En la Secretaría de Gobernación explican el aumento en los homicidios dolosos, así como el rebrote de la violencia en algunas regiones del país, con dos variables, una coyuntural y otra estructural, que al final confluyen en un mismo elemento: la falta de policías estatales dignas de ese nombre.
En el primer renglón, explican fuentes de Gobernación, las elecciones en una veintena de estados, que renovaron sus gubernaturas en los comicios de 2015 y 2016, provocaron un desajuste en la coordinación en contra de la delincuencia.
Y si encima ocurren procesos de transición donde las autoridades salientes y los candidatos que fueron electos no se ponen a trabajar de inmediato, el resultado es un escenario de recrudecimiento de la violencia, como ha ocurrido en Nuevo León, Chihuahua y, el más emblemático para mal, Veracruz: los delincuentes –incluidos policías estatales o municipales corruptos– aprovechan los vacíos de poder generados por pugnas políticas que trascienden por mucho al día de las elecciones.
Así, el hecho de que casi dos terceras partes de los estados de la Federación renovaran sus gobiernos habría provocado parte del desajuste que se ve hoy reflejado en las estadísticas de la violencia.
El otro factor de ese repunte es que muchos de los gobiernos que se fueron no dejaron en pie corporaciones policíacas profesionales.
Esta deficiencia estructural, la falta de cuerpos policíacos estatales probos y eficaces, da como resultado el hecho de que hoy, cuatro años después de comenzada esta administración, escuchemos desde la Federación señalamientos que ya se habían hecho desde la presidencia de la República de Felipe Calderón hacia los gobernadores.
Hagan su chamba gobernadores, es el reclamo que ha trascendido en sexenios. Sin embargo, una novedad en este rubro estaría por ocurrir.
En cuestión de semanas, la Secretaría de Gobernación presentará diagnósticos de las capacidades institucionales policíacas de cada estado, de los recursos que se les da para ese objetivo, y de los resultados que cada entidad ha ido alcanzando en la consolidación de cuerpos policíacos que, eventualmente, deberían asumir las labores de seguridad que hoy están recargadas en el gobierno federal.
La idea de Gobernación es condicionar, así, como se oye, condicionar el apoyo de la Federación a las entidades a que éstas hagan la tarea que les corresponde en materia de seguridad. Si un gobernador no cumple, se le retiraría el apoyo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal. “Hemos llegado a casos donde un gobernador dice, ‘mira, yo puedo pagar para que me envíen marinos’, eso no puede ser, no se trata de eso. Llegó el momento de que cada quien asuma su responsabilidad”, explicaron las fuentes de Gobernación.
Hay un elemento importante en el paso que está por dar Gobernación. El gobierno convocará a la ciudadanía para que ésta se convierta en un factor de presión hacia los gobernadores omisos, a sabiendas de que los mandatarios estatales ya no se podrán acunar en la Federación para eludir su responsabilidad frente a la violencia.
En Bucareli dicen tener claro que esta jugada que pretende regresar a los gobernadores la responsabilidad que sí tienen en la lucha anticrimen, debe ocurrir independientemente de si se aprueba la Ley de Seguridad Interior y, cuantimás, si esa legislación no transitara en el Congreso.
En Gobernación no creen que sea demasiado tarde para obligar a los gobernadores a asumir sus tareas o, de lo contrario, pagar los costos políticos que genera la violencia.
Y dicen que es en serio la advertencia de que retirarían a las Fuerzas Armadas donde no vean cooperación real.
Veremos.
Twitter: @SalCamarena