CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas espió a sus ciudadanos sin autorización del Poder Judicial de la Federación (PJF) durante tres años y medio, y obtuvo en 1,722 casos la información de teléfonos personales, denunció la asociación civil Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
De acuerdo con el informe “El Estado de Vigilancia: Fuera de Control”, elaborado por R3D, en 2013 la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) hizo 116 solicitudes a empresas telefónicas para acceder a los datos de números privados, en el 2014 fueron 404 casos, mientras que en 2015 la cifra aumentó a 717, y al primer semestre de 2016 lo hizo con 485 cuentas telefónicas; en sólo un caso pidió autorización judicial.
De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, la PGR, el Cisen, la Policía Federal y las procuradurías de los estados pueden acceder a las llamadas telefónicas y el historial de consumo de las cuentas, pero sólo mediante orden judicial.
A partir de 2009, las empresas de telecomunicaciones se encuentran obligadas a conservar una gran cantidad de datos (conocidos como “metadatos de comunicaciones”) de todos sus usuarios. En 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) aumentó el plazo de conservación de los datos a 2 años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) limitó el acceso a las procuradurías estatales, la Policía Federal (PF) y el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) con autorización judicial y solo cuando se presuma un peligro a la vida o integridad de las personas.
El uso efectivo de las herramientas de vigilancia en las averiguaciones previas en Tamaulipas es nulo. De las 931 indagatorias en las que se ha utilizado alguna medida de vigilancia, en 164 se ejercieron acciones penales. Esto representa apenas el 17.61 por ciento.
La PGJ de Tamaulipas negó haber utilizado de herramientas de intervención en los tres años. El Poder Judicial de la Federación tampoco registró solicitud de intervención. Las procuradurías y fiscalías de Colima, Zacatecas, Tabasco, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Quintana Roo sí pidieron permiso para revisar interacciones entre números telefónicos.
De igual forma, el gobierno tamaulipeco no empleó el monitoreo de la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, también llamada geolocalización. Esta es una herramienta que comúnmente sirve para combatir los delitos de secuestro y extorsión, ambos con altos índices en territorio tamaulipeco.
Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales, las herramientas de vigilancia no han servido para detener la violencia y la inseguridad en estados como Tamaulipas y Veracruz.
A nivel nacional, Tamaulipas es la segunda entidad con la mayor cantidad de consultas de información a través de sus procuradurías, superado sólo por Veracruz, con dos mil 348 consultas y sólo nueve acciones penales.
Después de Tamaulipas, está Oaxaca con 830 consultas a teléfonos inteligentes y 37 acciones penales, mientras que Tabasco se ubica en el cuarto lugar, con 553 escuchas.
Datos Nacional
3 mil 182 solicitudes de autorización judicial para intervención de comunicaciones privadas (ICP)
41 mil 107 solicitudes de acceso a los datos conservados (ADC)
10.9 por ciento contó con autorización judicial federal
Tamaulipas
0 (cero) solicitudes de autorización judicial para intervención de comunicaciones privadas (ICP)
Mil 237 solicitudes de acceso a los datos conservados (ADC)
.08 por ciento contó con autorización judicial federal
las cifras
Intervenciones a celulares de la PGJT:
404
en el año 2014
717
en el año 2015
485
en el primer semestre de 2016
931
por averiguaciones
164
por acción penal
