Tradicionalmente la Comapa de Tampico ha sido un trampolín político del que se salta, algunos exitosamente, otros no, a cargos de elección popular.
Fernando Azcárraga López, por ejemplo, salió de ella, primero a la Aduana y luego a la alcaldía, igual que Oscar Pérez Inguanzo. Guillermo Dávila Mora logró una diputación local, Jorge Manzur Nieto, como Francisco Bolado Laurents y Pedro Sors Martìnez, en cambio, se quedaron en el camino, los dos fracasaron en su intentona de llegar al Congreso del Estado.
He ahí algunas de las razones por las que llamó la atención la llegada de Manuel Adolfo Cabal Ruiz al cargo de Gerente General de la empresa operadora del servicio de suministro de agua a la población y a la industria de Tampico y Madero, el primer panista al que se asigna el manejo de la que los militantes de Acción Nacional llaman “la caja chica del PRI” en los procesos electorales.
Aunque desde afuera la encomienda parece un evidente objetivo político, proyectar al profesionista, que es Ingeniero Industrial con maestría en administración y una formación totalmente técnica, para disputar una eventual candidatura del PAN a la presidencia municipal de Tampico en los comicios del 2018, el funcionario asegura que no es así.
Su arribo a la planta Altavista, afirma durante una plática con periodistas, es acabar con los problemas y los vicios que sufre la potabilizadora, como que el 65 por ciento del presupuesto que maneja, alrededor de 380 millones de pesos anuales, se destine a salarios y únicamente el 35 a su operación, cuando debería de ser al revés.
Mi verdadero objetivo, dice, es revertir gradualmente esa situación, mejorar el servicio, aunque acepta que, si cumple con la tarea y llegara a presentarse la oportunidad de buscar el gobierno de la ciudad dentro de año y medio o posteriormente, seguramente no la desaprovecharía.
Aclara, sin embargo, que esa no es la razón por la que acepto la invitación que le formuló el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que administrara la paraestatal, ni tampoco tiene ninguna obsesión por un proyecto de esa naturaleza, la prioridad es dar buenos resultados y a eso enfocará sus mejores esfuerzos y capacidad.
Mientras tanto, el pleito político que protagonizan desde el inicio de la gestión el gobierno del Estado y la alcaldesa de Reynosa, Maky Ortiz Domínguez, se agudiza y crece. No obstante que, a decir del diputado Carlos García González, no hay ninguna bronca con la titular del ayuntamiento, los hechos demuestran lo contrario.
Ayer la propia presidenta municipal declaró que el gobierno estatal se esta entrometiendo en los asuntos del municipio por mediación del representante Francisco Javier Garza de Coss al que responsabilizo directamente de reunirse con los miembros del cabildo para decirles los temas a tratar cómo votar en las reuniones edilicias.
¿En qué irá a parar el asunto?, no se sabe, pero todo indica que si no se hacen las paces y, en lugar del ventilar públicamente las discrepancias, las partes en pugna se sientan a platicar para resolver el conflicto en privado, al final de cuentas este va a terminar por favorecer a los adversarios de Cabeza de Vaca y el PAN.
Otro caso que se ha puesto color de hormiga es el de las inconsistencias o irregularidades del proceso de entrega recepción que la administración del ex alcalde Gustavo Torres Salinas entregó a la de Magdalena Peraza Guerra.
Si es cierto lo que informó el presidente de la comisión de transparencia del cuerpo edilicio porteño, el regidor Antonio Heredia Niño, de que el ex munícipe cargaba al erario las cuentas personales o quizá así parece porque el presidente no tuvo cuidado de adjuntar los comprobantes que indicaran que se trataba de compras de gobierno, sino se aclara y este se hace llegar tal cual a la Auditoría Superior del Estado, podríamos estar frente un nuevo escándalo de corrupción.
El reporte del edil exhibió igualmente a 12 síndicos y regidores a los que el ex titular del ayuntamiento prestó indebidamente dinero por 2 millones 710 mil pesos que la mayoría no liquidaron al concluir de la gestión el pasado 30 de septiembre, como Claudia Rosas Marín, del Panal, que quedó a deber 100 mil, Dorely Meza Reyes, del PRI, 345 mil y Julián Zorrilla Estrada, del PAN, 516 mil, entre otros. jlhbip@hotmail.com
