Definitivamente parece que los días que restan al 2016 y los del 2017 no serán buenos para México.
Además del triunfo de Donald Trump y el nerviosismo causado por la amenaza del muro fronterizo, la política antiinmigrante del próximo presidente de los Estados Unidos y la posibilidad de que, como consecuencia de todos estos factores adversos, el dólar norteamericano podría llegar a los 25 pesos en unos meses, como auguran algunos especialistas, han dibujado un panorama desolador.
La reducción del Banco de México de los pronósticos de crecimiento económico para los próximos doce meses, que a principios del año estaba arriba del 3 por ciento, a un triste 1.8, indican que en el futuro inmediato habrá más desempleo, más carestía y que el problema de la inseguridad se recrudecerá.
Por si eso no fuera suficiente, se vaticina que en breve el precio de la gasolina, que actualmente se ubica en 14 pesos, llegará a los 15. 50 pesos el litro, alza que, aunada a la devaluación que nuestra moneda ha sufrido ante la divisa estadounidense, agudizará la ya insoportable escalada alcista.
Los priistas de Tamaulipas, por otra parte, deben de estar espantados, pero no por la situación económica, sino porque cuando estaban en el poder jamás imaginaron que los abusos que cometían en el ejercicio del cargo tendrían consecuencias tan desastrosas, mucho menos que en unos meses el mundo se les vendría encima y a algunos de ellos los tendría al borde de ir a prisión.
A causa de la falta de resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, corrupción e impunidad, los escándalos de la casa blanca y la de Malinalco, el 5 de junio perdieron siete gubernaturas, entre ellas la de Tamaulipas, en la que perdieron, además de las alcaldías de mayor peso político y económico, la mayoría del congreso del Estado.
En estos momentos, como es del dominio público, 6 ex gobernadores andan a salto de mata, algunos prófugos de la justicia, otros listos para ocultarse cuando se ordene su detención o simplemente para mantenerse lejos de las miradas indiscretas y no exponerse a ser abucheados o hasta linchados por alguna turba enardecida que resultó afectada por los actos de gobierno del sexenio pasado.
Bajo esas circunstancias y sin dinero ¿quién será el valiente al que le interesa hacerse cargo de la dirección estatal de lo que queda del ex invencible y enfrentar la exhibición de que es objeto a diario por el régimen albiceleste?
El gobierno del Estado, ahora encabezado por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, retiro en días pasados los escoltas que el flamante consejero nacional del Revolucionario Institucional Egidio Torre Cantú pagaba para que cuidaran a ex gobernadores y ayer anunció que se aplicará igual medida a aquellos funcionarios que aún cuentan con este tipo de protección, como el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez Del Río.
Y que el centenar de elementos que se destinaban a estas tareas se reincorporarán a las que corresponden por ley y obligación, vigilar la entidad, combatir la delincuencia y proteger la vida y el patrimonio de las familias tamaulipecas, no únicamente las de los funcionarios públicos, sobre todo en las carreteras que, como puso de relieve el ataque que sufrió ayer una familia en las cercanías de Matamoros, continúan siendo altamente peligrosas para los viajeros.
Frente a esa realidad, algunos priistas alternan el trabajo oficial que los votantes les asignaron con el de atender quejas por despidos injustificados, como la que les hicieron ayer a los diputados de la fracción parlamentaria tricolor 69 burócratas que laboraban en el municipio de Padilla a los que el nuevo alcalde dejó fuera de la nómina y del presupuesto gubernamental.
Aunque no desaprovechan ocasión para maniobrar y meterle presión al gobierno estatal.
No obstante que en el régimen de Torre Cantú se opusieron sistemáticamente a la eliminación del impuesto de la tenencia vehicular, ayer los diputados locales del tricolor presentaron una iniciativa legal en la que solicitan la derogación del gravamen a partir de enero, a sabiendas de que Cabeza de Vaca la pretende dejar sin efecto pero gradualmente, mientras busca la manera de compensar el ingreso que dejaría de llegar a las arcas cuando deje de cobrarse.
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