CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe determinar si en la investigación de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, de agosto de 2010, hubo violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los magistrados de la segunda sala resolvieron el amparo presentado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien defiende a familiares de las víctimas de la matanza. La CNDH cuenta con la capacidad técnica y legal para analizar la indagatoria de la Procuraduría General de la República, con base en los primeros datos recabados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas
En agosto de 2016, la Corte ordenó a la PGR entregar copias del expediente y de las averiguaciones previas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas. La Primera Sala reconoció, por unanimidad, el derecho de acceso a la información pública de las señoras Bertila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegeño Alvarado, madre y hermana, respectivamente, de Carlos Alberto Osorio y Manuel Antonio, quienes fueron encontrados en territorio tamaulipeco.
A pesar de la sentencia de la SCJN, la Procuraduría federal no ha entregado ningún documento a las familiares de los asesinados originarios de El Salvador.
Berpila Parada y Alma Realegeño reclamaron violaciones por fragmentación de casos, negación de información, negación de copias del expediente, la falta de reconocimiento de sus derechos como víctimas, los malos procedimientos forenses, la falta de atención y reparación han caracterizado estos terribles acontecimientos.
“La CNDH sí está obligada a fijar una postura cuando tenga conocimiento de delitos graves y, por ende, defina si procede o no la reserva cuando le sea solicitada información sobre investigaciones relacionadas con violaciones graves a los derechos humanos”. En caso de que niegue los delitos graves, la organización civil podría ampararse.
