MONTERREY, Nuevo León.- La Iniciativa Mérida apoya también la mejora de los centros penitenciarios de Tamaulipas. La Embajada de Estados Unidos trabaja en conjunto con el gobierno de Tamaulipas para acreditar al Centro de Ejecuciones de Reynosa como la primera prisión segura en esta entidad, y lograr el aval de la Asociación Americana de Prisiones (ACA, por su sigas en inglés) dijo el Director de la Iniciativa Mérida de la Embajada de los Estados Unidos, Tobin Bradley.
Para lograr la acreditación de seguridad se deben realizar por parte del gobierno de Tamaulipas inversiones para capacitar al personal; mejorar la infraestructura y el equipamiento de seguridad, proveer las necesidades básicas y la atención del personal, y tratar justamente a los internos, impidiendo el control de grupos.
“Trabajamos con las cárceles que tienen voluntad política. No vamos a trabajar con los penales que no quieren tomar control sobre su seguridad”, dijo tras ser cuestionado al término de su exposición sobre los logros de la Iniciativa Mérida en México durante su exposición en el Segundo Encuentro de Periodistas que organizó la Red de Periodistas del Noreste y el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey.
“En las entidades federativas cuya totalidad de centros está acreditada por ACA, la mejoría de la seguridad dentro de las cárceles para tener un efecto positivo en la cifra total de delitos, particularmente los que se relacionan con actividades criminales al interior de los centros penitenciarios: homicidios, extorsión y secuestro”, indicó Bradley.
El apoyo a centros penitenciarios de México por parte de la iniciativa Mérida abarca la asistencia técnica y desarrollo de capacidades, equipamiento para apoyar las reformas al sistema carcelario y esas inversiones las tienen que pagar los gobierno y la ACA solamente califica y supervisa, mientras que la Iniciativa Mérida solamente paga el costo de la acreditación.
La acreditación requiere de cumplir 138 estándares los que deben acordarse en siete rubros que son Seguridad, Protección, Orden, Cuidado, Programa y Actividades, Justicia y Administración y Gestión, y cada uno de estos con metas y resultados medibles.
Actualmente en el norte del país, solamente en los estados de Chihuahua y Coahuila hay prisiones certificadas, entre las 37 estatales que en el ámbito nacional han logrado las mejoras de metodología, personal, equipo, justicia y reclusión que se requieren para lograr la certificación, la cual se traduce en operatividad y paz pública. La tercera sería la de Reynosa.
Estos rubros según AC son: 1) Seguridad –proveer un ambiente seguro; 2) Protección – proteger contra daños; 3) Orden – mantener un ambiente ordenado; 4) Cuidado – proveer las necesidades básicas y atención personal; 5) Programa y Actividades – ayudar a los internos a reintegrarse exitosamente a la comunidad; 6) Justicia – tratar a los internos de forma justa y con respeto de sus derechos legales; 7) Administración y Gestión- administrar y
manejar los centros de forma profesional y responsable. La acreditación inicial de una prisión tiene una vigencia de tres años.
El análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los centros de Ejecución de Sanciones en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Victoria, no garantizan la integridad de los internos, ni una estancia digna, no ofrecen garantías de reinserción social al interno; y no tienen condiciones de gobernabilidad.
La ingobernabilidad de estos centros, dice la CNDH, proviene de que no se difunden los reglamentos, no hay suficiente personal de custodia ni equipo electrónico de vigilancia, hay una seria deficiencia en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos, quienes mediante sobornos logran ejercer funciones de autoridad y realizar actividades ilícitas.
El Cedes de Reynosa, según la CNDH, en 2016 presentaba sobrepoblación, hacinamiento, falta de separación entre hombres y mujeres, carencias en servicios de salud, falta de supervisión del interior por parte del director, insuficiencia en programas para prevenir hechos violentos y violaciones a los derechos humanos.
Tampoco tenía el Cedes de Reynosa, manuales de procedmientos, reglamentos y mucho menos difusión de estos, una notoria insuficiencia de personal de
custodia y seguridad y se detectaron grupos de internos con poder que gobernaban el interior del reclusorio imponiendo incluso condiciones a las autoridades.
“La acreditación inicial de una prisión tiene una vigencia de tres años. El centro acreditado debe entregar un reporte anual a ACA que debe incluir cualquier incidente o cambio significativo; además de la realización de una auditoría interna que demuestre el cumplimiento de los estándares”, señala.
Bradley aseguró que los 10 centros penitenciarios estatales en México que han obtenido la mejor puntuación durante las revisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya fueron acreditados por ACA, mientras que los 300 con más baja calificación, entre los que se encuentran los de Tamaulipas, no están certificados.
Para ser certificado, además de las mejoras, un centro penitenciario debe proporcionar evidencias del cumplimiento de los estándares durante el periodo de acreditación de tres años. Según la CNDH en los penales de Tamaulipas existen autogobierno o manipulación de grupos de reclusos que extorsionan y dominan a los demás.
Con la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos pretende certificar a 301 prisiones mexicanas en los próximos años, y Reynosa es la primera del estado que está incluida en este proceso.
“La acreditación significa que un centro cumple con los estándares mínimos aceptables por la industria en su práctica y en sus políticas. Significa el inicio de un largo recorrido hacia las mejores prácticas, y no el final de dicho recorrido”, afirma ACA.
Desde 2009, de conformidad con la Iniciativa Mérida el gobierno de los Estados Unidos ha entregado aproximadamente 25 millones de dólares para el desarrollo de capacidades, asistencia técnica y equipamiento en apoyo a la reforma penitenciaria en México, dijo Tobin Bradley.
“La acreditación es el camino para una mejor gestión, y mayor seguridad de los centros penitenciarios. Se ha observado que las fugas e incidentes violentos serios han disminuido drásticamente o han desaparecido del todo en los centros acreditados; los internos se han beneficiado con acceso a una mejor alimentación y a programas de atención médica y pastoral.
Aunque la acreditación no es una panacea para los retos del sistema carcelario, el sistema de prisiones federales y estados como Guanajuato y Chihuahua han demostrado que el compromiso para la certificación conduce a grandes mejoras de seguridad en las cárceles y más allá de las mismas contribuyendo al fortalecimiento del estado de derecho”.
LA TAREA:
Para lograr la acreditación, al Gobierno de Tamaulipas le toca:
Hacer inversiones para capacitar al personal
-Mejorar la infraestructura y el equipamiento de seguridad
Proveer las necesidades básicas y la atención del personas
Y tratar justamente a los internos, impidiendo el control de grupos,
dijo el Director de la Iniciativa Mérida de la Embajada de los Estados Unidos, Tobin Bradley.
