.
La realidad es que la corrupción que priva en el ejercicio del gobierno es tan grave y generalizada que delaciones como las aludidas son como el café sin cafeína, simples disparos al aire o disparos de balas de salva, que hacen mucho ruido pero que no lastiman a nadie, a menos no desde el punto de vista jurídico, a los que generalmente recurre los señores del poder para entretener a la opinión pública y aligerar la presión social contra las corruptelas gubernamentales.
A pesar de lo urgidos que están el régimen del presidente de Enrique Peña Nieto y el PRI de recuperar la confianza ciudadana y la credibilidad en el sistema nacional anticorrupción, que únicamente conseguirían llevando a la cárcel a los priistas corruptos, si el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, termina en prisión, como parece que sucederá, será un verdadero milagro.
Mientras son peras o son manzanas, como se había anunciado, el ex Secretario de Finanzas del gobierno del Alcalde Gustavo Torre Salinas, el contador Gerardo Gómez Ibarra, fue sentado ayer durante una hora en el banquillo de la contraloría del ayuntamiento para que aclarara las dudas ocasionadas por la insuficiencia de información que dejó la pasada administración en el proceso de entrega-recepción.
Por razones obvias, la comparecencia del ex funcionario de la que dieron fe y testimonio la Secretaria de la comuna, Laura Patricia Ramírez Villasana, la contralora Evangelina Banda Segovia y el regidor presidente de la Comisión de Transparencia del cuerpo edilicio porteño, el panista José Antonio Heredia Niño, se realizó a puerta cerrada, lejos de los micrófonos, las cámaras, las grabadoras y las miradas indiscretas de los representantes de los medios de comunicación.
¿Disipó el profesionista las inconsistencias detectadas por los colaboradores de la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra o las dejó igualo peor que como estaban? Quizá, como dijo el Monge Loco, nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá, porque los testigos presenciales del acontecimiento, como exigen las circunstancias o conveniencias políticas, seguramente serán ciegos, sordos y mudos. ¿O alguien filtrará o ya filtró la información?
El ex diputado local del municipio de Madero, Erasmo González Robledo, por otra parte, se unió ayer, al parecer tardíamente, a la cambiante lista de aspirantes a la presidencia del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, ya que, según la información más reciente, todo indica que la designación del sucesor de Rafael González Benavides se decidirá entre el diputado Alejandro Guevara Cobos y el ex director de desarrollo social del gobierno del Estado, Manuel Muñoz Cano.
Aunque a lo mejor, el haber levantado la mano le sirve al pupilo del ex alcalde Guadalupe González Galván para que le asignen alguna cartera del futuro CDE, como premio a la valentía que se espera que otorgarán igualmente a Enrique Cárdenas del Avellano y Roberto González Barba, entre otros militantes que, como el ex legislador de la urbe petrolera, han expresado su interés en asumir las riendas estatales del ex invencible, actualmente en desgracia, en circunstancias en las que no hay realmente nada que ganar y mucho que perder.
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