CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Las Secretarías de Finanzas (SF) y de Administración (SA) del Gobierno de Tamaulipas alistan el plan de austeridad que comenzará a aplicarse de manera progresiva a partir de abril. Los poderes Legislativo y Judicial no han fijado un plazo para unirse a la propuesta del Ejecutivo.
El decreto sobre “las medidas de disciplina presupuestaria para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos bajo los principios de austeridad y racionalidad” fija que esta semana se establecerán las acciones precisas para ahorrar 680 millones de pesos.
El pasado 2 de febrero, el Gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció “un programa de apoyo a la economía de las familias tamaulipecas y un plan de 10 acciones”. El último punto del decálogo es el “Acuerdo de Austeridad con el Sector Público Estatal”.
Dicha iniciativa fue firmada el 14 de febrero por alcaldes, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado; él y magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Empero, los titulares de los ayuntamientos y de los dos poderes no tienen fecha para implementar el plan.
Para la ejecución del decreto que solo abarca el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas (SF) revisa los diagnósticos organizacionales de bienes y servicios de las dependencias y las medidas para reducir gastos de operación. El resultado de la evaluación será el programa preciso para lograr la meta de ahorro.
La propuesta principal que se pidió a los titulares de las secretarías e institutos fue ajustar las planillas de trabajadores, mediante la identificación de “duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de los entes públicos; valorar la continuidad de las plazas que no cuenten con funciones claramente definidas; establecer evaluaciones de desempeño eficientes para los servidores públicos.
Los secretarios y directores de las secretarías y los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) recibieron las órdenes para disminuir el gasto en contratación de personal eventual, restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por honorarios; reducir el presupuesto de viáticos, convenciones, gastos de representación y comunicación social.
El decreto advierte que habrá sanciones contra “los servidores públicos que no realicen las acciones y no lleven a cabo las medidas que establece el presente Decreto, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y demás que les sean aplicables”.
De acuerdo al decreto LXIII-94, el 44 por ciento del Presupuesto de Egresos se gasta en sueldos, es decir, 20 mil 560 millones 697 mil pesos. Los trabajadores de base absorben 9 mil 11 millones 775 mil pesos; al rubro de remuneraciones adicionales y especiales se asignaron 4 mil 774 millones 660 mil pesos.
La administración estatal ejerce 46 mil 329 millones 478 mil pesos en 2017. El Poder Ejecutivo maneja 91.90 por ciento del dinero. El Legislativo trabaja con 232 millones 191 mil pesos y el Poder Judicial recibió 602 millones 283 mil pesos.
El decreto para la austeridad especifica que la meta de ahorro en gastos de operación es de 19 por ciento. Las medidas sustantivas son prohibir el gasto en impresión de libros y publicaciones que no tengan relación con la función sustantiva de los entes públicos; establecer “estaciones comunales de impresión y fotocopiado”; reducir el costo de “adquisición del servicio de fotocopiado, telefonía, vigilancia, mensajería y demás servicios generales”.
En el rubro de viajes y gastos por comisiones, menciona que se deberá incentivar la compartición de equipos de transporte;
procurar el uso de un sistema de mensajería intersecretarial con itinerarios por complejos gubernamentales y no por dependencias; restringir los viajes al extranjero a los plenamente justificados y a razón del costo beneficio y limitar los viáticos y pasajes a los estrictamente necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas.
Las arcas
La administración estatal ejerce 46 mil 329 millones 478 mil pesos en 2017. El Poder Ejecutivo maneja 91.90 por ciento del dinero. El Legislativo trabaja con 232 millones 191 mil pesos y el Poder Judicial recibió 602 millones 283 mil pesos.
