CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La reforma a la Ley de Extinción de Dominio presentada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado tiene el objetivo de homologarse con la norma federal y castigar a los funcionarios y ex funcionarios que se enriquecieron con dinero público.
El jefe del grupo legislativo propuso cambios a la ley, que se alinean con la quinta acción anunciada por el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. “Utilizaré un instrumento que nunca se ha aplicado en Tamaulipas, utilizaré los instrumentos de extinción de dominio para recuperar los bienes que son propiedad de los tamaulipecos”, dijo en el mensaje posterior a la toma de protesta.
Apenas el 13 de junio de 2016 entró en vigor la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tamaulipas. El documento, aprobado por la LXII Legislatura al mando de Ramiro Ramos Salinas, sólo incluyó los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; robo de vehículo, trata de personas y secuestro, como detonantes de extinción de bienes.
Empero, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no incluyeron el delito de enriquecimiento ilícito. El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica:
“Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan”.
En caso de que el cambio propuesto por el grupo legislativo panista se apruebe, el artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tamaulipas será el que se reforme. La modificación generará una serie de cambios que incidirán en la estructura del Poder Judicial del Estado (PJE) de Tamaulipas.
El PJE debe preparar a jueces especializados en el tema. Dicho personal deberá acordar y resolver sobre las providencias cautelares que solicite el Ministerio Público. Además, iniciarán, sustanciarán y resolverán el procedimiento jurisdiccional de extinción de dominio en los términos de la ley.
La aprobación y entrada en vigor de los cambios servirán al gobierno de Cabeza de Vaca, para echar a andar su plan de demostrar presuntos actos de corrupción cometidos por administraciones anteriores.
