El Presidente norteamericano, Donald Trump, y su partido republicano celebran lo que para ellos es una importante victoria: que la Cámara de Representantes votara en favor del reemplazo de la ley de cuidados accesibles, mejor conocida como Obamacare.
Estados Unidos no cuenta con un verdadero sistema de salud pública basado en hospitales gubernamentales. La atención a la salud de los norteamericanos es
enteramente privada, basada en la compra de seguros privados, y con programas públicos que otorgan subsidios a muchos de los pobres, viejos y niños para adquirir seguros y ser atendidos de manera privada.
De acuerdo a la OCDE el sistema norteamericano destaca por ser el más costoso del planeta, se come el 16.9 por ciento de su producto interno. Paradójicamente ocupa el último lugar, el de menos eficiencia al comparar los sistemas de salud de los once países más desarrollados. Otros sistemas de salud, por ejemplo el de Inglaterra, basados en servicios públicos ofrecen mejores resultados empleando una proporción del Producto Interno inferior al 10 por ciento.
Los norteamericanos gastaron en salud, en 2015, una cifra astronómica, 9,450 dólares por persona; el promedio de los británicos fue de 4 mil dólares y en el total de países de la OCDE fue de 3,814 dólares. Una explicación es que en el sistema norteamericano dominan los intereses de las aseguradoras, el sistema hospitalario y las empresas farmacéuticas. Esto se entiende, en parte, por la tendencia a realizar estudios costosos incluso en casos sencillos para protegerse de demandas millonarias. También ocurre que las mismas medicinas son mucho más caras que en otros países. Y se desprestigia y persigue a los remedios alternativos.
La sexta parte de la economía norteamericana; la que tiene que ver con lo más delicado, la salud, está guiada por el interés de la ganancia monetaria y no por el interés de bienestar de los pacientes.
Sin alterar lo anterior en lo esencial, el Obamacare estableció regulaciones que de 2010 a 2016 limitaron el incremento de los costos y elevaron en alrededor de 20 millones el número de asegurados; lo que dejó fuera del sistema a “solo” 30 millones de personas, alrededor del 10 por ciento de la población. También obligó a las aseguradoras a no discriminar a nuevos solicitantes por enfermedades preexistentes y a ampliar coberturas que incluyeran servicios elementales como traslado en ambulancia, cuidados preventivos, maternidad y demás. Todo lo anterior hizo que se elevaran los costos para la población joven, sana, con mejores condiciones de vida y consumo y, en general, de bajo riesgo. Lo que hizo impopular el cambio.
Fueron sus enemigos los que nombraron Obamacare a la ley de cuidados accesibles con el objetivo de desprestigiarla. El nombre se popularizó al mismo tiempo que sus beneficios se hacían evidentes. Pero eso mismo acentuó el propósito de los republicanos de destruirla.
Ahora dieron el primer paso con 216 votos a favor de una nueva ley de salud y 212 en contra. Ningún demócrata voto a favor del cambio y se les unieron 20 republicanos. Ahora la nueva propuesta de ley tendrá que ser analizada por el senado donde requiere 51 votos para ser aprobada y hay un total de 52 republicanos.
Eso no quiere decir que será aceptada en automático; por lo contrario la incertidumbre es alta.
Al término de los primeros 100 días de la nueva administración, Trump y los republicanos están necesitados de mostrar algunas victorias. Lanzaron una guía de reforma fiscal muy incompleta, enviaron al senado una carta de objetivos para la renegociación del TLCAN poco esclarecedora y presentan una reforma de salud apresurada que, en contra de la tradición, no fue sujeta a ninguna discusión pública y de hecho los mismos representantes republicanos no tuvieron tiempo de leerla. Tampoco esperaron la evaluación de su impacto por la oficina de estudios presupuestales del Congreso.
Pero ahora que la propuesta está a la vista será seriamente examinada. Lo primero que se descubre es que le reduce más de 300 mil millones de dólares en impuestos al uno por ciento más rico de la población; rebaja en unos 800 mil millones de dólares la atención en salud a los más pobres (medicare) y deja a la voluntad de los estados si las compañías de seguros podrán cobrar a su antojo por condiciones preexistentes.
La nueva ley favorece a la gente joven y saludable; pero es un duro golpe para alrededor de 30 por ciento de la población norteamericana que tiene enfermedades preexistentes, para los viejos que son por definición menos saludables, y para los pobres. Lo que está en juego es la solidaridad de los más saludables, y en mejores condiciones económicas, con los menos favorecidos. De hecho todo sistema de aseguramiento se basa en la compensación de costos entre los de más y los de menos riesgo e ingresos y, por supuesto, entre los tuvieron la buena suerte de no enfermarse o accidentarse y los que sí sufrieron. Al deteriorar la solidaridad generacional, económica y social los republicanos favorecen a los menos.
Con la ley bajo escrutinio los legisladores serán sujetos a múltiples presiones y existe la posibilidad de que también en el caso del senado algunos republicanos no apoyen la propuesta. Bastaría que un par de republicanos vote en contra y ningún demócrata lo haga a favor, para impedir su paso. La propuesta tendrá cambios importantes en el senado que obligarán a regresarla a la Cámara de representantes. Así que nada está decidido todavía.
Desde un sector minoritario del partido demócrata están los que, como Bernie Sanders, proponen un sistema de salud público de cobertura universal y que pudiera reducir costos al mismo nivel de los otros países desarrollados. Pero esta es, de momento, una utopía.
Lo que propone Trump va directamente en contra de lo que prometió y afecta negativamente a la población que mayormente votó por el: los blancos pobres. Trump ha resultado ser un falso populista; se revela como campeón del capitalismo salvaje.
