CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Irving Barrios Mojica, designó a tres nuevos funcionarios para solicitar información de usuarios a las compañías telefónicas.
La fiscal especial en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, Elizabeth Almanza Ávalos; el director jurídico Craig López Olguín; y
el coordinador estatal antisecuestro, Willy Zúñiga Castillo, son los enlaces con las diez empresas que operan en el país.
En 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce tres tipos de vigilancia. El Acceso a Datos Conservados (ADC), la Intervención de Comunicaciones Privadas (ICP) y la Geolocalización en Tiempo Real.
El 22 de septiembre de 2015, el gobierno estatal oficializó el requerimiento de datos a las concesionarias. El entonces procurador Ismael Acosta Quintanilla designó a las personas para cumplir con dicha tarea. El único que repite en dicha función es el jefe de la unidad contra la privación ilegal de la libertad.
Los funcionarios judiciales tienen acceso a los metadatos de las comunicaciones integrados por los números telefónicos de origen y destino de una comunicación; la hora, fecha y duración de la misma; los datos de identificación de la tarjeta SIM (IMSI) y del dispositivo (IMEI); e incluso los datos de localización de las antenas a las cuáles se conecta un dispositivo móvil.
En el acuerdo número 48/2016, publicado el uno de diciembre, se establece: “a partir del 27 de octubre de 2016, se designan como servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos a las concesionarias de telefonía a los titulares de las áreas de Coordinación Estatal Antisecuestro, Fiscalía Especial en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad y Dirección Jurídica, como enlaces por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas”. De acuerdo con el informe “El Estado de Vigilancia: Fuera de Control”, elaborado por R3D, en 2013 la PGJ hizo 116 solicitudes a empresas telefónicas para acceder a los datos de números privados. En el 2014 fueron 404 casos, mientras que en 2015 la cifra aumentó a 717, y al primer semestre de 2016 lo hizo con 485 cuentas telefónicas.
La Procuraduría de Tamaulipas, con base en información de R3D, nunca ha utilizado la intervención de comunicaciones privadas y el monitoreo de la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, también llamada geolocalización. Empero, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas gastó 322 mil 900 euros, aproximadamente 5 millones 650 mil 750 pesos, en espiar ilegalmente a ciudadanos con software ‘malicioso’ en celulares y computadoras.
El uso efectivo de las herramientas de vigilancia en las averiguaciones previas en Tamaulipas es nulo. De las 931 indagatorias en las que se ha utilizado alguna medida de vigilancia, en 164 se ejercieron acciones penales. Esto representa el 17.61 por ciento. Dicho porcentaje es menor a nivel nacional, apenas suma 8.73 puntos, es decir, 572 acciones penales por 6 mil 529 averiguaciones que se auxiliaron de la vigilancia.
Cumplen la ley
La Procuraduría de Tamaulipas, con base en información de R3D, nunca ha utilizado la intervención de comunicaciones privadas y el monitoreo de la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, también llamada geolocalización.
