CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Una veintena de funcionarios estatales están a un paso de sanciones, inhabilitaciones o juicios penales por el desahogo 30 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 45 pliegos de observaciones que están pendientes de su resolución respectiva ante la Contraloría de Tamaulipas.
En todos los casos se trata de desvíos, subejercicios o mala aplicación de fondos federales de la Cuenta Pública 2015, que representan un impacto económico de 151 millones de pesos, y que toca ahora a la Contraloría del estado exigir o castigar a los malversadores.
En su informe general, la Auditoría Superior de la Federación señala que hay también más de mil millones de pesos de ejercicios anteriores, de 2011 a 2014, de los cuales unos mil millones de pesos no han sido aclarados.
A la fecha, solamente se sabe de dos denuncias penales “en integración” desde 2010, la primera derivada de la acción de la ASF 10-A-28000-02-0222-06003, por la cual se tuvieron que reintegrar al erario federal casi 49 millones pesos, en los que se determinó responsabilidad que podría ser penal en la aplicación de 1.025 millones de pesos.
El gobierno de Tamaulipas hizo ese reintegro correspondiente a recursos del Fondo para la Educación Básica y Normal (FAEB, vigente hasta 2014) y emitió dos comprobantes de operación Santander de fecha 1 de marzo de 2012.
Por esa misma auditoría y del FAEB, Tamaulipas reintegró en 2012, 47 millones 581 mil pesos en depósitos en Banorte de fechas 19 de octubre de 2012 y 13 de mayo de 2013.
Según una respuesta de Transparencia de la ASF, del Fondo Nacional para Escuelas de Calidad 2012, debe existir otra denuncia penal iniciada por el titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que debería constar de expedientes administrativo y de investigación, derivados de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 13-9-2800-02-0234-08-001.
Otra más del gobierno de Tamaulipas por desvíos de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en la obra ITAVU‐PE‐10‐BC‐279, ejecutada por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo que se pagaron en exceso, en la construcción de pavimentos.
“En las obras ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados”, dice la ASF, que aún tiene como incumplida los castigos derivados por el desvío de estos fondos.
También debería haberse desahogado ya una solicitud de acción penal en contra de funcionarios del Ayuntamiento de Reynosa 2007-2010, por desvíos de 09-B-28000-02-0729-08-001, lo cual nunca se hizo.
Además, entre 2002 y 2010, Tamaulipas estuvo entre las entidades federativas con la mayor proporción de recuperaciones determinadas o mayor cantidad de dinero que debió ser reintegrado por utilizarse mal o no utilizarse.
De dicho periodo 20022010, Chihuahua con 35.1 por ciento; Oaxaca 19.2 por ciento; Tlaxcala 18.0 por ciento y, Tamaulipas y Durango 14.9 por ciento, en ambos casos, son los estados más sancionados en la revisión de fondos federales. Pesa a las sanciones, devoluciones o pliegos de observaciones impuestos por la ASF en la revisión de fondos de origen estatal en la Cuenta Pública, por el órgano fiscalizador estatal, la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, han sido mínimos.
